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Por una reforma profunda

 

OpiniónA noventa y nueve años de su promulgación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mantiene vigente en principios fundamentales que plasmaron los constituyentes de 1917. Sin embargo, después de cientos de modificaciones se actualiza un debate sobre la posibilidad de un rediseño integral que, manteniendo inalterables derechos y libertades plasmadas en la misma, nos lleve a una Constitución para el siglo 21.

Los principios sociales de la Revolución plasmados en nuestra Carta Magna deben ser intocados: la democracia, los derechos a la alimentación, a la educación pública gratuita, al trabajo, al salario mínimo, a la justicia, a la libertad de culto y la prohibición de monopolios.

Pero, en sentido contrario al texto constitucional, seguimos con grandes déficits: rezago social, desigualdad y pobreza, falta de oportunidades suficientes para las nuevas generaciones, corrupción, impunidad e inseguridad.

Ante esta realidad, hay quienes plantean —anclados en un absurdo conservadurismo, con un discurso supuestamente de “salvación nacional”— que la solución de los problemas es regresar al texto original de la Constitución del 1917, como si a la vuelta de casi un siglo el País no hubiera cambiado o no hubiéramos evolucionado como sociedad.

Hay que reconocer que se han logrado reformas que han significado verdaderas revoluciones pacíficas, progresistas, garantistas, congruentes con las aspiraciones de los revolucionarios constituyentes del 17: el derecho de las mujeres al voto, la ampliación de los derechos humanos, de libertades políticas e individuales que han propiciado una mayor competencia política y una notable y verdadera pluralidad, la transparencia y la rendición de cuentas, y como resultado de ello, nuevas instituciones para hacerlos realidad.

Pero también ha habido importantes reformas que han contravenido el sentido profundo de los principios fundacionales establecidos en la Constitución del 17, particularmente al artículo 27 sobre la propiedad social de la tierra y de la nación sobre sus productos energéticos, así como al artículo 123 acerca de los derechos de los trabajadores. Han sido reformas altamente controvertidas y que no se dieron sobre la base de consensos entre las principales fuerzas políticas del País.

En aras de honrar a quienes hace 99 años, con enorme visión del México soberano y democrático, concibieron derechos y libertades, estamos obligados a reflexionar sobre los retos que tiene México, inmerso en la globalización del siglo 21.

De cara al primer centenario de nuestra Constitución, sostengo que, debiendo preservar los preceptos y principios fundacionales vigentes establecidos en nuestra Carta Magna, se requiere hacer en ella una reforma profunda para armonizar y actualizar nuestro sistema político con los contrapesos reales, hacer efectiva la división de poderes y trasladar todos los aspectos de excesiva reglamentación establecidos en la Constitución, a una especie de leyes fundamentales que, sin excepción, estemos todos obligados a respetar en un nuevo pacto social.

Esto es, hacer realidad los principios señalados en nuestra Carta Magna para tener un verdadero Estado democrático, social y de derecho, alejado del populismo y del autoritarismo, que se ofrecen como salidas a los problemas de la Nación.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Suena conocido

Veracruz es una de las entidades donde los gobiernos locales han sido los principales artífices de impedir el desarrollo y cohesión social en su propia entidad. Se han dedicado a corromper las instituciones y los procesos políticos como en pocas partes de la República Mexicana, algo suena conocido.

Todo eso ha alcanzado un punto máximo durante la gestión de Javier Duarte, quien aparte de impulsar las formas de corrupción más penetrantes en las organizaciones de su estado, vive en una completa impunidad. Los medios de comunicación libres han hecho un trabajo ejemplar al destapar varios casos de corrupción, aunque eso ha generado como represalia que Veracruz sea la entidad con mayor número de periodistas asesinados en los últimos años.

La cuestión con la exposición de los casos de corrupción es que no han generado sanciones para los implicados, dejando a Duarte y su grupo cercano vivir en la más completa impunidad. Lo cual, evidentemente ha acrecentado el descontento de la sociedad hacia un gobierno que, cada vez de forma más clara, responde a intereses de un grupo específico, totalmente ajenos a los intereses reales de la sociedad veracruzana.

Un estado con grados de violencia muy elevados, causa del crimen organizado que no muestra oposición del gobierno; una desigualdad social y económica lacerante en muchos municipios; un endeudamiento del gobierno con sus proveedores, a quienes está llevando a la quiebra; así como un desvío de recursos, lo que ha generado más deuda pública, condicionando a las siguientes generaciones a pagar por recursos que no se han aclarado dónde quedaron; y, la represión a todo aquel individuo que contradiga la línea del gobierno, entre muchos otros factores. Todo eso operado por un gobernador y equipo, quienes gozan de fuero y de la protección del gobierno federal, quien muestra una vez más que la identidad partidista pesa más que la justicia.

El descontento social ha ido en aumento, siendo la última demostración el hecho de la cafetería, donde los comensales corrieron al gobernador Duarte en medio de quejas e insultos hacia su persona. Las reacciones sociales que muestran el disgusto hacia gobiernos tan reprochables son necesarias en una vida democrática, lo que debe hacer ahora el pueblo veracruzano es encauzar ese fastidio hacia el cambio que buscan.

Muchas veces las manifestaciones sociales quedan en una nota pero no generan una modificación en los patrones por los cuales se dieron dichas expresiones. En el caso de Veracruz hay mucho por hacer, considerando también las elecciones que están en puerta.

Antes que nada, conocer a los candidatos que buscarán el voto ciudadano, así como sus propuestas de gobierno más allá de la tradicional retórica. El segundo punto es la voluntad política que deben mostrar los candidatos, el presentar su 3 de 3 que incluye su declaración patrimonial (cuáles son sus bienes), declaración fiscal (cumplimiento de sus declaraciones ante Hacienda) y su conflicto de intereses (relaciones sociales que puedan intervenir en su actuar público); aunque no es vinculante, el mostrar su 3 de 3 genera más certeza en el votante. Y por último no caer en el otorgamiento del voto por las prebendas que puedan dar los candidatos, la relación de voto-prebenda es lo que ha llevado a no generar planes de gobierno sino a la búsqueda de recursos —no siempre lícitos— para las campañas políticas, sobre todo el día de la elección.

En la democracia, el voto es la herramienta más importante y la unión ciudadana es lo que dará la fuerza a los veracruzanos para generar el cambio tan necesario en dicho estado. Es necesario hacer ver a los aspirantes a puestos de elección popular que la situación actual del estado es insostenible y que es necesaria una nueva clase política que dé señales, desde antes, de compromiso social. Los veracruzanos tienen la llave, que la sepan utilizar por el bien de su estado.

Apostarle al olvido

Es la tercera vez que el presidente Enrique Peña Nieto quiere pasar la hoja, olvidar o superar la tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Pero ayer no lo dijo a distancia, lo dijo en el epicentro del dolor, en Iguala, Guerrero, al encabezar la ceremonia conmemorativa del 195 aniversario de la Bandera nacional.

Sus palabras exactas, frente a los 6 mil asistentes, fueron: “Iguala es un municipio emblemático en nuestra historia nacional, no puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos. Su gente merece ser conocida por sus fortalezas, por su calidez, y por su firme carácter para alcanzar logros en favor de su comunidad”.

Peña Nieto anhela el olvido; sin embargo un año y cinco meses después, los padres y familiares de los desaparecidos siguen preguntándose lo mismo que el 28 de septiembre de 2014: ¿Dónde están? Y ¿por qué los desaparecieron? No ha habido respuestas y sólo tenemos una “verdad histórica” que al paso de los días no tiene ni pies ni cabeza.

Lo dicho por el Presidente es un discurso reciclado. El 4 de diciembre de 2014, en su primera visita a Guerrero desde la desaparición de los estudiantes, Peña Nieto llamó a “superar” el dolor. Sí, solo dos meses después de la tragedia, así lo dijo: “Quiero convocarles para que con su capacidad, con su compromiso con su estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia delante y podamos realmente superar este momento de dolor”. No lo hemos superado.

Un mes y medio después de su visita a Guerrero, a finales de enero de 2015, en el “Diálogo por la educación superior” en Los Pinos, insistió en el olvido: “Estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México, de pena, de tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí”, dijo el Presidente, y hay que avisarle que los padres siguen ahí. Cuando se cumplió un año, los familiares de los estudiantes desaparecidos le escribieron una carta al Presidente.

Hoy vale la pena recordarle algunas frases al Ejecutivo: “Nuestras vidas han sido destruidas y sólo nos mantiene de pie el amor por nuestros hijos […] en vez de que se haya procurado la verdad , se procuró la mentira […] ya no queremos escucharlo que debemos superar este dolor y seguir adelante”.

Otra vez falló el Presidente, olvidó uno de los reclamos básicos de los padres, habrá que decirle que las tragedias no se olvidan por decreto sino con justicia, y que una ciudad como Iguala quedará marcada para siempre, así como su sexenio quedará marcado con el sello indeleble de la impunidad.

Libre importación

Tras el anuncio de la adelantada libre importación de gasolinas, efectuado el lunes pasado por el presidente Enrique Peña Nieto en Houston, Texas, en México hubo dos reacciones: la de quienes consideran que se desmantela la empresa petrolera nacional y la de otros que vieron llegar la libre competencia en la compra de un combustible que ya anda por las nubes.

Si bien es cierta, la libre importación de gasolinas era algo que ocurriría en 2017 porque así viene dispuesto en la nueva reforma energética, es un hecho que el anuncio hizo salir muchas banderas nacionalistas; lo cierto es que el combustible se importa y desde hace mucho, lo mismo que otros productos refinados. En muchas ocasiones, la importación de gasolinas se ha debido a que el Sistema Nacional de Refinación no cuenta con la capacidad para abastecer la totalidad de la creciente demanda de estos combustibles.

Ante la situación adelantada de la importación, el entusiasmo se generó en torno a obtener la gasolina por un precio menor en el entendido de que si la gasolina baja, no bajarían muchos de los productos que suben dado el incremento del combustible, pero al menos se mantendrían en precios estables.

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