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Oaxaca, una de las entidades puntero a nivel país en legalidad y transparencia: SCTG

El contralor, José Ángel Díaz Navarro compareció ante el Congreso del Estado en el marco de la glosa del Segundo Informe de actividades del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

San Raymundo Jalpan, Oax.- El Gobierno del Estado es parte de un nuevo sistema que busca alinear de manera corresponsable a los tres niveles de gobierno y a la ciudadanía con el fin de consolidar un frente contra la corrupción y la impunidad, esto se logrará con el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, afirmó el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro.

En el marco de la glosa del Segundo Informe de actividades del gobernador Alejandro Murat Hinojosa ante el Congreso del Estado, el funcionario señaló que el 30 de mayo pasado inició operaciones el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, y a partir de ello, la SCTG de Oaxaca se sumó simultáneamente a los trabajos del Comité de Participación Ciudadana.

Dijo que la Contraloría coordinó, en representación del estado, la región Centro-Golfo-Istmo de la Comisión de Contralores Estados-Federación, y presentó el “Manual de contraloría social con enfoque en blindaje electoral” y el “Protocolo de Operatividad por Contingencia del Órgano Estatal de Control”, documentos autorizados por la Secretaría de la Función Pública(SFP) que sientan un precedente para la vigilancia de los recursos públicos.

Expuso ante los integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, que en este año la Contraloría puso a disposición la aplicación móvil gratuita “Contraloría Digital-Oax”, instrumento para la investigación y una determinación eficiente de responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Díaz Navarro señaló que fue publicado el Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado, instrumento legal que establece la conducta de las y los funcionarios del Estado dentro de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con el cual se podrán detectar actuaciones contrarias a la integridad y responsabilidad, en noviembre iniciaron los trabajos de implementación y continuarán el próximo año.

El funcionario señaló que la SCTG realizó la revisión de contrataciones de los órganos públicos y, en su caso, de los municipios; se vigiló que estos procesos se realizaran de acuerdo a la ley.

De los 913 procedimientos revisados de contrataciones públicas, 888 fueron mediante licitaciones públicas, lo que representa el 98% del monto total contratado.

Señaló que en materia de auditorías, esta instancia realizó 61 procedimientos a recursos estatales y federales por más de 8 mil 328 millones de pesos.  Al 30 de noviembre, se han concluido 15 con 39 observaciones por 98 millones de pesos.

Así como 46 auditorías del Programa Anual de Trabajo con la SFP que derivaron en 119 observaciones por 499 millones, las cuales están en trámite de atención por parte de las dependencias y entidades responsables del ejercicio del recurso.

Se coordinó, en el ejercicio de atribuciones de la SCTG, 348 observaciones pendientes de solventar por 7.5 millones de pesos ante la Secretaría de la Función Pública,correspondientes a auditorías realizadas a recursos públicos federales en los ejercicios 2009-2017.

De lo anterior, se ha descargado el 90% del total observado: 6 mil 840 millones de pesos; el monto restante: 327 millones, están en análisis por la Secretaría de la Función Pública, 281 millones se encuentran en proceso de atención por las entidades ejecutoras y 123 millones corresponden a municipios.

El contralor dijo que se radicaron durante el año 2017, 805 expedientes de investigación de quejas,denuncias y peticiones contra servidoras y servidores públicos; y en este 2018 se radicaron un mil 106 más, de las cuales se han concluido 635 en el mismo periodo. Se han tramitado un total de un mil 585 expedientes de responsabilidad administrativa y se han resuelto un mil 135.

Como resultado de estos expedientes –dijo-, se han inscrito un total de 945 sanciones a funcionarios públicos, lo que representa un 88% de eficacia en la resolución de expedientes iniciados al haber culminado con algún tipo de sanción en Oaxaca.

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