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Sociedad y estadísticas

Opinión-colorErick Zúñiga

Una sociedad abierta implica como supuesto, la existencia de una cultura universal de la transparencia y la rendición de cuentas; es decir, se asume que el sector público, pero también la iniciativa privada y la sociedad civil, actúan con criterios de honestidad, lo que debería llevar a declarar siempre desde dónde y por qué se hacen las cosas.

Para una democracia, el sistema electoral es condición necesaria para su adecuado funcionamiento: sin un árbitro imparcial que cuente imparcialmente los votos y que garantice “piso parejo” para la competencia por los cargos de representación y gobierno, la democracia simplemente carecería de legitimidad y credibilidad.

Además, debe considerarse que el sistema electoral tiene vínculos indisolubles con otros ámbitos del espectro político, y uno de ellos es el de la opinión pública, por lo que su medición, explicación e interpretación resulta a todas luces una cuestión de interés público.En consecuencia, tanto los medios de comunicación, como las casas especializadas en estudios demoscópicos, cuando éstos están referidos a la opinión pública, deben ser considerados como “entidades de interés público”, aún y cuando su objetivo principal sea la de generar riqueza para sus dueños.

A pesar de que hay un debate en torno al impacto que puede tener o no la publicación de resultados de encuestas que dan ventaja o desventaja a determinados candidatos, en las preferencias e intención del voto de la ciudadanía, el hecho innegable es que son utilizadas por varios actores interesados, para tratar de incidir en el estado de la opinión pública respecto de temas o respecto de personajes en específico.

Desde esta perspectiva las casas encuestadoras, en su alianza y sociedad mercantil con los medios de comunicación, se han convertido en factores insustituibles en los procesos electorales, y en general, en el funcionamiento de la democracia, en tanto que pueden contribuir enormemente a la medición de las evaluaciones ciudadanas respecto del ejercicio de las instituciones del Estado.Contar con un sistema confiable de empresas dedicadas al diseño y levantamiento de encuestas constituye un eje fundamental para abonar a la credibilidad de la democracia; más aún en un contexto de descrédito generalizado de los políticos y los partidos en que militan, así como del entramado institucional responsable de cumplir y hacer cumplir la Ley.

Por todo ello preocupa, y debe mantenernos preocupados, que en los últimos procesos electorales, tanto para elegir a Presidente de la República, como en las llamadas “intermedias”, y más aún en los procesos locales, diversas casas encuestadoras han cometido errores inexplicables que, por lo demás, han sido no sólo insuficientemente explicados, sino también opacamente explicados ante la ciudadanía.

Y aquí entra un asunto elemental; si bien es cierto que las empresas se deben a sus clientes -en este caso, los partidos políticos y los gobiernos de todos los órdenes-, lo es también el hecho de que tales “clientes” les pagan con nuestros impuestos; es decir, con dinero del erario en el caso de los gobiernos; y con las prerrogativas canalizadas vía el INE, en el caso de los partidos políticos; todos recursos públicos.

Así es pues que las empresas encuestadoras no deben ser asumidas como un “grupo o sector empresarial más”. Su coherencia, honestidad y profesionalidad puede abonar, o por el contrario contribuir a minar la credibilidad del juego democrático, y en ese sentido, debe decirse, nos han quedado a deber, y mucho en los últimos años.

La explicación que la ciudadanía merece debe ir mucho más allá de las cuestiones técnicas; quizá lo que ha ocurrido es que las casas encuestadoras no están leyendo adecuadamente el panorama idiosincrático y cultural de la población; y que es hora de comenzar a preguntarnos si estamos planteando las preguntas correctas.Lo otro, asumir que las casas encuestadoras obedecen a intereses que no son de la opinión pública.

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