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Responsabilidades

Opinión-colorErick Zúñiga

A cuatro meses de la tragedia que enlutó a Iguala, Guerrero, y registra más de 120 días de caos, violencia, amagos y declaraciones que han vulnerado la frágil paz social en el país, persisten dos interrogantes. La de los familiares: ¿Dónde están?, y la de este espacio: ¿Quién los mandó?

Para la primera, hay una respuesta oficial por parte de la PGR, que investiga el caso, aunque los padres de familia de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa la rechacen y  le apuesten con sus “asesores” al desgaste del movimiento de manera injusta. La segunda pregunta espera contestación.

Réplica que también exigen los familiares de los policías de Iguala detenidos y que marcharon la semana pasada. Movilización que llamó la atención, pues sumaron más de 400 personas y exigían que se investigue al comité estudiantil de Ayotzinapa y la “solidaria” participación de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) con los familiares de los estudiantes.

Afirman que el desmedido apoyo de la CETEG a los afectados está respaldado por intereses externos de grupos sectarios y radicales ligados a la guerrilla que buscan llevar agua a su molino, de ahí el escalamiento en el nivel de las protestas, pues buscan a través de la confrontación hacerse de otro muerto o víctimas y potencializar el movimiento.

Escenario de alto riesgo, sin duda, ante la ingobernabilidad que vive Guerrero y que ha puesto en jaque a las autoridades, locales, federales y electorales que no logran aún estabilizar la situación y garantizar que se realicen las elecciones intermedias para renovar, gobernador, alcaldías y congreso local.

Incluso, los partidos fuertes en la entidad no definen todavía a sus candidatos. El PRI decidió posponerlo hasta el 4 de febrero y el PRD, después de la ventaneada que les puso Armando Ríos Piter, negocia con todos los actores, incluido el ex mandatario, Ángel Heladio Aguirre, (mecenas de la CETEG) que opera sin que nadie lo moleste; por el contrario, su hijo Ángel Aguirre es candidato del sol azteca a la alcaldía más importante: Acapulco, pese a que declaró: “estar de acuerdo con la propuesta de la ONU, que pide que se investigue al ex gobernador, por su responsabilidad en el caso Iguala”. ¡Órale!

Como se aprecia, el camino para recuperar la paz social y la seguridad en Guerrero enfrenta varios obstáculos: el principal, la CETEG, que ha hecho del movimiento de Ayotzinapa su modus vivendi, muertos que alimentan a los vivos, a través del saqueo, cobro de cuotas, secuestro y ordeña de camiones, toma ilegal de 45 alcaldías, así como percibir un salario de maestro sin trabajar, es decir, maestros que cambiaron el aula por las calles y el redituable caos.

Ahí está el caso que denunciamos en este espacio de Felipe de la Cruz Sandoval, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, hombre leal al ex gobernador Aguirre, que tiene plaza de maestro y  cobra desde hace cuatro meses sin dar clases,  pues vive en Ayotzinapa y acompaña a sus representados a todas partes con los gastos pagados.

De ahí la fuerza de la estrategia desestabilizadora de la CETEG, pues como dicen en corto, “por recursos no, nos van ahorcar, aquí lo que sobra es dinero”. En efecto, no es una cuestión de recursos, buscan mantener el control político de Guerrero, como ha sucedido en los últimos años de gobiernos perredistas que han cedido a todas sus exigencias y no precisamente de corte educativo.Sin embargo, han estirado tanto la liga que está a punto de romperse. Los guerrerenses están hartos del clima de confrontación generado y sus funestos resultados en la economía. Si bien estos grupúsculos no quieren elecciones, el grueso de la población exige su realización.

 

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