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Por a educación

Opinión-colorErick Zúñiga

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso decisivo al dictar sentencia respecto de diversos amparos promovidos por profesoras y profesores frente a la reforma educativa. Los argumentos en disputa eran, en resumen, los siguientes.Por un lado, quienes promovieron los amparos argumentaban que la defensa de sus derechos laborales debería permitirles utilizar recursos como la movilización social o el paro laboral indefinido, lo cual se traduce por necesidad en el elemental acto de no dar clases.

Por otra parte, la sentencia de la SCJN establece que por encima de los derechos laborales de las y los trabajadores al servicio de la educación debe prevalecer el principio constitucional del Interés Superior de la Niñez, establecido en el Artículo 4º de nuestra Carta Magna.La cuestión tiene una enorme trascendencia, porque pone de manifiesto dos cuestiones: una que tiene que ver con la política y la disputa por espacios de poder; y la otra con un tema de gran calado en materia de los derechos humanos en nuestro país.

Respecto la disputa política, la sentencia de la Corte es determinante: no se puede tener como rehén a los derechos de los demás en aras de la defensa de los intereses privados. Y debe hacerse hincapié en un hecho que parece olvidarse en diversos sectores sindicales del magisterio: en sentido estricto las y los trabajadores del sector educativo son burócratas; es decir, trabajadores al servicio del Estado.

En esa lógica, el argumento de la Corte resulta impecable: quienes trabajan en el sector educativo tienen una labor esencial porque sus actividades permiten (o impiden) el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños; pero también de las y los adolescentes y jóvenes que cursan la educación media superior y superior, aun cuando en este tema esos niveles se comportan de una manera distinta.

El otro tema es todavía más relevante. Si la Corte ha determinado en este caso que en todo momento debe prevalecer el principio del interés superior de la niñez; entonces, por analogía, este argumento debería extenderse a todas las áreas del Estado mexicano. En ese sentido es pertinente preguntarnos ¿qué pasaría si las organizaciones de defensa de los derechos de la niñez propusieran un conjunto de amparos para que, frente a la propuesta de presupuesto base cero, se tome en consideración como criterio fundamental de la reasignación y ordenación de los recursos al principio del  interés superior de la niñez?

Por ejemplo, se podría proponer, vía el amparo, que es más urgente garantizar el derecho constitucional a la alimentación que construir más libramientos carreteros o distribuidores viales, que está demostrado benefician sólo a una parte de la población. Lo mismo podría argumentarse en lo relativo a la reducción de la tasa de mortalidad materno-infantil, indicadores respecto de los cuales quedamos a deber en el saldo de las Metas del Milenio en 2015.

O, por ejemplo, podría promoverse que el presupuesto base cero destinara los recursos necesarios para que todas las niñas y niños del país tengan beca, bajo la consideración de que las niñas y los niños son el grupo de población en el que hay mayor proporción de pobreza; o bien, que en todas las escuelas públicas haya comedores escolares para garantizar el derecho a la alimentación, pero también para reducir el porcentaje de niñas y niños en vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación.

Lo que la Corte hizo fue, con base no sólo en los Artículos 4º y 3º de la Constitución, sino también en el 1º, poner en su justa dimensión, quizá por primera vez en el país, la magnitud y relevancia que tiene el citado principio del interés superior de la niñez; ojalá que sus implicaciones nos ubiquen también en la ruta de construir, de una vez por todas, un país apropiado para la infancia.

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