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Kim Jong-un afianza su control con ejecuciones públicas

Corea del Norte rechaza todas las acusaciones de abusos a los derechos humanos en el país.

El régimen norcoreano afianza su poder sobre su pueblo mediante ejecuciones públicas por crímenes tan triviales como robar y distribuir productos mediáticos de Corea del Sur, ha descubierto un informe.

Investigación del Grupo de Trabajo de Justicia Transicional (TJWG, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental domiciliada en Corea del Sur, se basó en entrevistas con 375 desertores de Corea del Norte que hablaron sobre los asesinatos en el estado totalitario.

“Nuestros entrevistados declararon que las ejecuciones públicos se hacían cerca de las riberas de los ríos, en lechos de ríos, cerca de puentes, en estadios públicos de deportes, en el mercado local, en instalaciones escolares en la periferia de la ciudad, o en laderas de montañas”, dijo el informe.

“Los cargos importantes para tales asesinatos como los reportaron los entrevistados incluían: robar, transportar y vender componentes de cobre de maquinaria fabril y cables eléctricos; robar ganado… robar productos agrícolas… asesinato y homicidio; tráfico de personas… distribución de productos mediáticos sudcoreanos; prostitución organizada; abuso sexual; contrabando de drogas, y peleas entre pandillas”, continuaba.

Corea del Norte rechaza todas las acusaciones de abusos a los derechos humanos en el país.

Algunos de estos crímenes no fueron castigados con equidad, dijo el informe. Citó un informe de la ONU el cual halló que el abuso sexual cometido por funcionarios y soldados a menudo quedaba impune, y por lo tanto, las leyes contra tales crímenes podrían “aplicarse selectivamente”.

Mientras tanto, los entrevistados dijeron que tener “malos antecedentes familiares” podría aumentar las posibilidades de ser ejecutado por un delito, o para los propósitos del control gubernamental “como un medio de establecer un nuevo precedente al crear una atmósfera de miedo alrededor de ciertos comportamientos que el gobierno desea enfatizar como inaceptables”.

En prisiones políticas y correccionales, se hicieron ejecuciones tanto públicas como privadas, dijo el informe, “como un medio de incitar miedo e intimidación entre prófugos potenciales entre los internos sobre las consecuencias de tratar de huir”.

La ONU sostiene que, en países donde la pena de muerte todavía es legal, solo debería llevarse a cabo por los crímenes más graves como casos de asesinato premeditado.

El TJWG lleva a cabo su trabajo porque espera ser parte de un eventual proceso de justicia cuando se dé un cambio de régimen en Corea del Norte.

“A pesar de la incapacidad para predecir cuándo podría ocurrir una transición en Corea del Norte, o qué forma podría tomar esta, emprender un proceso justo y transparente de justicia transicional será una parte crucial para determinar el éxito de la construcción de paz y reconciliación en la península coreana”, dijo el informe.

 

 

 

 

 

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