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¡Qué solícitos!

 

Opinión-colorErick Zúñiga

Interesados en temas como la detención de Joaquín El Chapo Guzmán o la caída en desgracia de Humberto Moreira, hemos pasado por alto un asunto que, a mi parecer, merecería mayor atención de la opinión pública. Me refiero a la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal del Derecho de Réplica presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el pasado 4 de enero. La SCJN admitió a trámite tal solicitud y la turnó al ministro Alberto Pérez Dayán para su análisis y resolución de fondo.

Se trata, en realidad, de dos inconformidades que atañen, directamente, a la libertad de expresión y a los medios de comunicación. El PRD solicitó que se declarase la invalidez de toda la reforma legal, en tanto que la acción de inconstitucionalidad presentada por Morena señala que al menos ocho artículos de esa norma son contrarios a nuestra Carta Magna.

¿De qué se trata? Treinta días después de su publicación (4 de noviembre), o sea, el viernes 4 de diciembre esa Ley entró en vigor. Ella define el derecho de réplica como “el derecho de toda persona a que sean publicadas y difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que la aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”. El alegato presentado por el PRD y Morena es de carácter electoral.

Partamos de un hecho sobre el que más o menos podemos estar de acuerdo: si un medio de comunicación difunde un dato falso o inexacto de una persona, al afectado le asiste el derecho de reclamar que ese medio rectifique la noticia o que se le dé voz para que aclare el punto. Hasta allí todo está claro. Esa es la naturaleza y alcance, primigenios, del derecho de réplica.

El punto empieza a complicarse porque existen diversas interpretaciones, usos y abusos, del derecho de réplica. Por ejemplo, en varios tramos del documento del PRD se hace mención de un concepto que, en verdad, resultado controvertido “informaciones agraviantes”. Si se toman a la letra, el concepto puede ser entendido como aquella información o tipo de informaciones que siendo verídicas, molestan o afectan a los precandidatos, candidatos o partidos. En consecuencia, una información con todo y las pruebas de ser correcta podrían ser motivo de réplica. Incluso podrían tener consecuencias legales por ser difundidas.

Habría que precisar de qué ser trata esto de “información agraviante”. Si va por el lado de que aun siendo verídica, puede ser impugnada entonces entramos en un terreno pantanoso. Por ejemplo, el que se haya hecho pública la conversación entre el candidato a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado, y su pareja sentimental, en la que él le pide a ella abortar, ¿se podría tomar como una “información agraviante” para el candidato? Según el rasero del PRD: ¿Sería digna de réplica? ¿Tendría consecuencia legales por haber sido difundida por los medios de comunicación? ¿Esa conversación no debería haber sido difundida?

Otro punto a discutir: el PRD quiere que los temas referentes a la réplica electoral los trate el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). O sea, que haya una jurisdicción especial para los casos electorales. Se olvida que la réplica está contemplada en la fracción primera del artículo sexto constitucional que trata de las garantías individuales.

Desde el inicio del mundo moderno, esos derechos se reivindicaron como garantías universales, o sea, válidas para todas las personas. El derecho moderno nace, precisamente contra el derecho medieval o corporativo que segmentaba el ejercicio de la norma jurídica según los rangos de pertenencia. El derecho de réplica, en consecuencia, debe ser sancionado en la rama que le corresponde, el derecho civil y ser sancionada por los juzgados civiles.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Apremiante desprestigio

¿Por qué casi tres de cada 10 jóvenes de secundaria aspiran a ser sicarios o narcotraficantes en nuestro país?, ¿será verdad que la venganza del gobierno federal al temible narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es la campaña de desprestigio al mostrar sus conversaciones privadas y ventilar sus aparentes problemas de disfunción eréctil?, ¿será verdad que la captura de Beto Moreira es un manotazo por parte de las autoridades norteamericanas para mostrar en el mundo el verdadero problema que sufre nuestro país, que es la corrupción política y frenar la narrativa triunfalista de #MisiónCumplida?, jóvenes que quieren ser narcos, la ridiculización de los criminales y la captura de un ex presidente priista que quiso jugar a ser estudiante son temas con bastantes coincidencias, pero mejor vamos por partes.

Cuando seas grande. En 1986 el músico de rock argentino Miguel Mateos interpretó con mucho éxito —hasta ahora— la canción “Cuando seas grande”, la letra muestra la historia de un joven que se enfrenta a la crítica de sus padres por ser músico de rock —la carrera de contaduría también aplica—: “Nene, ¿qué vas a hacer, cuando seas grande?, Estrella de rock and roll, presidente de la nación”.

Después de 27 años, el profesor de Flacso José del Tronco Paganelli, en su estudio “La violencia escolar en México: Una exploración de sus dimensiones”, mostró los resultados de mil 400 entrevistas a alumnos de ocho estados del país. A 26.3% les gustaría parecerse a los narcos o sicarios, 17% aspiran a ser empresarios, solamente 12.4% respondieron que querían parecerse a su profesor, 10.7% a un policía o militar, 4.40% a un funcionario de gobierno y cuatro de cada 10 no supo responder qué haría de su vida —aunque hay personas de mayor edad que continúan con la misma situación—.

Las respuestas muestran una aparente seducción a la figura de los narcotraficantes y sicarios, debido, tal vez, al poder y dinero que la actividad les representa. En cambio, resalta que la figura de un maestro está relacionada más con una personalidad autoritaria y de poca confianza.

La reputación de los narcotraficantes. En los últimos años, el gobierno intentó, a través de varias leyes, prohibir a los grupos de música norteña la interpretación de “narcocorridos” —sin éxito—; incluso el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, firmó un decreto prohibiendo los corridos en bares, discotecas y conciertos al aire libre. Una de muchas letras musicales se refiere al El Chapo como: “De los pies a la cabeza, es bajito de estatura, de la cabeza hasta el cielo, yo le calculo su altura porque es grande entre los grandes, a ver quién tiene una duda, ya conoció la pobreza, ya conoció la riqueza, si lo respetan respeta, si lo ofenden se acelera”. Esta letra que engrandece la imagen del narcotraficante dista mucho de las versiones en diferentes medios acerca de que, aparentemente, fue sometido a una cirugía en los testículos, con el fin de mejorar su rendimiento sexual. Estas historias —por ridículas que parezcan, aunque sí lo son— muestran un cambio en la narrativa que va de canonizar a los criminales a ridiculizar su imagen pública.

El político que quería ser estudiante. Dicen los que saben que la captura del ex gobernador Humberto Moreira es un manotazo en la mesa de la opinión pública internacional por parte de las autoridades norteamericanas a los excesos triunfalistas de la actual administración con respecto a la captura de El Chapo. Diversas fuentes aseguran que incluso las encuestas de la misma oficina de la Presidencia muestran cómo la corrupción es un indicador que supera los números negativos de las variables económicas y de seguridad. El día de hoy, la Policía Española e instancias de justicia en ese país decidirán si el ex gobernador de Coahuila bailará los siguientes seis años en prisión y de paso le da un baile al sistema de justicia de nuestro país. Ojalá observemos un zapateado.

Indolencia gubernamental

Parece una broma inocente, pero en realidad el remate del tuit enviado por las autoridades españolas resultó devastador: “Detenido en Barajas Humberto Moreira por Orden Fiscalía Anticorrupción. Esta tarde pasa a disposición de Audiencia Nacional. #misióncumplida”. Se trata de un parafraseo del tuit con el que el presidente Enrique Peña Nieto anunció al mundo unos días antes la aprehensión de “El Chapo”: “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”.

Al aludir al tuit presidencial, la Fiscalía española profundizaba, quizá sin saberlo, la polémica que el hashtag “misión cumplida” generó en México, por la molesta autocongratulación por una misión que nunca habría existido si no se hubiera permitido la fuga del delincuente.

Pero el fraseo de la Fiscalía resultó devastador por una segunda razón. Moreira, el exgobernador de Coahuila detenido en el aeropuerto acusado de lavado de dinero, es amigo personal y aliado político de Enrique Peña Nieto. Apelar a la expresión “misión cumplida” constituye a la vez un recordatorio, una mofa y un jalón de orejas sobre la verdadera misión que tendrían las autoridades mexicanas: revertir la impunidad entre sus allegados.

Humberto Moreira fue una de las cabezas del club de gobernadores que llevó a Peña Nieto a la Presidencia. Se convirtió en líder del PRI durante la campaña y se daba por descontado que sería miembro del nuevo Gabinete. Para su desgracia, documentos revelados por la prensa mostraron que la tesorería de Coahuila se había endeudado por encima de sus posibilidades gracias a la falsificación de documentos presentados a la Secretaría de Hacienda. La deuda pública de la entidad, cuya población no llega a tres millones, pasó de 15 millones de dólares a 2 mil 700 millones en el período de este político. Parte del dinero acabó en cuentas personales del tesorero y del secretario particular de Moreira, según tribunales de Estados Unidos. Nunca se ha podido comprobar si algunos de estos fondos fueron utilizados en la campaña presidencial, entre otras cosas porque nunca fueron investigados. Los últimos dos años el exgobernador residió en Barcelona, con el pretexto de cursar un posgrado.

Corrupción campeante

El caso de Moreira muestra una vez más la indolencia del Gobierno mexicano con respecto a la corrupción. No existe ninguna estrategia para combatirla, sólo esfuerzos puntuales para acotar el daño de imagen que ocasiona al Gobierno cada uno de estos desfiguros. Hace unos días alguien filtró a la prensa conversaciones sostenidas hace meses por la actriz Kate del Castillo y “El Chapo” y su abogado, seguramente grabadas clandestinamente por las autoridades. Lo cual lleva a suponer que existiría el registro de otras conversaciones entre el entorno del capo y diversas autoridades que les otorgan protección. En materia de corrupción la información de los fiscales mexicanos con frecuencia no está destinada a procesar a miembros de la élite sino a desacreditar a personajes incómodos al poder. Por las reacciones del Gobierno ante el anuncio de la Fiscalía española, resulta evidente que el Gobierno mexicano no ofrecerá información que ayude a documentar los delitos de Moreira. En el caso que nos ocupa la misión parecería consistir en hundir a Kate del Castillo y, por otro lado, exonerar al exgobernador.

La Administración de Humberto Moreira procesó ingentes cantidades de dinero de manera cuestionable, por no decir criminal. La justicia mexicana no objetó el tráfico de cientos de millones de dólares; la justicia española lo detuvo por el origen cuestionable de 200 mil euros. La misión cumplida por unos es reflejo de la misión incumplida por otros.

Lo dicho: corrupción existe en todos lados, el tema de fondo es el tratamiento que merece en un país u otro. En suma, el tema es la impunidad. Mientras que en España son capaces de llevar a juicio a la hermana y al cuñado del Rey, a la poderosa familia Pujol, a Messi o a Neymar, en México los amigos del soberano se saben intocables. A los amigos, impunidad; a los enemigos, justicia arbitraria.

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