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Responsabilidad social

Opinión-colorErick Zúñiga

México es un país cuyas múltiples necesidades no han visto soluciones pertinentes y duraderas desde los tiempos de la democracia moderna.Esta situación se ha exacerbado con el pasar de las décadas, provocando que la política sea catalogada como el mal que marchita la vida de la nación.Sin embargo, debería ser la propia labor política, el sinónimo más certero de transformaciones y estrategias resolutivas para alcanzar la vida que toda persona espera.

Los grupos vulnerables han sido siempre los primeros afectados por las fallas de nuestros modelos de gobierno: los niños y niñas, las mujeres, nuestros ancianos, las personas con enfermedades severas, los discapacitados, migrantes, gente en pobreza extrema y los numerosos grupos indígenas.

Golpeados por la falta de oportunidades, de atención médica adecuada, de educación de calidad, de verdadera inclusión y respeto a sus derechos humanos, todos estos grupos han visto mermados sus intentos por encontrar la luz que siempre les ha sido prometida.

Cada uno de los sectores en riesgo, manifiesta necesidades cuantiosas y disímiles cuya satisfacción debe ser resuelta aún con mayor apremio por quienes asumimos la obligación honorable de ser administradores, legisladores y ejecutores de la justicia en un país cuyas paradojas que sustentan su realidad social, son graves e inocultables.

Hay muchos personajes públicos y entidades privadas que suelen realizar actividades altruistas de cuyo contexto obtienen, además del servicio, algún provecho político o empresarial.A pesar de realizar acciones que apoyan a numerosas personas necesitadas, ponen en evidencia uno de los problemas principales que subyuga a nuestro sistema: el Estado mexicano, en su labor social, es exiguo e incompetente.

Al no lograr resolver los distintos problemas de los grupos vulnerables de manera óptima, el Estado manifiesta una gran debilidad al ceder sus máximas responsabilidades sociales a la inversión privada o a individuos cuya capacidad política o económica les permite generar instituciones o programas de apoyo.

Igualmente, la promoción de los gobiernos a tales actividades altruistas es una contradicción mayúscula pues éstas deberían ser consideradas como deberes irrestrictos de los distintos gobiernos y no de entidades ajenas a la administración de las comunidades y ciudades del país.

La Constitución y las leyes marcan como garantías muchos de los rubros que les son cumplidos a los grupos vulnerables, a veces, sólo mediante acciones calificadas como caritativas, siendo que el propio Estado, en cumplimiento de su razón originaria, debería dotarles de todos los medios para acceder a una vida digna a través de dichos mandatos legales y, más aún, movidos por un sano impulso moral.

Cuando el Estado dé cabal cumplimiento a su deber con la sociedad, cambiará la realidad de México.Cuando la sociedad impulse un cambio de paradigma social mediante la información, el involucramiento y la educación en casa de valores incluyentes y constructivos, cambiará la dirección política de la nación.Cuando la política social sea una política de responsabilidades constitucionales y no así electorales, romperemos el paternalismo disfrazado de dádiva.

Nuestros indígenas, madres solteras, migrantes y demás grupos vulnerables no pueden continuar representando el foco de promesas políticas y ser los damnificados de un Estado ruinoso.Los derechos de cada individuo y la justicia social, deben prevalecer para revertir el daño causado durante sexenios a nuestra patria.¿Cómo lograrlo? Poniendo todos los recursos y esfuerzos políticos al servicio único de los derechos humanos.Esa es la clave única para revivir la política y la satisfacción social de México.

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