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Dinero perdido

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

Como si nuestro país no tuviese necesidades más apremiantes que la de financiar la política, o el precio del petróleo no estuviese en un tobogán y el riesgo de recortes presupuestales en áreas prioritarias fuese una engañifa, los partidos acaban de llevarse a la buchaca una insultante bolsa de 5 mil 356 millones de pesos.Se apropiaron de esta partida con el indisimulable aval del los consejeros del INE, encabezados por

Lorenzo Córdova, y la justificación, inocente o mentirosa, de ponerlos a salvo de la tentación del dinero ilícito. Es decir, de ese dinero que de todos modos sus líderes y candidatos van a procurar o por lo menos no desdeñar, si les llega sin buscarlo.

En modo alguno es descabellado imaginarse a los dirigentes formales, caciques, gerentes y virtuales dueños de los diez partidos, descorchando champaña tras la asignación del financiamiento por los cuatro conceptos establecidos en la ley, a cual más inverosímil e inflado. Del gasto para campañas al de franquicias postales y telegráficas.

No era para menos. Es conocida la propensión a la buena vida con cargo al erario público de Ricardo Anaya, Gustavo Madero, César Camacho, Carlos Navarrete, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Jorge Emilio González, y aun los recién llegados al elenco, entre estos Iris Salomón  y Javier Eduardo López, sin olvidar a Ricardo Monreal ni Andrés Manuel López Obrador.

Teóricos representantes de los ciudadanos, los consejeros electorales se afanaron menos en poner el dedo en la llaga purulenta de la codicia insaciable de los partidos y el exorbitante costo de nuestra democracia, que en fungir como asesores y consejeros de las cúpulas partidistas, a base de recomendaciones en materia de fiscalización y transparencia. Como si este aspecto no estuviese claramente establecido en la ley y debieran ser conocidos a fondo por quienes manejan las distintas formaciones.

Córdova sostuvo que el dinero para los partidos “no aumentó sino que se redistribuyó”, y les pidió a los dirigentes blindarse de la influencia de fuentes de financiamiento ilícitas, llevar registro cuidadoso sobre el uso de cada centavo y ser exigentes en la revisión de trayectorias de líderes y candidatos. Obviedades que, de ser soslayadas, obligan —con o sin consejo del INE— atenerse a las consecuencias legales.

Con el cambio de fórmula para el financiamiento —agregó Murayama— esta vez fueron repartidos 5 mil 356 millones; pero en el pasado, con la fórmula anterior, la cifra hubiera ascendido a más de 7 mil millones de pesos. Gratitud eterna a quienes hicieron posible semejante ahorro.

A despecho, sin embargo, de lo que con grandilocuencia sugieren los consejeros del INE, y sin negar la importancia de los partidos, la democracia, la paz social y otros caros valores, el dinero público destinado a financiar la política es descomunal y resulta ofensivo frente al cúmulo de necesidades sociales apremiantes.

Más aún, los recursos entregados a los partidos son virtualmente tirados al cesto de la basura, a la luz del derroche y la corrupción del grueso de nuestra clase política, acostumbrada a la grilla entre lujos, en las mejores condiciones, los restaurantes más caros, las bebidas más sofisticadas, camionetas del año, hoteles cinco estrellas, ejércitos de ayudantes…

Ni buscando con afán en los lugares más remontados puede encontrarse alguien que haga política por vocación, sin retribución económica, desde la base, en la plaza pública y la calle, cargando ladrillos, pegando carteles.Lo de ahora es la política a sueldo, con costosos spots en la televisión y la radio, encuestas por encargo, call centers y redes sociales adulteradas, equipos de tuiteros de a tanto las 40 palabras, capaces de forjar o destruir prestigios en pocos minutos.

Eso de la democracia…

Lorenzo Córdova dijo hace poco que si las elecciones fueran hoy no podrían realizarse por falta de condiciones propicias. Y es que no se trata de blindar sólo el día de la jornada electoral, que podría hacerse, sino permitir que el proceso se desarrolle en calma.

Guerrero es el tema dominante en la prensa nacional. De manera sistemática los diarios ubican en primera plana notas originadas en ese estado. Todas vinculadas, de cerca o de lejos, a lo sucedido la noche triste del 26 de septiembre en Iguala y Cocula y sus resonancias en otros ámbitos, sobre todo en este arranque de año a las elecciones. Los activistas de la CETEG han emprendido una agresiva serie de movilizaciones que gira alrededor de la amenaza de que no habrá elecciones en Guerrero si no son presentados vivos los normalistas desaparecidos. Que estén con vida es algo cada día más improbable, de manera que esa condición no se cumplirá. Lo que sí puede hacer el gobierno es poner ante un juez a los autores materiales e intelectuales de lo ocurrido. Sería mucho pero insuficiente para los quejosos. Los familiares presumen que podrían estar vivos escondidos en algún cuartel militar. Todo es posible, pero lo cierto es que parece una alternativa disparatada, si las hay.

Lo cierto hoy día es que hay un riesgo concreto, real, de que la elección no se lleve a cabo. El propio presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, dijo hace poco que si las elecciones fueran hoy no podrían realizarse por falta de condiciones propicias. Y es que no se trata de blindar sólo el día de la jornada electoral, que podría hacerse, sino permitir que el proceso se desarrolle en calma, esto es las campañas, los actos de proselitismo, la preparación de los funcionarios de casilla, entre otras tareas. La mayor parte de la población no está entusiasmada con los comicios pero la gente siempre está dispuesta a ir a votar.

Los gobernantes que merecemos

Los que no quieren la votación son los activistas de la CETEG, que son pocos y bien identificados, pero sus refuerzos pueden ser muchos y peligrosos, como guerrilleros vestidos de civiles, anarquistas y organizaciones antistémicas, como los macheteros de Atenco y otras. Incluso la amplia variedad de grupos criminales que operan en la entidad podrían estar interesados en la escalada de desestabilización. Desde luego el gobierno federal quiere que haya elecciones y se forme un nuevo gobierno a partir de la voluntad popular, porque eso enviaría el mensaje de la normalidad democrática, que es de primera necesidad. Para el gobierno esto es mucho más importante que el emblema del partido del candidato ganador. Lo que se busca es que haya elecciones.

Lo anterior obliga a plantear una serie de preguntas que pueden ser incómodos o políticamente incorrectas pero que son pertinentes en la coyuntura ¿Es importante que haya elecciones en Guerrero el próximo 7 de junio? ¿Cambiará para bien la situación imperante que haya un nuevo gobernador? ¿Los ciudadanos confían en los organismos electorales y en los partidos? Y la más importante de todas: ¿La democracia resuelve problemas? Las respuestas no son ni fáciles ni agradables. Plantearlas puede considerarse entre ciertos sectores imprudente sobre todo porque durante décadas se nos ha presentado a la democracia como fuente inagotable de beneficios para la población. La era del partido hegemónico, casi único, dotó a la democracia que una aureola de tierra prometida en la que todo sería jauja. No lo es, ya lo sabemos. Supone la posibilidad de que lleguen al gobierno personas con la legitimidad que da el voto mayoritario de la población, lo que está bien pero no garantiza nada. De hecho, Ángel Aguirre y Abarca ganaron elecciones para convertirse en gobernador y alcalde, respectivamente y ya ven cómo nos fue.

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