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Propuesta federal para la paz

Opinión-colorErick Zúñiga

En la recta final del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, el decálogo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto para recuperar el México en paz, con seguridad, justicia y desarrollo que todos merecemos, claramente se posiciona como un imperativo legislativo de primer orden para el Congreso de la Unión.

Desde el mismo día en que el Ejecutivo federal dio su mensaje a la nación para fortalecer el estado de derecho en México, las y los integrantes de la Cámara de Diputados advertimos la necesidad de iniciar de manera inmediata el análisis, discusión y eventual aprobación de las propuestas presidenciales. Una vez recibido formalmente el paquete de iniciativas, el trabajo legislativo se enfocará a la atención de tres ejes de acción definidos por la propia estrategia propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto: reformas para garantizar la seguridad y justicia; combate a la corrupción y el fomento de un desarrollo incluyente, particularmente de la región sur-sureste del país, que conjunta a los estados de la República con mayores rezagos sociales.

Las 10 acciones presidenciales para el fortalecimiento del estado de derecho, son las siguientes: facultar al Congreso a expedir la Ley contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales; redefinir las competencias en materia penal y de combate a la criminalidad por parte de los tres órdenes de gobierno; establecer las Policías Estatales Únicas por mandato constitucional; crear el Teléfono Único de Emergencias, así como la Clave Única de Identidad; fortalecer el operativo de fuerzas federales en Tierra Caliente; impulsar reformas para hacer efectivo el derecho humano a la justicia; facultar al Congreso para legislar en materia de tortura y desaparición forzada; crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y el Sistema Nacional de Identificación Genética; e integrar el Consejo Consultivo para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.

Con todas estas propuestas inicia una nueva etapa de los trabajos legislativos en la que estoy convencido que se desahogarán con prontitud los temas previstos en la estrategia presidencial, en primer lugar, porque responden a la legítima demanda de justicia y seguridad de todos los mexicanos han externado a raíz de los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa, pero también porque ya desde tiempo atrás se venía generando un consenso básico entre los distintos grupos parlamentarios sobre algunas reformas en particular. Uno de esos temas en los que existe mayor coincidencia es en el de avanzar en los acuerdos que permitan reforzar la lucha anticorrupción.

En este sentido, para el todo el parlamento debe ser preciso dar pronta marcha a la discusión y eventual aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que el Estado cuente con una sólida estructura institucional que le permita prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción cometidos por los servidores públicos de la federación, los estados y municipios.

Al inicio de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado de la República la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Es tiempo de dar paso a la consolidación de un auténtico Sistema Nacional Anticorrupción que cuente con las atribuciones suficientes para investigar y sancionar administrativa y penalmente a quienes en el desempeño de sus funciones públicas, atenten en contra del interés general de todos los mexicanos.

Es de esta forma que se podrá recuperar la confianza ciudadana que se ha visto mermada por lamentables sucesos que a todos nos indignan y duelen, pero sobre todo nos convocan a coincidir en un cauce institucional para mejorar las condiciones del país en materia de seguridad y justicia, combate a la corrupción, y desarrollo económico.

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