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Un flagelo sin control

 

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

Antes de atisbar una respuesta conviene, primero, esclarecer la norma constitucional vigente en materia de corrupción. Segundo, un comentario más amplio de la reforma que crearía el órgano de combate al flagelo ya aprobada en el Senado y en espera de dictamen en San Lázaro. Tercero, comentar la iniciativa presidencial de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR), que regula la fiscalía especializada en corrupción.

Veamos. Primero, la palabra corrupción se menciona solo dos veces en el texto vigente de nuestra carta magna. Ambas menciones ingresaron al texto constitucional apenas este mismo año, con la reforma político electoral, promulgada en febrero pasado. La primera mención se puede ver en el nuevo texto del artículo 102. El dispositivo ordena que la nueva Fiscalía General de la República deberá contar con una fiscalía de combate a la corrupción, cuyo titular deberá ser nombrado por el Fiscal General, con ratificación del Senado.

La otra referencia se puede ver en el artículo décimo octavo transitorio del decreto respectivo, que dispone que en el plazo de 30 días a partir de su entrada en vigor, el Procurador General de la República deberá expedir el acuerdo de creación de la fiscalía contra la corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado en los términos referidos.

Segundo, ahora bien, en diciembre pasado el Senado aprobó una reforma constitucional que creó, en el artículo 113, un órgano responsable de combatir la corrupción como organismo público autónomo encabezado por un titular que será nombrado por dos tercios del Senado a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con un término de gestión de 7 años improrrogables.

El órgano estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que se deriven de los hechos de corrupción así calificados por la ley, cometidos por los servidores públicos federales, así como por cualquier persona física o moral involucrada o que se beneficie de los mismos; por la vía de atracción, conocerá también de aquellos hechos competencia de las entidades y los municipios. El órgano contará con un Consejo Consultivo conformado por el propio titular, tres ciudadanos nombrados por el Senado, un representante del Poder Ejecutivo Federal, un representante de la Auditoría Superior de la Federación y uno del IFAI.

En dicha reforma se ordena también que las entidades federativas deberán crear órganos similares, de titularidad unitaria, con 7 años de gestión y con competencia homóloga en sus respectivos territorios. Quizá lo más importante de esta modificación en proceso sea la creación del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, cuyas bases establecerán la coordinación necesaria entre el órgano nacional, las instancias de procuración de justicia, el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos equivalentes que deberán crear las entidades federativas.

Tercero, la iniciativa presidencial de la LOFGR, presentada el pasado día 23, no aborda mayormente las funciones o estructura de la fiscalía especializada pues le dedica apenas unos renglones y más bien parece que será una oficina ordinaria dependiente del Fiscal General…

Buen avance

Con la aprobación de los consejeros electorales, el INE cumplió con la encomienda legal de nombrar a  los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales, siendo ésta una de las nuevas facultades encomendadas a esta autoridad y de las primeras decisiones en donde cobra vida el carácter nacional de este instituto.

Los 126 consejeros de los 18 nuevos organismos públicos locales en materia electoral tienen características particulares de las cuales se procuró cuidar la experiencia técnica, la paridad de género y se privilegió una mayor formación académica de los seleccionados.

Ello deriva en que sean producto de su esfuerzo y no de la injerencia de gobiernos o intereses locales o federales. Una de las características más sobresalientes de los nuevos consejeros será la amplia representación de las mujeres.

Cabe anotar que hasta la fecha de aprobación de las y los consejeros de OPLES la representación femenina en los institutos electorales de las 18 entidades  representaba el 25 por ciento de todos los consejeros. La propuesta de la Comisión de Vinculación aprobada por mayoría implica que el 55.5 por ciento sean ahora mujeres, lo que contrasta con el hecho de que sólo 35 por ciento de los aspirantes registrados al inicio del procedimiento lo eran.

Además, de 10 de los 18 presidentes de los institutos en cuestión, es decir más de la mitad, serán mujeres. Lo anterior contrasta con la situación actual, en donde sólo cuatro presidentes, sólo un 22 por ciento lo son.

La trayectoria académica de los nuevos consejeros es mayor, en virtud de que el 60 por ciento cuenta con estudios de posgrado; es decir, el 43 por ciento de los aspirantes electos tiene grado de maestría y un 17 por ciento con título de doctorado. De igual manera, un 21 por ciento de los ciudadanos proviene del sector académico.

Los consejeros electorales que repiten en su cargo son 12, lo que representa sólo un nueve por ciento, mientras que son ocho los miembros del Servicio Profesional Electoral; es decir, sólo un seis por ciento; únicamente un consejero electo asume nuevamente el cargo de Consejero Presidente.

Generar confianza

Quiero destacar que miembros del sector privado, de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales también forman parte de los ciudadanos seleccionados, lo que imprime mayor pluralidad a los organismos y enriquece en gran medida la discusión y deliberación en estos órganos colegiados.

Uno de los propósitos primordiales de este proceso ha sido enviar un mensaje claro de transparencia y objetividad al conjunto de la sociedad, y que los trabajos del Instituto Nacional Electoral se rigen por la imparcialidad y el principio de máxima publicidad. Desde luego que en decisiones como éstas existen criterios subjetivos y procesamiento de consensos; sin embargo, éstos se hicieron cuidando siempre que la integración final de los consejos genere confianza a la sociedad.

Todos los aspirantes tuvieron garantizado el derecho a manifestar formalmente su inconformidad durante la totalidad del proceso y la Sala Superior resolvió lo conducente.

Como es natural en todo proceso de clasificación hay inconformidades, pero tengo la convicción de que los cauces previstos en la ley habrán de resolver los desacuerdos y privilegiar el diálogo;  el descalificar de antemano y sin fundamento va en contra de la reforma electoral y del desarrollo democrático en estas entidades.

Hago un reconocimiento a los ciudadanos que atendieron la convocatoria, a quienes con entusiasmo, profesionalismo y confianza en el procedimiento demostraron firmes convicciones y talente democrático, su empeño no fue menor, el esfuerzo de los aspirantes ha contribuido a construir una historia y una nueva etapa del federalismo electoral en México.

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