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Pésimo sistema de justicia

 

Opinión-colorErick Zúñiga

La procuración e impartición de justicia sigue siendo una asignatura pendiente en el país. Nuestro sistema político establece de acuerdo a la Constitución General de la República, tres poderes el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, este último ha sufrido varias modificaciones y en él se desarrolla nuestro sistema de impartición de Justicia. Muchas generaciones de mexicanos han pasado de largo, sin conocerla. No se regatea el mérito de los logros alcanzados, pero es tanto lo que falta por hacer que no hay espacio para ninguna complacencia.

En todos los frentes hay desafíos. En el sistema judicial, se requiere abrir cortinas y ventanas para que entre el aire y la luz. Los organismos que lo componen, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales colegiados y Unitarios de circuito, Consejo de la Judicatura y los jueces de Distrito y los organismos estatales, han trabajado demasiado tiempo en la penumbra, lejos de la observación ciudadana, lo que es sin más una afrenta para la democracia.

El sistema presenta una figura, orgullo del Poder Judicial, creada por Manuel Crescencio Rejón en 1847 “el juicio de amparo” medida de protección ciudadana a la violación por parte de la autoridad de los derechos individuales o fundamentales consagrados en la Constitución. Este procedimiento con los años ha sido modificado facilitando su acceso, lo que ha propiciado también en la práctica un uso indebido. Este tema requeriría de un comentario más amplio que guardaremos para otra ocasión.

En 1995 se aprobó la Reforma Judicial, criticada en su momento, pero decisiva para el futuro del Poder Judicial dando paso al Consejo de la Judicatura Federal, organismo responsable de la vigilancia y supervisión del trabajo de los jueces que integran el sistema judicial, con la aspiración de mejorar el trabajo de los jueces, profesionalizándolo y abatir la corrupción.

Sin embargo; a pesar de todos los esfuerzos, la percepción cotidiana sobre la labor judicial es de desaprobación y desconfianza, como lo demuestran las estadísticas que señalan que solo se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos., debido a la falta de confianza de las víctimas.

De los delitos consumados solo existen un 4.46% de sentencias condenatorias, lo que representa una impunidad cercana al 95% de los delitos que fueron acreditados por la autoridad correspondiente.

La certeza ciudadana es que quien cuenta con recursos económicos suficientes, bien o mal habidos, siempre tendrá más facilidades y posibilidades de obtener una sentencia favorable. Los ejemplos más claros están con los narcomenudistas o narcotraficantes que una vez detenidos, durante su proceso, claro llevado con toda rapidez, se encuentra un elemento legal para que el juzgador declare que lo deja en libertad, en virtud de que las pruebas fueron insuficientes o se presentaron fallas procesales de la Procuraduría al consignarlo ante el Juez; quizá, el caso más reciente se presenta con el “Yorch” narco que se apoderó desde hace 16 años del Auditorio “Justo Sierra” de la UNAM donde habita y lidera una pandilla de delincuentes con impunidad. Por ello, Indigna a la sociedad la decisión del juez que con rapidez y casi con cortesía libera a este delincuente público.

¡Cómo no pensar que existe corrupción! ¡Cómo exigir confianza de la sociedad¡ si comparamos este caso con el que se narra en la película-documental “Presunto Culpable” donde gracias a un esfuerzo creativo de jóvenes abogados se exhibe la corrupción e ineficiencia de los jueces penales, declaraciones sin sustento, aceptación de pruebas falsas, prepotencia y poco cuidado procesal en contra de un detenido que paso varios años en la cárcel injustamente.

Adicionalmente se encuentran los detenidos sujetos a sentencia que padecen una lentitud y rezago en sus procesos, incumpliendo así con la garantía constitucional de “justicia expedita”, los litigantes aprovechan los recovecos procesales para buscar dilación en los procesos y cobrar un poco más, chantajeando a familiares de los detenidos.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Un fracaso más

En fechas recientes, la información que publican tanto la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), como distintos medios de comunicación, nos ha permitido construir una imagen un poco más clara de qué tan profundo ha sido el fracaso de las distintas estrategias impulsadas en los últimos 25 años para combatir la pobreza.

Si nos atenemos a los números de Coneval, en 1992, 21.4 por ciento de la población padecía pobreza extrema y 53.1 por ciento padecía pobreza. En 2012, las cifras eran de 19.7 y 52.3 por ciento, respectivamente. Una ligerísima superación en el frente de la pobreza extrema y una igualmente ligera derrota en el frente de la pobreza, nada para nadie. Veinte años de programas, fórmulas, retórica y millones de pesos destinados a publicidad, que no llevaron a lugar alguno.

Y en los últimos tres años, en los datos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, no hay nada que hable de alguna mejora en ambos frentes. Una investigación del diario Milenio, publicada a principios de este mes, encontró municipios en los que la cobertura de la Cruzada era varias veces superior al número de personas en situación de pobreza. El caso más extremo, el municipio de Juchipila, Zacatecas, donde la cobertura fue de hasta mil 516 por ciento.

Pero hay más casos: en el mismo Zacatecas, Moyahua de Estrada, una cobertura de 464 por ciento. San José de Gracia, Aguascalientes, 331 por ciento. Querétaro capital, 157.9 por ciento; Emiliano Zapata, Hidalgo, 143 por ciento; Pachuca, Hidalgo, 119 por ciento; Lázaro Cárdenas, Mich., 105.2 por ciento o Tlalpan, Ciudad de México, 103 por ciento.

Obviamente, la contraparte de todos estos municipios con sobrecobertura son los municipios donde la Cruzada no llegó, lugares olvidados de la mano de Dios y de la mano de los programas de combate a la pobreza como Asunción Tlacolulita, Oaxaca, donde la cobertura fue del 0 por ciento o como San Juan Mixtepec, también en Oaxaca, donde la cobertura fue del 1.10 por ciento.

Lo más preocupante es advertir que la política de combate a la pobreza estuvo plagada de abusos y excesos durante los años de vacas gordas petroleras, por lo que sería necesario preguntarse qué ocurrirá ahora que viviremos los años de  vacas flacas. A ciencia cierta nadie lo sabe. Es de suponer que ahora las entidades responsables de la política social, Sedesol y Coneval, entre otros, tendrían que tomarse en serio el problema y diseñar programas que de verdad atiendan las causas estructurales de la pobreza, pero eso se antoja —en el mejor de los casos— poco probable.

Son muchas inercias que ni siquiera la alternancia de 2000 logró sacudir. Quizás lo que no consiguió el cambio político en 2000, lo logren las penurias económicas de un país que ha perdido millones de dólares de ingreso petrolero. Esa necesaria creatividad  podría ser la única ventaja que nos diera esta nueva crisis global petrolera.

La clave está en la producción local de alimentos, no en la distribución de alimentos elaborados en otras regiones. La inmensa mayoría de los más pobres de este país viven en zonas rurales, donde las posibilidades reales de insertarlos en la economía industrial o de servicios son casi nulas. Lo único que puede ayudar a esas comunidades, que viven en condiciones de aislamiento crónico, es que se les capacite para producir sus propios alimentos, se les apoye con créditos y subsidios temporales para este fin y se les permita desarrollar modelos propios de organización y gestión de sus propios recursos.

Porque tanto brinco…

Dos sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son motivo para identificar insuficiencias del llamado Modelo de Comunicación Política (MCP). La primera, de la Sala Superior, ordena al INE otorgar medidas cautelares para retirar un spot de Morena en el que aparece Andrés Manuel López Obrador. La segunda, de la Sala Regional Especializada, determina que diversos comunicadores, entre ellos Joaquín López-Dóriga, al expresar comentarios respecto a los spots de los partidos y del INE, actuaron dentro de los márgenes constitucionales y legales.

En las sentencias se abordan cuatro bienes jurídicos claramente entrelazados y, en apariencia, contrapuestos: la libertad de expresión de los ciudadanos; la libertad de expresión de partidos y candidatos; es decir, su derecho a manifestar libremente sus ideas; el derecho a saber de los ciudadanos, respecto de las propuestas de partidos y candidatos que es, o debiera ser, elemento fundamental para ejercer un voto razonado y; finalmente, el principio de equidad en las contiendas electorales.

Por su parte, el MCP se apoya en tres instrumentos para lograr su objetivo primordial de preservar la equidad en la contienda: el reparto equitativo (que no igualitario) de los tiempos del Estado en radio y televisión, a partidos y candidatos, para que difundan su propaganda; la administración exclusiva a cargo del INE de dichos tiempos, para esos fines; y la prohibición para que cualquier ente contrate o adquiera tiempo en esos medios para fines electorales.

No se mide con la misma regla

En la primera de las sentencias referidas, la Sala Superior, al imponer límites a la forma en que los partidos pueden ejercer su derecho a manifestar sus ideas, construye su argumento con base en la distinción entre la propaganda política y la propaganda electoral, que se emiten en momentos distintos. La primera, dice, se transmite para divulgar contenidos de carácter ideológico a fin de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas o creencias. La segunda, está íntimamente ligada a los postulados y campaña política de los respectivos partidos y candidatos que compiten en los procesos comiciales para aspirar al poder o posicionarse en las preferencias ciudadanas.

Durante las precampañas y campañas electorales, que es el espacio en el que actúa la propaganda electoral, el MCP ha sido virtuoso. En la medida en que ha impuesto una esfera que protege la equidad en la contienda electoral en esos medios de comunicación. Sin embargo, al haber expandido esa esfera al ámbito de la propaganda política se incentivan: tanto un debate político viciado, en el que sólo los partidos pueden actuar, como la anticipación de campañas electorales.

En la segunda sentencia, la Sala Regional Especializada, en línea con una visión clásica-liberal -que asume como contrapuestos el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos con el principio de equidad- opta por el primero de esos derechos. Se aleja, así, de una visión democrática que asume a la equidad como una condición de la propia libertad de expresión. Libertad que, por cierto, no es absoluta, ni cualquier expresión forma parte de ella.

No es benéfico para la vida democrática que el debate político sea acaparado por unos cuantos. Si bien los partidos son actores esenciales en el entramado político democrático, no son los únicos. Por otra parte, desde una visión democrática, la libertad de expresión no es una manifestación aislada de cada individuo sino deliberación colectiva.

En suma, no es saludable constreñir la esfera de lo público y empobrecer el debate político. Pues hasta ahora, la mayoría de los ciudadanos no toma parte en esa conversación.

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