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Transparencia

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De: Prof. Monjardín

La Ley General de Transparencia contiene varias innovaciones que hay que celebrar, pero también asegurarnos que se reglamenten adecuada y oportunamente. Veamos hoy una que resulta imprescindible destacar por ser sin duda de avanzada.

La nueva norma estableció un capítulo denominado “De la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia”, en el que se establece un nuevo derecho ciudadano, digamos el derecho a la transparencia integral.

En virtud de esta novedad, los particulares podremos denunciar, ante los organismos garantes, la omisión de publicación de la información y documentos señalados como obligaciones de transparencia, en los sitios de internet de los sujetos obligados.

Así, los particulares podremos alertar al Instituto o Comisión de transparencia de nuestra localidad que tal o cual sujeto obligado omitió publicar la información que según la propia Ley General debería tener en su página.

Ésta es una medida de importancia superlativa, pues promueve como nunca antes la participación directa de la ciudadanía en el proceso, sin limitarla a la presentación de solicitudes de información, como anteriormente. Como es sabido, es de explorada ciencia social que los organismos de esta naturaleza que mejor funcionan en el mundo son aquellos que más y mejor comunicación y apertura tienen con la sociedad civil y sus organizaciones.

De este modo, la nueva ley general permitirá que los particulares que no encontremos la información debida en el portal de transparencia correspondiente podamos denunciarlo ante el organismo garante respectivo y, para mayor facilidad, la ley ordena que los propios sujetos obligados deberán poner a disposición del ciudadano los medios para presentar la denuncia.

Ésta será la secuela procesal: presentada y admitida la denuncia, el sujeto obligado deberá enviar al organismo garante respectivo un informe justificado respecto de los hechos o motivos de la denuncia, y los organismos garantes podrán realizar las verificaciones virtuales correspondientes, así como solicitar los informes complementarios al sujeto obligado para reunir mayores elementos de juicio para resolver la denuncia.

Desde la denuncia y hasta el fallo, el órgano garante cuenta con alrededor de 29 días y el sujeto obligado deberá acatar en un plazo de quince. Felizmente, la resolución será definitiva e inatacable para los sujetos obligados, pero impugnable en amparo para el particular. Se trata, efectivamente, de un procedimiento brevísimo, pero que hay que precisar y desarrollar en normas reglamentarias a la mayor brevedad, pues no puede residir exclusivamente en diez artículos de la ley.

Debo hacer justicia a la ley capitalina en la materia, que dispuso hace años  una norma similar, pero potenciada: cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto (local) no sólo el incumplimiento de obligaciones de publicar información, sino también cualquier otro hecho que pudiese constituir violación a la ley. La propia legislación de la CDMX remite expresamente a un procedimiento para atender ambos tipos de denuncia, que también será brevísimo (31 días, más o menos).

De cuidado

Los jornaleros huelguistas del Valle de San Quintín, en Baja California, han logrado con su lucha recordarnos las lamentables condiciones laborales que aún se viven en México, en ese México de injusticias donde parece no existir el Estado de Derecho. Una vez más en la historia del país, los más pobres, los más oprimidos, alzaron la voz, demostraron su valentía y su tenaz resistencia para manifestarse en contra del desamparo que viven por su condición de jornaleros agrícolas; dieron la batalla contra la supresión de la explotación capitalista.

La realidad es aplastante para los trabajadores de San Quintín y de millones de jornaleros en todo el país: salarios raquíticos, jornadas de trabajo sin límite y sin días de descanso, patrones que no pagan aguinaldos ni ninguna prestación legal, ni mucho menos cumplen con alguna reglamentación ambiental o de protección sanitaria de los trabajadores y sus familias, que en su mayoría llegan de estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla.

Resulta indignante que en México sigan siendo comunes las condiciones de trabajo semiesclavistas impuestas por el moderno capitalismo agrario; un capitalismo que se dice “moderno” pero busca a toda costa imponer a sus trabajadores condiciones de vida del siglo XIX, del siglo del porfiriato. Vivimos ahora bajo las formas modernas de la esclavitud.

Lo más lamentable es que a diferencia de los tiempos de la Revolución, ahora en el México actual contamos con una gran Constitución y leyes que defienden y garantizan los derechos de los trabajadores, pero que desafortunadamente son letra muerta para los patrones tramposos y las autoridades y gobiernos solapadores.

Pobres entre los pobres

En situación similar a los trabajadores agrícolas de San Quintín están 3.28 millones de jornaleros agrícolas, quienes sumados a sus familiares son más de 14 millones de personas, y aunque 100 pesos diarios en promedio, es más que el mínimo de la ley, al conocer las condiciones de salud, vivienda, educación, alimentación en las que viven estos jornaleros se entiende porque es mucho menos de lo que requieren para que sobrevivan ellos y sus familias. Son los mexicanos más pobres entre los pobres.

Si a todo lo anterior le sumamos que no todas las familias de jornaleros migrantes tienen un lugar donde vivir a su llegada, por lo que improvisan campamentos, pequeñas viviendas, sin acceso a agua potable, drenaje, mucho menos luz o gas. Esos lugares se convierten en focos de infecciones, hay desnutrición y hacinamiento.

Todo ello solo nos habla de cómo se ha echado a la basura más de dos siglos de conquistas obreras. Ahora resulta que pedir condiciones justas de trabajo es el nuevo crimen en México. Ahora resulta que los trece acuerdos alcanzados con las autoridades son una victoria, cuando deberían ser las condiciones mínimas para todos los trabajadores del país.

No estamos en contra del acuerdo, lo celebramos, pero no debemos perder de vista que solo se trata de un logro parcial y que falta mucho por hacer para en verdad mejorar las condiciones de explotación y abandono que han sufrido por años.

La puerta fue abierta por los jornaleros de San Quintín, pero no debe ser una lucha de unos cuantos ni de un solo sector. Los trabajadores mexicanos asalariados están perdiendo sus derechos laborales y sociales, se encuentran en una posición de total indefensión frente a los abusos de los empleadores, quienes actúan en forma inescrupulosa y hasta ilegal, sin que las autoridades responsables hagan nada.

De seguir por este camino, las conquistas, los derechos ganados por los trabajadores serán parte del testimonio histórico de México, en lugar de vivirlos y disfrutarlos día a día.

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