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Si vez las barbas de tu vecino quemar…

 

OpiniónPor: Erick Zúñiga

La votación en la Cámara de Diputados brasileña, a favor de un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff es, al mismo tiempo, un ejemplo de la división de poderes y una muestra de tercermundismo político.

El motivo oficial del juicio no han sido los escándalos de corrupción que han marcado su gobierno, empezando por el de la empresa estatal petrolera Petrobras, ni tampoco el fuero ofrecido al ex presidente Lula Da Silva para que éste pudiera librar las acusaciones en su contra. Tampoco, las promesas quebradas o el manejo errático de la economía, que la ha llevado a una recesión que puede prologarse por años.

No. Fueron un par de puntillosos argumentos legaloides. Uno es un préstamo que hizo el Banco Agrario al gobierno federal para que cubriera gastos. El jineteo del empréstito se maneja como fraude fiscal. Otro, el no informar de gastos que excedían el límite del déficit público aprobado por el Congreso.

Son pecados que hablan, sin duda, de un manejo desaseado de las finanzas públicas, pero es claro que sirven más como pretexto que como una causa de fondo.

La causa de fondo está en otro lado y es política. Por una parte, el escándalo de Petrobras y sus ramificaciones han pegado en la línea de flotación del gobernante PT; por otra, la caída de los precios de las materias primas ha generado una crisis fiscal, que ha golpeado producción, empleo y programas sociales. Dilma se ha convertido en un personaje profundamente impopular.

Esa combinación, en el contexto del sistema político brasileño, da la ocasión perfecta para un reacomodo general de fuerzas: la oposición, por tronar el proyecto iniciado por Lula y la (antigua) coalición de gobierno, en el “sálvese quien pueda”.

Hay que explicar el contexto (también para que vean que hay esquemas mucho más complejos que el mexicano). La representación en el Congreso brasileño está pulverizada (es estrictamente proporcional), al grado que en la cámara baja el partido más grande tiene apenas el 13 por ciento de las curules. En ella están representados 22 partidos políticos, y su nombre a menudo no tiene qué ver con su posición ideológica. Por ejemplo, el Partido Progresista es de derecha y el Socialdemócrata está afiliado a la misma organización democristiana que el PAN mexicano.

Luego, la coalición que apoyaba a Rousseff tenía partidos de izquierda, de centro y de derecha (y nadie se llamaba a escándalo por la unión del agua y el aceite), y entre la oposición estaban los ex comunistas, el Partido Socialista (que apoyó a Lula, pero no a Dilma) y los laboristas, que provienen del caudillo populista Getulio Vargas.

La clave para la defenestración de la presidenta ha sido el cambio de bando del PMDB, el partido más importante de la legislatura, que tiene incluso más diputados que el PT. El PMDB fue la agrupación clave para salir de la dictadura hace poco más de tres décadas y su ideología puede resumirse en una palabra: pragmatismo. Cualquier parecido con algún partido mexicano es mera coincidencia.

Como puede el lector imaginarse, un congreso así necesita de una labor constante de cabildeo y negociación entre los partidos. Necesita de política, mucha política. Eso es algo que, dicen, Lula —curtido en la negociación sindical— hacía muy bien y Rousseff , que tiene otra historia político-personal, hace muy mal.

Eso significa que la todavía presidenta se enemistó con los partidos políticos y éstos aprovecharon el descontento popular por la crisis económica y la corrupción —cuya puntilla fue la acusación a Lula—, para lanzarse a la venganza. La votación de juicio político fue también un extravagante show televisivo en el que cada diputado tuvo sus minutos de fama para votar.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Cuestión de derechos

A raíz del reciente proyecto de ley en Chile que penaliza las filtraciones de noticias mientras se investiga un caso judicial, es necesario analizar con más profundidad los argumentos presentados para impulsar esta acción legislativa. Diversas opiniones han sido presentadas para modificar esta redacción y eximir a los medios de toda responsabilidad penal.

Chile, desde el año 2014, ha estado inmerso en denuncias por facturas financieras, que tenían por fin financiar campañas de candidatos a cargos públicos que incluían todo el espectro político chileno, desde la izquierda hasta la derecha. La opinión pública había sido testigo de una valiente denuncia de publicación de nombres y documentos que dejaba al descubierto una campaña vergonzosa que llegaba a las más altas esferas.

No cabe duda que la intención de esta ley era la de poner freno a las filtraciones de noticias, presuntamente derivadas de las oficinas de los fiscales que investigaban las aristas relacionadas con los casos, de las compañías Soquimich, Penta y Caval, todos temas de alta connotación política.  Sin embargo, como sucede a menudo, las soluciones y los remedios contenidos en estas iniciativas de ley son más graves que la enfermedad. El buen periodismo se sustenta en información bien documentada, donde la corroboración de las fuentes es una práctica requerida. Muchas veces, los medios reciben información incompleta o basada en rumores cuyo único beneficiario es la fuente misma de la noticia. El no verificar la información aumenta la probabilidad de distorsión y los canales de difusión se convierten en vehículos de la manipulación del aparato informativo y se apartan de su verdadero rol de la responsabilidad social.

Un requisito fundamental que caracteriza a las democracias modernas es la libertad de información, definida en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) como el derecho a “investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Este fundamento también se ha incluido en otros documentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969).

La idea central en todas las declaraciones es que la información del gobierno y sus instituciones es pública y que sólo puede ser restringida cuando se trata de temas de seguridad nacional.

Este principio está consagrado hoy en las constituciones de más de 80 países y establece que los individuos deben tener libre acceso a la información sobre temas de interés público, pero en ningún documento aparece con más fuerza que en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que desde 1791 ha servido como modelo de garantía absoluta para la libertad de expresión y de prensa.

Sin embargo, cabe recordar que con el mismo ímpetu se redactó la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho a un juicio justo, imparcial y salvaguarda a los imputados de cualquier delito de la información o publicidad que pudiese tener un efecto negativo en un juicio futuro.

Estas dos enmiendas constituyen derechos inalienables y muchas veces están en directa contraposición, la una de la otra. Por ejemplo, el derecho de informar sobre temas de interés público puede vulnerar el derecho de un individuo a un juicio justo e imparcial.

En la jurisprudencia de Estados Unidos e Inglaterra hay múltiples ejemplos de los conflictos que se han presentado y de las soluciones propuestas.  En ciertas ocasiones, los derechos de la prensa han prevalecido frente a los del individuo a recibir un tratamiento justo en las cortes de justicia. Pero en el balance final, el reconocimiento de tales fundamentos legales ha fortalecido los valores intrínsecos de la democracia.

Herramientas de dominio

El folclor político nacional se describe a través de un nutrido glosario de pintorescas definiciones que, si bien tienen un dejo cómico, no dejan de ser alusivas a fenómenos más bien trágicos. Pertenece a este vocabulario el terminajo “cargada” o mejor dicho, “la cargada”.

Cuando un candidato contiende con la venia del mandamás supremo, y gracias a dicha anuencia se perfila desde mucho antes de los comicios como virtual ganador de la elección, todo el apoyo y la devoción que recibe, así como el activo humano que sobre él se vuelca, se denomina “la cargada”.

La cargada no es algo, pero tampoco es alguien, sino la suma de ambas cosas. Es, digamos, el carnaval de zalamería y adulación que hace barullo en torno al delfín durante esa campaña que no es sino mero trámite, pues está anticipadamente definida por fuerzas que le rebasan a él y, por supuesto, a la voluntad popular.

La cargada es el séquito que acompaña al aspirante desde que se anuncia su candidatura desde su “destape” (otro término para disertar después), es la porra acarreada y es la prensa que le persigue como si fuera una mezcla de Brangelina, el Campeón Mundial de los Pesos Pesados y el primer hombre en orbitar Júpiter.

La cargada es cómica porque es ruidosa, torpe, carente de coordinación y fingida. Me hace pensar en La Hojarasca “garcía-marqueciana”: “Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos… La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte…”.

Cuantos conforman la cargada están obviamente al servicio de la campaña (como si en verdad hiciera falta, como si se les viniera encima una real contienda electoral), pero es importante que el candidato note su presencia. Y es que es un valor entendido -y el acuerdo tácito con el monarca en ciernes- que una vez coronado ha de conceder a los de su cargada algunas tierras, un título nobiliario, una secretaría, una embajada, un modesto huesito o aunque sea un contrato como proveedor.

Es por eso que todos en campaña hablan tan fuerte, casi a gritos, para que parezca que hacen un chingo aunque no estén haciendo nada, porque en realidad no hace falta que nadie haga nada en absoluto. Con tal de que no se muera el candidato, su entronización es inminente.

Este es el esquema impuesto por el priato desde los relevos en la Presidencia de la República, pero se replica en todas las demás elecciones de menor envergadura en las que el Tricolor tenga influencia nefasta.

Torturador torturado

No hay dilema, pues no se puede acompañar a la tortura. Pero lo que queda es una realidad espantosa. Pese a que no denunció haber sido torturada cuando el Ejército y la Policía Federal la detuvieron allá en enero de 2015, Elvira Santibáñez Margarito podrá salir libre… por haber sido torturada.

Elvira, por si faltara precisarlo, es la mujer de la camiseta morada y los jeans, torturada por una mujer soldado, una mujer policía y un capitán militar. Es el sujeto de uno de los videos más impactantes de los últimos tiempos. Su tortura ha merecido las disculpas públicas del Secretario de la Defensa Nacional y el Comisionado de la Policía Federal.

¿Quién es Elvira, por qué la detuvieron, por qué la trataron con esa crueldad? “Le decían ‘La Pala’, formaba parte de la Familia michoacana”, y “Asolaba la zona de Tierra Caliente. Cometía actos de secuestro, de extorsión, seguramente utilizaba esas mismas formas para obtener el dinero que le pedían a los familiares por la liberación”.

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