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Urge un cambio de estrategia

Opinión-colorErick Zúñiga

Hace unos días, el presidente Enrique Peña Nieto habló de los resultados conseguidos a través de la Estrategia Nacional de Seguridad; de acuerdo con los datos presentados, entre 2012 y 2014, los homicidios dolosos bajaron 28 por ciento, las extorsiones 12 y el robo con violencia 18 por ciento. Asimismo, el Ejecutivo federal destacó que 92 de los 122 delincuentes más peligrosos del país están detenidos y enfrentan un proceso penal.

Las cifras oficiales, sin duda, hablan del avance que en seguridad se tiene; sin embargo, en estos momentos que vive México, los argumentos parecen no ir a la par de la realidad, por lo que se pasa con insólita facilidad a la desconfianza y de ahí a la descalificación sobre el trabajo del gobierno.

La desconfianza sobre la mejora en el tema de seguridad puede deberse a dos aspectos: la percepción de la gente en su día a día y las cifras que sobre diversos aspectos de seguridad se muestran en algunos estudios. Veamos.

Muchos mexicanos viven entre la zozobra de las balas y la violencia, las desapariciones o muertes de sus seres queridos, las amenazas y extorsiones del crimen organizado; otros más están en el hartazgo de caminar con miedo por la calle, de vivir encerrados por temor a ser víctimas de un robo o alguna otra agresión por parte de los delincuentes; la gran mayoría padece la falta de empleo, servicios de educación y de salud, no tienen oportunidades de acceder a lo mínimo indispensable para vivir junto con sus familias en paz.

Recientemente, el Institute for Economics & Peace (IEP) publicó el Índice de Paz México 2015 (MPI), que además de medir los niveles de paz en el país, calcula el impacto que la inseguridad tiene sobre la economía. De acuerdo con el estudio, Hidalgo fue la entidad mejor evaluada, mientras que Guerrero recibió la calificación más baja; sin embargo, la información que causó un fuerte impacto en la opinión pública fue que la violencia le cuesta al país 17 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En la investigación se hace hincapié que aunque hay indicadores de seguridad positivos existe una enorme brecha entre los avances en materia de incidencia de delitos de alto impacto (principalmente la violencia del crimen organizado) y la ineficacia que persistentemente muestran las instituciones de procuración e impartición de justicia.

En el balance a enero de este año, cuando la administración de Peña Nieto cumplió 26 meses de gobierno, los homicidios y las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado contabilizaron un total de 20 mil 566, un promedio de 26 por día. En lo que respecta al secuestro, en el periodo mencionado, se sumaron tres mil 310 casos, el equivalente a cuatro por día aproximadamente.

En el caso de las extorsiones, la suma total del periodo asciende a 14 mil 918, un promedio diario de 19 en todo el país. Si bien han bajado los índices, como lo señalan las autoridades, todavía se denota una alarmante incidencia de delitos como se ve en las cifras oficiales, y ello sin tomar en cuenta la cifra negra.

Uno de los ámbitos principales que debe cumplir la acción gubernamental es la de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Si no se puede garantizar la seguridad de la sociedad, el gobierno manifiesta su falta de preparación y de visión, se muestra vulnerable y evidencia el riesgo en que pone a la población en general.

Si continuamos con mínimos avances, quizás es momento de replantearse que para cambiar verdaderamente la situación del país, se debe emprender un viraje radical en la estrategia de seguridad.

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