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Salarios en caída

Opinión-colorErick Zúñiga 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) es el organismo facultado por la ley en México para medir la pobreza, la cohesión social y evaluar el desempeño e impacto de los programas sociales.A partir de 2008 se construyó lo que hoy podría denominarse, sin exagerar, el “Método mexicano de medición de la pobreza”, cuya solidez lo ha llevado a ser retomado a nivel internacional, como un indicador adicional en instrumentos tan difundidos como el Índice del Desarrollo Humano.

La medición multidimensional de la pobreza se lleva a cabo con una periodicidad de dos años, tomando como base los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) –levantada por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI)-,en la cual se incorporó un módulo especial denominado “Módulo de Condiciones Socioeconómicas” (MCS), y en la medición 2014, se incorporó un módulo adicional sobre los programas sociales.

De acuerdo con el calendario del INEGI, en este 2015 los resultados de la ENIGH se darán a conocer el día 16 de julio, mientras que el cálculo de la medición de la pobreza se dará a conocer el día 29 de julio.Paralelamente, el CONEVAL diseñó un indicador que permite evaluar, a lo largo del tiempo, qué tanto crecen o disminuyen, tanto los niveles salariales como el poder adquisitivo de los ingresos laborales de las personas; este indicador es el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP).

Con base en estos y otros instrumentos de medición, si algo queda claro es que, al menos en los últimos 20 años, la pobreza no ha disminuido de manera significativa, debido a un desempeño económico del país que va de malo a muy malo, el cual ha generado un doble efecto: no se han creado los empleos necesarios para incorporar a una creciente población económicamente activa, ni se han consolidado procesos de reestructuración de la calidad del trabajo; es decir, se ha dejado de lado la responsabilidad que tiene el Estado de impulsar la creación de empleos dignos.

Si hay conceptos en que pueden resumirse estas condiciones, éstos son los relativos a “la fractura del mundo laboral” y al abandono de la categoría del empleo digno, como eje de articulación de las políticas laborales del país. En todo esto, uno de los síntomas que en mayor medida revela la gravedad de la situación, es precisamente la caída del poder adquisitivo de los salarios.

En el año 2005, con precios deflactados respecto del valor de la canasta alimentaria, el CONEVAL estima que el ingreso laboral promedio de una persona era de aproximadamente mil 996.10 pesos mensuales. Deflactado respecto del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el mismo salario equivalía a sólo mil 752.86 pesos mensuales.

Al cierre del tercer trimestre del año pasado, el valor del salario, deflactado a la canasta alimentaria tiene ahora un valor de mil 494.66 pesos mensuales, mientras que respecto del IPC es de mil 600.56 pesos.

Esta disminución se ha visto relativamente compensada, de acuerdo con algunos, con la ampliación de la cobertura de algunos servicios sociales, fundamentalmente la del Seguro Popular, y la ampliación de las redes de servicios como el acceso a la energía eléctrica, al agua potable y al mejoramiento de algunos de los materiales con que están construidas las viviendas, además de la relevancia de la ampliación de la cobertura en educación básica en prácticamente todo el territorio nacional.

Enfrentamos la paradoja de ser un país que tiene a la generación de población con mayores capacidades productivas; y al mismo tiempo con la población joven con el mayor grado promedio de escolaridad que se ha tenido en la historia; empero, tenemos una de las mayores tasas de condiciones de informalidad laboral, así como uno de los porcentajes más elevados de la historia, de personas ocupadas en el sector informal.

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