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Vicios del poder y TV

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

Hace poco leí que las finanzas de TV Azteca están en crisis. Hay muchas razones para que este sistema se encuentre en esta coyuntura producto de los aprietos que atraviesa la televisión abierta en varios países del mundo y resultado también de una constante pérdida de valor de su imagen y credibilidad entre televidentes y empresarios del ramo, similar, por cierto, a la que padece Televisa.

Los tuits del 7 de junio en el que se vieron envueltos personajes ligados a la empresa o a agencias promotoras del partido verde, además de poner bajo la lupa a una serie de negocios paralelos a las concesiones, pusieron de relieve la noción que tiene el director de TV Azteca de la equidad electoral y de la libertad de expresión: “Ahora resulta que el @INEMexico define quién y cómo se puede expresar. ¿Cómo llegamos a estar tan jodidos?”Sobre todo este escándalo, sobre la constante violación del Partido Verde a las leyes electorales y en particular a lo que pasó el 7 de junio por twitter, ya hay mucha información y polémica en varios medios, no creo que tenga algo revelador que aportar.

Sin embargo, tengo una opinión que me parece ha sido compartida: el que un partido desafíe la ley electoral, ayudado por agencias vinculadas a una televisora en crisis, que lo haga además con alevosía y ventaja en el día de mayor veda electoral demuestra un perfil cultural que por desgracia todavía se encuentra perversamente arraigado en la relación entre medios y políticos. La imagen devuelta por ese espejo refleja el sentido del oportunismo, del agandalle legaloide convertido en un deporte rudo que se practica en México: el ganador será el que llegue más lejos torciendo reglamentos y acuerdos sociales mínimos sin la intervención de abogados y si es necesario soltar a la jauría de abogántseres o de trolls, será otro recurso contemplado en modelos de negocios desesperados y desafiantes.

El mexicano gandalla, que hay en todos los estratos y niveles, tiene representantes empresariales y políticos. No es posible crecer sanamente así. Se generan siniestros círculos viciosos en los que incluso los clientes son potenciales víctimas del agandalle. No de otra manera se explica que algunos tuiteros se hayan sentido desconcertados por el manejo que se le pretendía dar a su imagen a cambio de un pago, como fue el caso de Jean Duverger, quien dijo en un tuit recopilado por Jenaro Villamil en un artículo de Proceso: “A mí también me lo ofrecieron en diversas ocasiones y por diversos medios, a lo cual siempre decliné la invitación. Una cosa es vender ropa, pastelitos, papas, teléfonos, etcétera. Otra cosa muy diferente es vender a tu país”.

La televisión abierta en México es un negocio que creció con todos los vicios del poder. A estas alturas muchas estructuras rígidas sencillamente no pueden cambiar. La crisis llegó hasta en los géneros de producción que tradicionalmente resultaban los más taquilleros como las telenovelas que, me entero también por internet, ya no generan las ganancias de los tiempos hegemónicos. Hoy éstas compiten con una creciente oferta de producciones ingeniosas hechas a bajo costo o con mucha inversión y distribuidas en otros medios y por otros agentes de gestión de contenido para los que las televisoras no estaban preparados. Pero la práctica de este deporte rudo: sobrevivir sin cambiar, permite anticipar un derrumbe estrepitoso, aunque todavía se den fenómenos no tan aislados como los de hordas de zombies enfurecidos reclamando que no les hayan dado su televisión a cambio de la venta de sus votos para el PRI.

Por lo que respecta a los tucanes, reconozcamos que se aplican, prueba de ello es la legisladora bautizada como Lady Meme, que se sacó de la chistera una ley que pretendía regular el contenido de estos cartones digitales y desató en su contra un alud de memes inimaginables.

Justicia igualitaria

Todas las personas tenemos derecho a acudir a un tribunal para solicitar que se nos imparta justicia en un conflicto. Éste es el reconocimiento formal del derecho de acceso a la justicia y es igual para todas las personas adultas; sin embargo, cuando este derecho pretende ser ejercido por personas con distintas características y circunstancias, los resultados pueden variar; tal es el caso de las mujeres, particularmente las que se encuentran en condiciones de restricción, o exclusión, como las indígenas y/o con discapacidad.

En un sentido formal, las mujeres gozan de este derecho, sin embargo, las circunstancias de contexto, la cultura y la situación en la que viven propicia que no todas puedan ejercerlo. Es decir, el acceso de las mujeres a la justicia, se ve afectado por las condiciones de desigualdad que enfrentan (recursos económicos, educativos, acceso a oportunidades de desarrollo, etc.); así como de aquellas que derivan de su condición de género, como la violencia.

Información disponible señala que de cada diez delitos sexuales, ocho ocurren contra mujeres, que en 2013, de los homicidios registrados en mujeres el 29.4% ocurrieron en una vivienda particular, 37.9% en la vía pública y el resto en algún otro lugar (INEGI, 2015). De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) (Inmujeres e INEGI, 2011), al 43.1% las han encerrado, amenazado con correrlas de la casa, quitarles a sus hijos, destruir sus cosas o las del hogar, y/o intimado con algún arma o con matarla o matarse; a 14% su pareja las ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma. Esta situación puede llevar a las mujeres a denunciar o acudir a cualquiera de las instancias del sistema judicial; sin embargo sólo el 13.6% se acercaron a una autoridad a pedir ayuda. De ellas, el 32.6% lo hizo a un ministerio público para levantar una denuncia, otra proporción importante recurrió al DIF (32%), y en menor medida a otras autoridades como son la policía (20%), la presidencia municipal o delegación (15.4%) y a los institutos (estatales o municipales) de la mujer (9%).

Entendiendo la igualdad

Las mujeres que viven diferentes formas de violencia merecen recibir una justicia pronta y expedita, libre de estereotipos, lo cual nos obliga atender entre otros, los siguientes retos: homologar los conceptos, la tipificación y la técnica jurídica para sancionar los delitos de género; fortalecer las capacidades de las y los agentes del ministerio público, peritos, jueces, policías e investigadores; otorgarles las herramientas para mejorar el conocimiento de la cultura y sistema normativo de las diversas comunidades indígenas así como garantizar la participación de intérpretes y defensores que conozcan la lengua, forma de vida y los valores de las mujeres indígenas.

Para hablar de un cabal acceso de las mujeres a la justicia, es necesario juzgar con perspectiva de género; al hacerlo se da cumplimiento al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los tratados suscritos por el Estado mexicano en materia de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como al “derecho – principio” a la igualdad tomando en cuenta las tres dimensiones del concepto:Igualdad formal. Da el mismo reconocimiento a todas las personas como sujetos de derechos en las normas.

Igualdad material. Formula que las condiciones económico – sociales de las personas no sean un obstáculo para ejercer sus derechos. Propone la implementación de medidas temporales para acelerar la participación de las mujeres en situación de vulnerabilidad en distintos ámbitos como el político.

Igualdad estructural. Busca garantizar que las prácticas socio culturales establecidas en la estructura social no excluyan a las mujeres del goce y ejercicio pleno de sus derechos aun cuando se les garantice la igualdad formal y la material.

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