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Vaya absurdo

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La pregunta es simple: ¿hay leyes, reglamentos y disposiciones para combatir la corrupción, conocer los niveles de ocultamiento de los malos manejos en la administración pública? Es obvio que están plasmados en la propia Constitución y que es ociosa la expedición de nuevas regulaciones que sólo contribuyen a la opacidad, a darle más armas a quienes se dedican a saltar toda norma legal.

Recuérdese que vox populi, vox Dei o sea la voz del pueblo es la voz de Dios. El que hace la ley, hace la trampa. Viene a cuento por la declaratoria de la Asamblea de que en su gestión de tres años modificaron, emitieron, promulgaron nada menos que 460 nuevas restricciones legales, mientras los miembros del Congreso Nacional dejaron pendientes casi tres mil iniciativas más.

Esto es, generarán textos que, puede afirmarse, ninguno de ellos conoce como se vio cuando Pablo Gómez, viejo comunista, eterno legislador de izquierda, explicó su voto favorable a una iniciativa de partidos opuestos al suyo, expresando que “ni siquiera la leí”. Aprobó, pues, como dice el pueblo “a lo güey”.

Nadie puede poner en duda de que existen recursos de todo tipo para conocer el más que evidente enriquecimiento del señor historiador, protegido de Felipe Calderón, que elevó el precio de la Estela de Luz, de los 230 millones de pesos originales, a más de mil 600 millones. Además puede saberse en manos de quien quedó la diferencia, pero obligaría a meterle mano a un ex presidente que ahora además de su propia fundación, cuenta con recursos sobrados para recorrer el mundo.

Similar caso de la Biblioteca Vasconcelos, a la que suman las cabañitas de Los Pinos, la recreación del Rancho San Cristóbal, la construcción del Centro Fox, del Centro Recreativo adjunto con lago incluido y las casas de los hijos adoptados, que a lo que se sabe, sin oficio ni beneficio viven muy bien y muy tranquilos.

Y de allí hacia atrás a todos los niveles políticos, medio en el que surgen fortunas nunca explicadas porque nadie les pide que las expliquen gracias a la existencia de una Secretaría que, como se llame es lo de menos, aplica correctivos no muy severos, por cierto, más apegados al castigo político que a la represión delincuencial.

Volvemos a lo mismo. Hace un par de años y con motivo de la expulsión creciente de niños menores de diez años desde la frontera norte, los legisladores con gran preocupación emitieron leyes para proteger a los infantes. A los que nuevamente y con las respectivas reglas, esta semana se les eleva la edad para trabajar. Como si el hambre y las necesidades familiares tuvieran algo que ver con la miope visión de sus protectores.

Lo relativo a los niños está plasmado en la Constitución, a la que han convertido en un simpático libro de consultas para analistas políticos que creen exorcizar a los demonios con la simple mención de su articulado. Que a nadie importa porque los abogados se atienen a los reglamentos adjuntos, que son más flexibles y se pueden retorcer sobre lo que diga la Carta Magna.

Echando a vuelo las campanas se lanzó la nueva legislación que motivaa la transparencia. Que se acatará pero no se cumplirá. La Constitución tiene candados para quienes desean seguir en la opacidad. Veamos: nunca se sabrá el costo real de los segundos pisos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como tampoco sabremos el gasto del gobierno capitalino actual, cuyo titular Miguel Ángel Mancera Espinosa (MAME) en copia al carbón de sus antecesores perredistas, prohíbe informar sobre su gasto en obra pública, nada menos que treinta años. Sí, cinco sexenios.

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