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Vivir de simulaciones

Opinión-colorUno de los problemas políticos más persistentes en México es que solemos ser muy buenos en las formas y muy deficientes en los contenidos. En otras palabras, nos encanta simular. Todos conocemos el ángulo más conocido de este asunto. Tenemos una Constitución que durante décadas fue reconocida como una de las más progresistas del mundo. Y cada problema importante que se percibía fue incorporado a la Carta Magna, presuntamente para garantizar su cumplimiento.

Somos la nación del salario remunerador. La nación en la que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, al saneamiento de agua y a una vivienda digna. La nación en la que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura, a la práctica del deporte y a un largo etcétera, la nación que tiene el código electoral con más candados del mundo. La que tiene la legislación más estricta para garantizar la equidad en los procesos electorales y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Ahora, además, nos encaminamos a ser la nación con uno de los más fuertes sistemas anticorrupción. Las leyes recientemente aprobadas por los diputados incluyen una fiscalía independiente, más atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación y un mecanismo transparente de rendición de cuentas.El problema es que todas estas conquistas sociales y todas estas leyes propias de una nación democrática suelen quedarse en el papel. Hay legislación democrática con contenido social, pero suele aplicarse sólo parcialmente (y, a veces, de manera discrecional).

Las generaciones jóvenes suelen reclamar a las antiguas: “Sí, ustedes cambiaron el país: pasamos de tener un sistema autoritario a una democracia pitera”. No les falta razón.Veamos el caso de las reformas anticorrupción. De entrada hay muy poco que objetarles. Falta, sí, que pasen por el tamiz de las legislaturas locales. No es asunto menor, pues uno de los puntos centrales es que todos los recursos que pasen por la Federación sean auditados, y eso incluye a las participaciones estatales con las que los gobernadores han hecho su agosto.

Algunos gobernadores —los más obvios de entre ellos— presionarán para cambiar algunos detalles, en aras del federalismo (entendido como virreinato de los ejecutivos estatales), pero es de esperarse que sí será aprobada por 17 congresos locales para que la norma sea constitucional. ¿Entonces?Entonces vendrá lo que siempre es terriblemente difícil en México: la instrumentación de la norma.

Veamos el otro ejemplo, que es el del Instituto Nacional Electoral, puesto en crisis de una manera absurda, en la que se conjugan dos distintos tipos de déficit democrático.

El primero es el de quienes pretenden pasarse de vivos, torciendo el espíritu de la norma. Aceptan formalmente las reglas, pero juegan al filo de la navaja, estirando lo más posible la interpretación, convencidos de que, al final de la partida, saldrán impunes.

Es el caso del mal llamado Partido Verde Ecologista de México, que se ha pasado por el arco del triunfo todo llamado, amonestación y veto para hacer precampaña de manera ilegal. Su actitud ha demostrado que de poco sirven los múltiples y hasta exagerados candados legales si la ley no puede imponerse a uno de sus actores.

El segundo es de quienes hacen de la impugnación y de la deslegitimación de instituciones y personas una forma de hacer política. Es el caso evidente de Morena, que ya acusó al INE en pleno de estar al servicio de otros partidos. Con ello, empieza a preparar su estrategia postelectoral que, lo sabemos, contará con el sello inconfundible de su caudillo. Al grito de “¡Fuimos robados!” esconderá las razones detrás de sus resultados electorales y sembrará el camino para la próxima impugnación, que tiene fecha de julio de 2018.Lo peor del caso es que, en este sainete, quien sale más raspada es la autoridad electoral y quienes salen ganadores son precisamente quienes han roto con la legalidad.

Erick Zúñiga

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