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Tolerar la corrupción

Opinión-colorErick Zúñiga

Una vez que se ha limpiado el camino legislativo para la creación del sistema anti-corrupción, gracias a la aprobación de la nueva ley de transparencia, cabe esperar que esta semana el Senado mexicano vote la última de las reformas pendientes antes de que ocurran las elecciones de medio término sexenal.

Y la ocasión es propicia para recordar a los miembros de la Cámara alta los riesgos que existen en este nuevo sistema. Riesgos que derivan del hecho mismo de que, como tal, el fenómeno de la corrupción goza de una longeva presencia en buena parte de los procesos políticos, económicos y sociales de nuestro tiempo.

Y por extraño que parezca, el rechazo a su presencia y su combate abierto es un asunto bastante reciente. No fue sino hasta la década de 1990 cuando por vez primera se planteó un programa de acción para atenderlo. El célebre programa “Manos Limpias”, lanzado en Italia durante 1994, marcó la pauta para el inicio de un debate global.

La discusión pública que se originó a partir de esa década resultó fructífera y produjo lo que hasta este momento constituye el principal avance en materia de combate a la corrupción. Se trata de las tres convenciones internacionales vigentes en la materia: la de la OCDE para combatir el cohecho, la del Sistema de las Naciones Unidas, y la de la Organización de Estados Americanos. México ha suscrito y ratificado las tres convenciones.

Ahora bien, la vigencia de las tres convenciones no ha impedido que el fenómeno se mantenga presente. Desde diversas perspectivas se ha puesto en tela de juicio si los elementos que conforman el paradigma contemporáneo del combate a la corrupción son los correctos.  La postura más clara al respecto es la sostenida por los profesores Persson, Rothstein y Teorell de Suecia.

De acuerdo a estos investigadores, el problema que afecta a las políticas y estrategias anti-corrupción es que parten de un supuesto equivocado que atribuye al individuo todos los factores que propician este tipo de actos.

Según lo revelado por la observación de estos académicos, la cuestión central no reside en determinar si los individuos están o no convencidos de involucrarse o siquiera tolerar la realización de actos de corrupción.

El problema se encuentra, más bien, en el carácter colectivo que terminan mostrando las acciones de tráfico de influencias, patrimonialismo o uso indebido de recursos. Tal y como relatan estos tres investigadores, la suerte que corrieron los individuos que decidieron denunciar y combatir la corrupción fue infinitamente peor que la de los funcionarios o empresarios denunciados.

Mientras que los segundos se vieron afectados en su imagen y debieron enfrentar juicios legales que no siempre terminaron en una sentencia condenatoria, los primeros fueron objeto de una estigmatización abierta, que casi siempre derivó en la pérdida de su empleo y en el aislamiento social.

De lo que resulta, entonces, que la estrategia social más exitosa se refiere a incurrir en actos de corrupción, y no a denunciarla e intentar erradicarla. Esto es así por el hecho de que, cuando menos en los países africanos estudiados, la corrupción es un fenómeno altamente tolerado por la sociedad, la cual espera verse beneficiada en algún momento por ella. De ahí que resulte necesario comenzar a replantear las bases para combatir la corrupción.

Es decir, que quizás sea el momento de dejar de pensar en acciones anticorrupción que afecten sólo a individuos e instituciones específicas, para comenzar a plantear medidas que alteren la fuerte tolerancia que parece existir en torno al fenómeno en nuestro país.

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