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Los planes demócratas para impugnar a Trump avanzan

MoveOn.org, Democracy for America, y otros grupos progresistas o de “resistencia” han promovido el impeachment a Trump.

Es un movimiento que comenzó antes de que al Presidente Donald Trump le tomaran el juramento del cargo y el impulso de la impugnación ha pasado por muchas iteraciones.

La lógica más temprana fue la “cláusula de emolumentos” de la Constitución, la cual se dio en medio de las habladurías sobre la supuesta colusión de la campaña de Trump con Rusia y surgió como el tema dominante.

En vez de una prueba contundente en el asunto ruso, la justificación prevaleciente fue que Trump trató de obstruir una indagatoria del FBI a su ex asesor de seguridad nacional.

Más recientemente, la cláusula de emolumentos resurgió cuando legisladores demócratas presentaron demandas.

MoveOn.org, Democracy for America, y otros grupos progresistas o de “resistencia” la han promovido. La representante Maxine Waters, demócrata por California, parece haber tenido el mayor tiempo al aire de alguien en el Congreso hablando sobre la impugnación del presidente en programas de entrevistas y eventos públicos.

El representante Al Green, demócrata por Texas, dio el primer discurso en la tribuna de la Cámara de Representantes pidiendo la impugnación de Trump. La representante Jackie Speier, demócrata por California, llamó a la impugnación “realmente el único camino que podemos seguir”.

Pero solo el representante Brad Sherman, demócrata por California, en realidad ha introducido artículos de impugnación. El discurso de Green y la medida de Sherman se enfocaron en las acusaciones de obstrucción de la justicia.

La dirigencia demócrata en la Cámara de Representantes no ha respondido al llamado, en parte porque tales acciones tienen pocas probabilidades, basadas en hechos conocidos, de llegar a algún lado con un Congreso controlado por los republicanos.

Antes de ser elegido para algo, Boyd Roberts, un candidato de California al Congreso, presentó documentos ante la Comisión Federal Electoral para iniciar un comité de acción política llamado Impeach Trump Leadership PAC, como lo reportó The Hill.

El cambio en lógicas demuestra un argumento débil, dijo Ken Boehm, presidente del Centro Nacional Legal y de Política, un grupo conservador observador del gobierno.

“Si tuvieran un buen caso basado en información real, pienso que lo ya lo habrían mencionado y puesto sus cartas sobre la mesa”, dijo Boehm, ex fiscal estatal de Pensilvania y ex consejero de la junta de directores en la Corporación de Servicios Legales, a The Daily Signal. “Ellos no tienen crímenes y faltas graves. Ellos no tienen crímenes y faltas pequeñas”.

El Artículo II, Sección 4 de la Constitución incluye “crímenes y faltas graves” como bases para impugnar, junto con traición y soborno.

Pero la impugnación es finalmente una cuestión política y los republicanos controlan la Cámara de Representantes. Incluso si los demócratas lograran darles la vuelta a la Cámara y al Senado en la elección de 2018, se requeriría de un voto de la mayoría en la Cámara para impugnar a un presidente y dos tercios del Senado para quitar a un presidente del cargo.

Boehm dijo que la charla acalorada sobre la impugnación ahora retrasará la justicia si el presidente se involucrara en un escándalo legítimo y verificable.

“Los demócratas deberían guardar la artillería pesada para algo con sustancia”, dijo Boehm. “Ellos corren el riesgo de ser el niño que gritaba lobo si dicen ‘impugnar’ por cualquier cosa”.

El marco temprano se estableció en diciembre de 2016, seis semanas antes de la Toma de Posesión, cuando cinco senadores demócratas —Elizabeth Warren, de Massachusetts; Ben Cardin, de Maryland; Chris Coons, de Delaware; Dick Durbin, de Illinois, y Jeff Merkley, de Oregón— apoyaron un proyecto de ley que exigiría al presidente, el vicepresidente y sus familiares a vender todo lo que pudiera provocar un conflicto de intereses.

El proyecto de ley de los demócratas también declara:

Adoptar una opinión del Congreso de que la violación del presidente de las leyes de conflictos de interés financieros o los requisitos éticos que se aplican a empleados de la rama ejecutiva constituyen un gran crimen o delito según la cláusula de impugnación de la Constitución de EE UU…

Antes de que asumiera el cargo, Trump puso sus propiedades realizables como hoteles y campos de golf en un fideicomiso y renunció a los puestos oficiales en sus negocios, pasándoles la Organización Trump a sus hijos adultos.

En enero, un grupo liberal observador, Ciudadanos por la Ética y la Responsabilidad en Washington, comenzó a plantear dudas sobre los negocios de Trump y la cláusula de emolumentos de la Constitución, la cual declara que:

…ninguna persona que tenga un empleo remunerado u honorífico que dependa de ellos, aceptará, sin el consentimiento del Congreso, ningún regalo, emolumento, empleo o título, de ningún tipo sea de la clase que fuere, de cualquier rey, príncipe o estado extranjero.

En esencia, la cláusula prohíbe tener ganancias personales de los puestos públicos. Los hijos de Trump dirigen sus negocios ahora, pero no hay un fideicomiso ciego.

En febrero, el representante Jerrold Nadler, demócrata por Nueva York, presentó una “resolución de investigación” por las inversiones de Trump que una columna del Huffington Post planteó como el “primer paso legislativo hacia la impugnación”.

Ciudadanos por la Ética y la Responsabilidad en Washington (CREW, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en el Distrito Sur de Nueva York el 22 de enero, dos días después de que Trump asumiera el cargo.

“No queríamos llegar a este grado. Nuestra esperanza era que el Presidente Trump tomaría las acciones necesarias para evitar violar la Constitución antes de asumir el cargo”, dijo Noah Bookbinder, director ejecutivo de CREW, en una declaración. “No lo hizo. Sus violaciones constitucionales son inmediatas y graves, por lo que nos vimos obligados a tomar acción legal”.

Una portavoz de la organización dijo a The Daily Signal que ella trataría de organizar una entrevista con el presidente de la junta Norman Eisen. Sin embargo, Eisen no respondió antes de la fecha límite de publicación.

Sin embargo, los emolumentos se desvanecieron como bases de impugnación conforme surgieron las historias jugosas sobre Trump y Rusia. Después de que un reportaje en The Washington Post acusó a Trump de hablar sobre información clasificada con dos funcionarios rusos en la Oficina Oval, Waters dijo que se elevó al nivel de impugnación.

En mayo, Waters se refirió a esa supuesta participación de secretos durante la discusión en la Oficina Oval en el Centro para el Progreso Estadounidense, una organización liberal de investigación. La congresista de California dijo:

No debemos tener miedo de usar la palabra impugnación. No tenemos que pensar que la impugnación está fuera de nuestro alcance. Todo lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que le hablamos al público estadounidense, que los mantenemos involucrados, que resistimos todos los días, y estamos desafiando cada día.

Pero otra historia importante ocurrió después de que Trump despidió a James Comey, director del FBI, mientras la investigación de la agencia sobre Rusia estaba en marcha. Algunos políticos y comentaristas lo compararon con la “Masacre de la Noche del Sábado” del Presidente Richard Nixon, los despidos masivos relacionados con la investigación el escándalo Watergate.

A través de una filtración que Comey admitió que él la sembró, los estadounidenses supieron de su acusación de que el presidente le había pedido “dejar ir” la investigación del FBI a su ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, por tergiversar sus conversaciones previas a la investidura con el embajador ruso.

Comey dijo que Trump le comentó: “Espero que puedas ver tu camino claro para dejar ir esto, para dejar ir a Flynn. Él es un buen hombre. Espero que puedas dejar ir esto”.

Los demócratas fueron rápidos para sugerir que esto ascendía a obstrucción de la justicia.

El senador Richard Blumenthal, demócratas por Connecticut, dijo a CNN que la solicitud de Trump a Comey “bien podría producir otro Estados Unidos vs. Nixon en una citación que llegó a la Suprema Corte de Estados Unidos. Bien podría producir procesos de impugnación, aun cuando estamos muy lejos de esa posibilidad”.

Al senador Angus King, independiente por Maine, quien se alía con los demócratas, le preguntó Wolf Blitzer, de CNN: “Si estas acusaciones, senador, son ciertas, ¿no estamos acercando más y más a la posibilidad de otro proceso de impugnación?”

King respondió: “Renuentemente, Wolf, tengo que decir que sí, simplemente porque la obstrucción de la justicia es una ofensa muy grave”.

La obstrucción de la justicia tiene un lugar significativo en la historia de las impugnaciones. El presidente Bill Clinton fue impugnado bajo este cargo en la Cámara de Representantes en 1998, y fue la base de un artículo de impugnación aprobado por el Comité Judicial de la Cámara en 1974 antes de que Nixon renunciara.

La obstrucción de la justicia también es la base del borrador de impugnación de Sherman.

Después de que el testimonio de Comey el 8 de junio ante el Comité de Inteligencia del Senado dio pocas revelaciones, y el caso por obstrucción se volvió más difícil de hacer, el enfoque regresó a la cláusula de emolumentos. Fiscales generales estatales demócratas demandaron en busca de información sobre los nexos comerciales de Trump, incluidas sus esquivas declaraciones de impuestos sobre la renta.

Comey dijo al panel que el presidente no le ordenó que abandonara el caso y, cuando se lo cuestionó, él dijo que no sabía de una acusación basada en la “esperanza” de alguien.

Numerosos eruditos legales dijeron que no creían que hubiera un cargo viable por obstrucción basado en la conversación en la Oficina Oval el 14 de febrero entre Trump y Comey.

Con un caso de impugnación basado en Rusia y la obstrucción de la justicia no tan fuerte, los emolumentos estuvieron de regreso en junio.

“La palabra con I no es algo que deberías soltar por allí tanto, y los demócratas no le prestan el debido cuidado a las demandas por emolumentos, donde los méritos son débiles y las afirmaciones jurídicas son risibles”, dijo John-Michael Seibler, investigador legal del Centro Edwin Meese III de Estudios Legales y Judiciales en la Fundación Heritage y quien ha escrito sobre varias demandas demócratas, a The Daily Signal.

Brian Frosh, fiscal general de Maryland, y Karl Racine, fiscal general del Distrito de Columbia, ambos demócratas, demandaron por la cláusula de emolumentos, acusando al presidente de violar la Constitución con respecto a gobiernos extranjeros haciendo negocios con el Hotel Internacional Trump en Washington.

Después de eso, 198 congresistas demócratas presentaron una demanda haciendo en esencia la misma afirmación.

“Las demandas definieron los emolumentos tan ampliamente [que la estipulación] podría usarse contra cualquiera”, dijo Seibler. “Básicamente es un artículo de opinión ante la corte”.

“Ve el proyecto de ley que apoyó la senadora Warren”, añadió él. “Las demandas solicitan un juicio declaratorio para llenar huecos muy amplios y razonamientos”.

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