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Una reforma más

Opinión-colorErick Zúñiga

Está por promulgarse una reforma constitucional que bien podría ser clasificada como la otra reforma anticorrupción y que, quizá por su alto contenido técnico en materia de finanzas públicas sub-nacionales, no hemos ponderado adecuadamente a pesar de su entidad superlativa en el combate al flagelo.

Dicha reforma se dirigirá a prevenir y sancionar enormes desajustes financieros en estados y municipios. Estas convulsiones por empréstitos onerosos podrían en su momento poner en riesgo también las finanzas públicas federales y hasta la integridad y viabilidad misma de todo el sistema financiero mexicano.

Se modificarán 6 artículos constitucionales para establecer un nuevo sistema de control de las finanzas públicas de esos órdenes de gobierno, en especial el sector de deuda pública, sometiéndolo a un régimen federalizado y cuasi-parlamentario.

Para empezar, la reforma creará un nuevo principio constitucional de salvaguarda e integridad financiera, al disponer que el Estado mexicano debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas en particular y del sistema financiero en general.

En segundo lugar, el Congreso tendrá facultades para expedir leyes para que los estados y municipios puedan incurrir en endeudamiento. Sí, aunque Usted no lo crea, esta norma no existía y por ello las deudas estratosféricas sobre las que todos hemos leído escandalizados.

Además, el Congreso podrá imponer límites y modalidades bajo los que estados y municipios podrán afectar sus respectivas participaciones (derivadas del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal) para solventar esas obligaciones de pago.

Dichas deudas y obligaciones deberán inscribirse oportuna y transparentemente en un registro público único, seguramente a cargo de la Secretaría de Hacienda del gobierno federal; también se establecerá un sistema de alertas sobre el manejo de esos empréstitos y sanciones aplicables, otrora inexistentes, a los servidores públicos que infrinjan las nuevas reglas.

Pero aún hay más: la reforma creará una comisión bicameral que, en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que dichos estados pretendan suscribir con el gobierno federal para obtener garantías. Al conocer dicha estrategia, la comisión emitirá observaciones, no vinculantes, dentro de los siguientes 15 días hábiles.

Por otro lado, el Congreso podrá emitir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, para alcanzar un manejo sostenible de las finanzas públicas federales, estatales, municipales y de la ciudad de México. Me parece que se avecina una ley general en la materia, mecanismo anti federalista tan socorrido últimamente.

Adicionalmente, la reforma otorgará nuevas atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, que podrá fiscalizar la deuda y las garantías que en su caso otorgue el gobierno federal respecto de empréstitos de los estados y municipios y, además, podrá fiscalizar directamente el destino y ejercicio de los recursos correspondientes a esas deudas estatales y municipales.

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