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Tiempo crítico

OpiniónErick Zúñiga 

Uno de los problemas más comunes que enfrenta todo gobernante es saber distinguir cuándo está gestándose una crisis y, entonces, saber actuar en consecuencia. Errores en el diagnóstico pueden llevar a errores en la ejecución.

Considero que no hay manera de negar que en México hay una crisis multifactorial que está afectando la situación objetiva del país en áreas clave, la percepción pública, la credibilidad del gobierno y los márgenes de maniobra presidenciales.

Por una parte, está la economía: caída en los precios internacionales del petróleo, que obliga a revisar toda la política presupuestal; contexto mundial de poco crecimiento que, en una economía abierta y jalada por las exportaciones, se traduce en una baja expectativa para el PIB y para la creación de empleos formales; persistencia de la pobreza como problema estructural; presiones cambiarias; productividad estancada. La inversión no se ha desplomado, pero está lejos de ser como para echar las campanas al vuelo. La única variable que funciona es la del control de la inflación.

Por otra parte, el tema de seguridad que, tras unos años de avances en los números, se ha visto severamente cuestionado tras una cadena de sucesos desgraciados, que tiene su cénit con la fuga del Chapo Guzmán. El problema, subrayo, es que se encadenaron varios casos de mucho impacto social y mediático —pensemos en Iguala y en Tlatlaya, antes del Altiplano—. Una golondrina no hace verano, pero cuando aparece una parvada, se pone uno a pensar. El pasado fin de semana, con la aparición de los cinco cadáveres en Narvarte, se añadió otro eslabón a la cadenita. Sobre este tema ronda, constante, el de la impunidad.

También tenemos el tema estrictamente político, en el que empieza a dibujarse un escenario postelectoral no precisamente favorable. Mientras que en el PRI y su aliado principal la apuesta está por la sana cercanía y el cerrar filas, la oposición está dividida, con una parte de ella que quiere leer —equivocadamente a mi juicio— los resultados electorales como castigo a una supuesta blandura ante el gobierno de Peña Nieto. No parece un clima propicio a nuevos acuerdos.

Finalmente, está la percepción sobre la corrupción y el conflicto de intereses que, si bien afecta a toda la clase política, tiende a pegar al gobierno federal más que proporcionalmente, y lo hace en su línea de flotación.

Esta combinación se traduce —y no puede ser de otra forma— en un malestar difuso y en una caída sensible en la aprobación y en las expectativas sociales respecto al gobierno. No es suficiente para hablar de una crisis mayor ni de ingobernabilidad, pero sí de que ha habido un empeoramiento en la mayoría de los indicadores que debería vigilar el gobierno: focos ámbar en todos lados. Tirándole a rojos.

Ante esta situación, hay dos opciones: o echar a andar un gabinete de crisis o aceptar que hay una crisis de gabinete y hacer los cambios conducentes.

En ambos casos vale revisar y redefinir las prioridades e incluso actuar sobre la ingeniería del gobierno.

Paso a ejemplificar. La suma de atribuciones para la Secretaría de Gobernación, que se instrumentó a principios de sexenio, se ha revelado como excesiva en términos de áreas de control. La supersecretaría, tal como está planteada, no puede sino generar zonas grises, por más esfuerzos que se hagan.

Reitero, hay dos opciones. O, con pocos cambios de personal, se reestructuran las funciones del gabinete para hacer una suerte de gabinete de crisis, o el gabinete entero entra en crisis. Entonces será responsabilidad del manejador hacer el cambio de pitcher en los varios partidos simultáneos que juega. Pero tendrá que hacerlo ni un lanzamiento antes, ni uno después.

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