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Sanciones necesarias

 

OpiniónErick Zúñiga

El general Salvador Cienfuegos reunió el sábado a 30 mil elementos del Ejército mexicano para anunciar sus disculpas por la tortura a una mujer que dos días antes se conoció en un video. El escenario, la oportunidad y sobre todo el tono de esa alocución resultan inusitados respecto del comportamiento público que suelen tener las fuerzas armadas.

La costumbre del secreto ha sido motivo y coartada para disimular abusos del Ejército, así como para sustraer del escrutinio social decisiones y acciones en el interior de esa corporación. Al mismo tiempo en la sociedad, incluyendo a los medios de comunicación, hasta hace no mucho tiempo era infrecuente que se discutiera el desempeño de las fuerzas armadas.

El video que muestra la tortura a una mujer en Ajuchitlán, Guerrero, no reveló prácticas que los ciudadanos no supiéramos que se cometían. Los amagos con diversos recursos violentos para obtener confesiones han formado parte de las prácticas de organismos de seguridad, incluso del Ejército, aunque no existen datos ni testimonios que permitan documentar con cuánta frecuencia se perpetran acciones de esa índole.

Cada vez más, aunque no sin dificultades, se extiende el reconocimiento de que esas prácticas no solamente son ilegales, sino que además envuelven una inadmisible inmoralidad. Resulta inaceptable que para perseguir a los delincuentes se cometan acciones en contra de la ley. A los criminales es necesario perseguirlos y sancionarlos sin parecerse a ellos.

Por eso el video fue tan contundente. Dos elementos del Ejército y una integrante de la Policía Judicial Federal asfixian a una mujer mientras otra persona graba tales escenas. Dos de los torturadores son mujeres. Quizá esa condición de género fue uno de los elementos que más desasosiego suscitó: dos mujeres atormentando a otra.

El video circuló el jueves 14 de abril por la mañana. Unas horas después la Secretaría de la Defensa informó que desde enero pasado un capitán y una soldado policía militar fueron aprehendidos como presuntos responsables de aquel incidente y son procesados por la justicia militar. Además, se le dio vista al Ministerio Público para que se desahoguen las diligencias que correspondan a la justicia civil. El viernes 15 la Comisión Nacional de Seguridad anunció la detención de la mujer, miembro de la policía federal, que participó en los mismos hechos.

Antes de que creciera la indignación social por tales escenas, o precisamente porque se había extendido demasiado, el general secretario ofreció un discurso insólito, el sábado 16. No escatimó adjetivos para condenar esos hechos: “Los he reunido este día porque es necesario expresar públicamente nuestra indignación…”, dijo ante 30 mil integrantes del Ejército, según el dato que proporcionó la propia Sedena. Varios miles más presenciaron en otros sitios del país la transmisión de esa alocución.

“Sucesos repugnantes, que aunque aislados, dañan de manera muy importante nuestra imagen…”, “actos muy alejados de los principios y valores que se nos inculcan permanentemente”, “hechos deplorables que no sólo nos denigran como soldados; también traicionan la confianza que día a día se ha ganado esta institución ante la sociedad nacional”, dijo el general Cienfuegos.

Los torturadores “actúan como delincuentes… no son dignos de pertenecer a las fuerzas armadas”. Se trata de “actos ilegales de deshonor o indisciplina”; son “actos desleales, contrarios a la ley y a la disciplina militar”. Tras esos enfáticos señalamientos, el secretario de la Defensa Nacional dijo, a nombre del Ejército: “ofrezco una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”.

Se puede considerar que ahora es preciso que esos y otros abusos, además de las disculpas, sean sancionados. Pero es imposible dejar de reconocer un cambio esencial en la conducta de la cúpula del Ejército mexicano que ha sido escasamente proclive a la autocrítica y que suele mirar con recelo la crítica de la sociedad.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Cosas absurdas

En sus siempre elocuentes y brillantes clases, el Dr. Lorenzo Meyer –El Profe Meyer, como le llaman con afecto sus discípulos y colegas en El Colegio de México– insiste en adoptar una perspectiva profundamente crítica sobre lo que son y lo que hacen los principales actores de un sistema político cualquiera. Su visión llama a evitar cualquiera de las dos posiciones ingenuas que frecuentemente surgen cuando se califica o valora lo dicho por un gobernante, un partido o un candidato a un puesto de elección popular.

Desde su perspectiva, hay que evitar tanto considerar que estos actores siempre tienen motivaciones e intereses espurios y cínicos, como creer que sus iniciativas son auténticamente constructivas y destinadas a satisfacer las demandas ciudadanas.

Las enseñanzas del Dr. Meyer resultan siempre intensas y aleccionadoras, sobre todo si se piensa que se dan en el contexto de un programa de formación de administradores públicos, como ocurre con la licenciatura que se imparte en el Centro de Estudios Internacionales del propio Colmex. Esto es, las expresiones y sentencias de Lorenzo Meyer terminan resonando por años en la conciencia de muchos egresados, quienes se tienen que enfrentar a los dilemas y paradojas de trabajar en el sector público mexicano y, al mismo tiempo, intentar hacer algo productivo y útil.

Me ha parecido pertinente traer a colación las enseñanzas del ya Profesor Emérito, ahora que el Partido Acción Nacional ha anunciado con bombo y platillo la conformación de su comisión anticorrupción y lo que parece ser un acto desesperado por reivindicar algunas de las causas que le permitieron dejar de ser una oposición leal y convertirse en una fuerza electoral efectiva.

Parafraseando las enseñanzas mencionadas, cabe preguntarse: ¿en verdad el PAN está dispuesto a combatir ese fenómeno del que tanto se sirvió y que nutrió fortunas personales y colectivas?, ¿o es sólo una nueva versión de su deseo por volver a ocupar posiciones legislativas y ejecutivas?

Como resulta obvio suponer, y atendiendo al sentido de las lecciones recibidas, la respuesta a estas interrogantes no es ni sencilla ni fácil de sustentar. No obstante, algunos elementos se pueden ir aportando para que sea el lector quien finalmente emita un juicio.

En virtud de ello, lo primero que hay que decir es que la ostentosa iniciativa de Acción Nacional de tener en su seno un órgano que combate la corrupción es profundamente contradictorio con sus posturas como partido gobernante. Cabe recordar aquí que en los dos sexenios de gestión panista, la Secretaría de la Función Pública, creada por el Presidente Fox, distó mucho de ser la instancia que se encargaría de combatir y erradicar las severas prácticas de corrupción que tuvieron lugar en esos doce años.

Sus titulares fueron precisamente lo contrario a lo que ahora monseñor Bravo Mena, primer titular de la nueva comisión partidista, anuncia como su mandato. Desde Francisco Barrio, el caza-peces gordos, hasta las deplorables gestiones de German Martínez y Salvador Vega Casillas, la SFP se distinguió por encubrir la corrupción galopante, por generar distractores mediáticos y por fortalecer el patrimonialismo y discrecionalidad heredados del anterior régimen.

Luego entonces, cabe preguntarse ¿de dónde abrevará la nueva comisión partidista para definir qué es corrupción y cómo se combatirá? ¿Rescatará del desprestigio al partido y sus estructuras identificando dirigentes y funcionarios que en el pasado reciente incurrieron en actos de corrupción?, ¿o es un borrón y cuenta nueva? Es decir, ¿sólo investigará casos que se presenten y se denuncien como tales a partir de abril de 2016?

Si ésa es la perspectiva, declaremos entonces muerta al nacer a la nueva comisión partidista…

El poder del estado

Las perturbadoras imágenes de soldados y policías federales torturando a una joven mujer en Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero, y que fueron difundidas por las redes sociales, son un claro ejemplo de que los derechos humanos en nuestro país no mejoran, sino que contrariamente, retroceden. Representan un emblema de lo poco que nuestra democracia ha avanzado en materia de protección de los derechos fundamentales. La tortura es una aberración injustificable. Constituye todo acto por el cual se produce intencionalmente a una persona dolor y sufrimiento grave, ya sea físico o mental, con el fin de obtener informaciones y confesiones, o para castigarla por actos cometidos, e incluso, para intimidarla. La tortura se configura cuando los sufrimientos son infligidos por un funcionario público, a instigación suya o con su consentimiento. Además, la tortura es un crimen en el derecho internacional.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 trajo grandes cambios, pero éstos aún no se traducen en un mejor funcionamiento de las instituciones. Todavía es posible observar la enorme distancia existente entre los sublimes enunciados y la cruda realidad, o como afirmó recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre “una realidad legal con grandes avances en la materia, pero una realidad concreta y práctica en la que autoridades siguen utilizando la tortura”. Los derechos humanos en nuestro país pasan por un momento crítico, como ilustra el Informe 2015 de Amnistía Internacional: “La epidemia de la tortura en México continúa”, o los resultados del “Diagnóstico Nacional sobre la Práctica de la Tortura” publicado hace algunas semanas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Al parecer, tampoco ha servido de mucho la puesta en práctica del “Protocolo Homologado de Investigación del Delito de Tortura”, integrado por la Procuraduría General de la República apenas en junio de 2015.

Vivimos una etapa decisiva para la consolidación de una cultura de los derechos humanos, con una amplia difusión de sus problemáticas y contenidos, de su significado e importancia. Igualmente, observamos desarrollos en el derecho internacional y, en el ámbito interno del derecho constitucional. Sin embargo, la falta de aplicación efectiva de las consecuencias previstas por las leyes para quienes violan los derechos humanos, tiene el pernicioso efecto de incentivar nuevas violaciones a los derechos. Según el Índice 2016 de Impunidad Global en México, este problema alcanza un nivel del 67.4%. La impunidad anula la justicia y es causa de que la inconformidad social aumente al percibirse que es característica de la autoridad.

Sólo una sociedad civil sólida y autónoma, capaz de actuar libremente, así como conocedora y entendida en materia de derechos humanos, puede contribuir a consolidar su protección efectiva. Recordemos que sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia; y sin democracia no existen las condiciones para la solución pacífica de los conflictos. Es obligación del Estado la investigación de cualquier caso de tortura. Las disculpas sirven de muy poco. Conocer la verdad sobre las atrocidades cometidas es sólo el primer paso, le siguen la persecución y el castigo ejemplar a los responsables.

Un país de instituciones

Las instituciones son el corazón y la cúspide de la organización social. Es por ellas que los humanos podemos vivir y progresar como conglomerado, tener cohesión y un orden que mantenga la unidad de propósitos y acciones en el transcurso de las constantes transformaciones que experimenta toda sociedad.

Por eso no pueden irse al diablo… ni a ninguna otra parte. Unas mueren, otras nacen y las hay que perviven, pero siempre debe haberlas.

Y si las instituciones son el corazón de la organización social, la institucionalidad es el cerebro, entendida en su más amplio sentido como el conjunto de creencias, ideas, valores, principios, representaciones colectivas, estructuras y relaciones que condicionan las conductas de los integrantes de una sociedad, caracterizándola y estructurándola.

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