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Por una educación de calidad

ERICK ZUÑIGA

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El Informe sobre el Derecho a una Educación de Calidad nos muestra una realidad impresentable en materia de educación preescolar en el país. Tenemos, según este documento elaborado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a 1.5 millones de niñas y niños de tres años de edad que no asisten a la escuela en este nivel educativo.

Adicionalmente, nos advierte el instituto, tenemos a prácticamente 250 mil niñas y niños de cuatro años de edad que tampoco están matriculados en el sistema educativo, lo cual nos da una cifra de 1.75 millones de niñas y niños de tres y cuatro años, privados de su derecho a una educación de calidad.

Quizá lo más alarmante en el tema es que, a diferencia de otros niveles educativos, en los que el problema se encuentra en el abandono de la escuela por falta de recursos económicos, condiciones de violencia, migración, etcétera, en el preescolar la cuestión es que no hay escuelas a las cuales inscribir a las niñas y los niños.

Adicionalmente está la cuestión de que para muchas familias es prácticamente imposible llevar a sus hijas e hijos al preescolar, pues el horario de atención es sumamente reducido; inicia muy tarde y termina muy temprano; en términos llanos, es incompatible con las cargas laborales de las familias.

Desde esta perspectiva, una de las recomendaciones que hace el INEE se sintetiza en la vieja demanda de ampliación de los horarios en este nivel, además de una radical transformación del modelo de atención: de uno rígido “academizante” como el que tenemos ahora a uno de mucho mayor flexibilidad, que permita la integración y la enseñanza en climas adecuados para promover la atención específica requerida en este grupo de edad.

La cuestión es mayor, pues, de acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica (INEGI, 2013), la mayoría de los planteles del preescolar, tanto en su modalidad pública como privada, están ubicados en instalaciones que no fueron construidas para funcionar como centros educativos; es decir, se trata, en el mejor de los casos, de viviendas adaptadas para la atención de las niñas y los niños que por su edad son los más vulnerables.

No hay, además, un modelo pedagógico unificado con base en el cual puedan exigirse resultados para el grupo de los tres años; y tampoco para el de cuatro. A pesar de ello, lo sorprendente es que el INEE descubrió que en este nivel educativo el aprendizaje en matemáticas y pensamiento abstracto es mucho más elevado que el registrado en primaria, secundaria, y ya no se diga la educación media superior.

Es decir, a medida en que se va avanzando en la edad, se van perdiendo capacidades de aprendizaje, y eso es un lujo que no podemos darnos porque, en primer lugar, es violatorio del derecho de la niñez a recibir una educación de calidad; pero en segundo término es una muestra del deterioro no sólo de los espacios educativos y la calidad de la enseñanza en niveles superiores, sino también de los entornos en que crecen y se desarrollan las niñas, los niños y las y los adolescentes.

Estamos ante un panorama desolador, porque matricular a esta cantidad de niñas y niños no se va a lograr en el corto plazo; y ello implica que estaremos perdiendo enormes capacidades de desarrollo presentes y futuras, porque no estamos siendo capaces de velar integralmente por sus derechos. Por lo anterior, es urgente que los gobiernos, en todos sus órdenes y niveles, puedan asumir con la seriedad requerida la urgencia de colocar a la agenda de la niñez al centro de todas las decisiones públicas, así como comprender que la pérdida de capacidades educativas limita el cumplimiento de otros derechos de nuestras niñas y niños.

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