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Testigo social

Opinión-colorERICK ZUÑIGA

Ahora que el surgimiento de una nueva ola de escándalos de corrupción ha mermado seriamente la confianza ciudadana en las instituciones públicas y privadas, parece pertinente retomar la discusión respecto a las opciones disponibles para que los ciudadanos incidamos en la forma en que se conducen los asuntos públicos.

En tal sentido, vale la pena retomar trabajos prácticos y de investigación en torno a herramientas que han mostrado su eficacia para moderar algunos de los más graves problemas de corrupción pública y privada. Entre algunas de las más destacables, se encuentra la figura del Testigo Social, mecanismo de control e incidencia ciudadana en las compras gubernamentales y en la asignación de contratos de obra pública.

Como tal, el Testigo Social constituye un avance singular, pues la posibilidad de que un ciudadano sea partícipe de todos los procedimientos que conforman las contrataciones públicas marca una diferencia absoluta respecto al pasado, en el que tales contrataciones constituían un ámbito de conocimiento público limitado. Era casi un espacio de secrecía y complicidad.

Al aparecer el Testigo Social a finales de la década de 1990 se abrió un amplio margen para que las opiniones ciudadanas pudieran incidir en las decisiones y en los procedimientos de adjudicación de contratos, cuyos montos pueden alcanzar los miles de millones de pesos. Así ha quedado documentado en las experiencias de instituciones nacionales como el Seguro Social y Petróleos Mexicanos.

No obstante estos avances, desde la perspectiva de algunos expertos —como Sergio Rivera y Ernesto Gómez, autores de un libro sobre la materia—, quedan aún retos de gran magnitud antes de poder considerar que las contrataciones públicas se encuentran plenamente ciudadanizadas y minimizados los riesgos de corrupción.

Esto es así, en primer lugar, por lo limitado que aún resulta la práctica del Testigo Social, frente al amplio universo de instituciones gubernamentales que realizan compras y celebran contratos con empresas nacionales y extranjeras.

En segundo lugar, está la cuestión de que las prácticas de gestión exitosa sean sistematizadas y difundidas a un público mayor que el de las comunidades de especialistas. No puede perderse de vista que  existe un vínculo preciso entre lo que muchas organizaciones de la sociedad civil realizan de forma cotidiana para incidir en la eficacia de las políticas públicas, y los efectos visibles y no visibles del ejercicio de los recursos presupuestales de los gobiernos.

Desde esta perspectiva, parece pertinente sugerir que los aprendizajes generados por el desarrollo del Testigo Social en el ámbito federal se difundan hacia las diversas redes organizativas que hay en estados y municipios, de forma que se aprovechen para potenciar y ampliar el impacto de otro tipo de intervenciones que se realizan desde la sociedad civil.

Así también, debe tenerse en cuenta que el Testigo Social muestra una naturaleza mixta, pues está el hecho de que, aunque se mantiene y define como una actividad desde y hacia los ciudadanos, es también parte del entramado institucional del sector público. Luego entonces, su utilización puede llegar a legitimar lo que ocurre con las contrataciones gubernamentales.

De ahí que haya que pensar en la conveniencia de que el Testigo Social evolucione y se busque su perfeccionamiento, de manera que no se diluya su potencial como un mecanismo de verdadera y efectiva participación social. En este sentido, lo pertinente es que los arreglos legales y técnicos que sustentan la práctica del Testigo Social se valoren a partir de una mayor incidencia en las decisiones generales de gasto y no sólo en los procedimientos individuales de compra o de asignación de obra.

 

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