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No más retórica

OpiniónErick Zúñiga

El miércoles nuestro país dará un paso grande y consistente, aunque tardío y aún insuficiente, en el propósito de eliminar el tráfico de drogas y su terrible secuela de violencia y deterioro institucional y moral, al entrar de hecho la mariguana en el camino de la legalización para todos los fines. Esta medida, de verdad histórica aunque apenas inicial, será posible gracias a la Suprema Corte de Justicia —en particular el ministro Arturo Zaldívar—, que previsiblemente asumirá su alta responsabilidad con sensatez y sin temores ni afanes de figuración.

Ese día el máximo tribunal resolverá —con toda seguridad a favor— la demanda de amparo de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, a la cual dará luz verde para el cultivo, posesión, transporte y consumo, aunque no comercialización de la hierba.

Se trata, sin duda, de una determinación que ayudará a reducir la barbarie en que estamos inmersos —150 mil muertos en nueve años de guerra antidrogas, calcula la ONU— y que si bien en sus inicios quizá disparará el consumo, también liberará parte del río de dinero actualmente canalizado a combatir el narco en un cuento de nunca acabar.

Junto con Colombia y otros países sudamericanos México es de los principales afectados por el problema de las drogas en nuestra región; pero está a sólo unos días de empezar a cambiar ese destino. Claro, si al final no triunfan los retrógradas o quienes no por convicciones ideológicas sino por conveniencias más prosaicas —políticas, electorales o de dinero contante y sonante— alientan el prohibicionismo y la visión represivas.

Seamos claros. Son legión dentro del país quienes se oponen a los criterios abolicionistas porque se benefician de la prohibición. ¿Quiénes? Policías, ministerios públicos, jueces, alcaldes, gobernadores, militares, marinos, legisladores, políticos, empresarios lavadores de dinero, narcoperiodistas y hasta narco-curas. Eso, la férrea oposición de intereses domésticos, no sólo la imposición de Estados Unidos, explica la resistencia a la solución soberana o al menos el atemperamiento del problema del narco y su atroz violencia.

Desde hace tiempo en nuestro país las drogas constituyen la locomotora de la criminalidad. Su represión es causa de la diversificación delictiva. Todas las expresiones de delincuencia organizada están asociadas al narco, aunque hay quienes pretenden hacer creer que son producto de la constitutiva maldad de los mexicanos.

Puede darse por seguro que la Primera Sala de la Corte —José Ramón Cossío, Jorge Pardo, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Zaldívar— despenalizará con su fallo la mariguana, con argumentos de derechos humanos. Frente a esta inminencia se ha puesto en marcha toda la batería opositora. Desde rugidos cavernícolas dentro del Ejecutivo hasta el aparato que hace eco en los medios, unos de cuyos líderes proceden con inocencia y otros con indisimulable venalidad.

Manuel Mondragón y Kalb salió con la cantaleta de que no quiere un país mariguanero y Arturo Escobar dijo que el gobierno no quiere convertir en empresario al Chapo Guzmán, el capo escapista cuyas aptitudes empresariales —a despecho del verde funcionario de la Segob— están por encima de toda duda: es el único semianalfabeta que ha construido un emporio económico, competitivo con cualquier corporación transnacional.

Es alta la pila de diagnósticos archivados durante años sobre el tema de las drogas, del cual no ha hablado sólo quien no ha querido. Quizá sólo ha faltado, paradójicamente, la narrativa de personajes de la vida pública que han tenido acercamientos personales con substancias que los llevaron a estados alterados de conciencia; pero suelen bordar sobre las mismas con profusión y aire doctoral en libros, artículos, entrevistas, conferencias, polémicas legislativos, cuidándose siempre de ocultar su pasado, en un debate en que, con valor y honradez intelectual, deberían hacer luz desde la experiencia personal.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Todo cambia

El 13 de octubre, la Cámara de Senadores turnó al Ejecutivo para su promulgación la Ley reglamentaria del artículo 6º Constitucional, en materia de réplica, que es un instrumento jurídico que regula el derecho de “toda persona a que sean publicadas y difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones trasmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen”.

Esta ley protege la crítica periodística sustentada con información veraz y correcta, garantiza la gratuidad de la rectificación o respuesta formulada en ejercicio del derecho de réplica, la integridad de la misma y establece la figura del defensor de los derechos de los lectores, radioescuchas o televidentes.

Por otro lado, la lectura de la ley remite inmediatamente a lo ocurrido al personaje kafkiano “Gregorio Samsa (que) se despertó una mañana después de un sueño intranquilo y se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo” y a las vicisitudes que padeció para acostumbrarse a ese estado. La transformación del viajante de comercio, sin considerar el miedo y repugnancia que provocó en propios y extraños su nueva forma, se asemeja al efecto de la ley aprobada en las funciones de las agencias de noticias, los medios de comunicación, los productores independientes y los emisores de información quienes, como sujetos obligados de la misma, sufrirán una profunda metamorfosis y serán convertidos en auténticos jueces.

El decreto aprobado establece un procedimiento para ejercer el derecho de réplica, que se lleva a cabo ante el sujeto obligado con plazos precisos, los requisitos formales del escrito en que se solicita la rectificación, la manera de acreditar la personalidad del que se dice afectado, el término para emitir una resolución, la notificación de la misma, así como el medio, el tiempo, el espacio y las características de la rectificación. Esta norma crea un “juicio sumario” en el que el sujeto obligado –transformado en juez– recibe y valora pruebas para posteriormente determinar la procedencia del derecho de réplica, conforme a reglas en el que se puede negar el mismo al reclamante. Evidentemente, contra lo resuelto procede acudir ante un Juez de Distrito para que éste verifique la legalidad de la actuación del sujeto obligado.

Hay que destacar que el ejercicio del derecho de réplica sólo procede a petición de parte, por interés jurídico que afecte directamente un derecho subjetivo de quien se considere agraviado por la difusión de la información falsa o inexacta y éste es independiente de otros que se reclamen por otros procedimientos vinculados con la reparación del daño y perjuicio que hubiere ocasionado la información que se atribuya al sujeto obligado.

La petición de rectificación ante un sujeto obligado se asemeja a un juicio en razón a que éste es una persona distinta al periodista o comunicador de la información que pueden ser la fuente de agravio y, entonces, en la mayoría de los casos, el medio de comunicación o agencia de noticias mediante un responsable para recibir y resolver sobre las solicitudes de réplica deberá recabar las pruebas correspondientes de quienes generaron la información y valorarlas a la vista de las aportadas por el reclamante, para después fundar y motivar correctamente la afirmativa o negativa de la procedencia. La ley es un avance en la regulación del derecho a la información y la protección de los derechos de terceros que sean afectados por su ejercicio indebido. Lo expresado sólo esboza la dificultad de normar el derecho de réplica y la metamorfosis que los medios de comunicación sufren al ser los “jueces” de primera instancia.

Por fin se planea

Hay algo bueno que esté haciendo la administración del presidente Peña Nieto? Definitivamente sí, y se está haciendo en materia de planeación para el sector de energía del país.

Con un perfil muy bajo y en eventos austeros en exceso, en las últimas dos semanas la Secretaría de Energía ha hecho públicos dos planes fundamentales para el desarrollo económico del país. El Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional integrado de Gas Natural y el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, ambos para el periodo 2015-2019.

De no haberse abolido con la revolución energética los monopolios de Estado en la exploración, producción y transformación de los hidrocarburos, así como en la industria eléctrica, las intenciones y planes para desarrollar nuestro sector energético estarían guardados como secreto de Estado. Era un sinsentido concentrar todos los riesgos de abastecimiento de energéticos en dos monopolios, aunque fueran del Estado, y más aún sujetar el crecimiento de las actividades de energía a la misma restricción presupuestaria que a la educación pública y salud.

La importancia, tamaño y la extensión territorial donde se extiende la economía mexicana, demanda la participación de muchos jugadores que compitan para poder desarrollar mercados que hagan competitivas al resto de las actividades productivas que más contribuyen al crecimiento y generación de empleos. Los productores en los mercados energéticos, por requerir montos importantes de inversión en infraestructura, requieren del Estado información valiosa y relevante que permita procesos interactivos entre el gobierno federal, los estados y los participantes de la industria, para actualizar los planes y así tomar nuevas decisiones o ajustar decisiones. Y eso es lo que pretenden estos planes quinquenales.

La transformación y desarrollo del sector energético sólo puede lograrse si hay buenos ejercicios de planeación por parte de quien tiene la rectoría, esto es el Estado mexicano. La planeación es un insumo fundamental para lograr buenos resultados y con ello alcanzar o reafirmar la confianza y la credibilidad gubernamental.

Una gran oportunidad

La planeación tiene que ser realista, y por ello, la nueva planeación gubernamental que se hace en el sector energético contempla ajustarse cada año a una realidad cambiante con un horizonte de cinco años hacia adelante. Esta es la gran diferencia que tiene la planeación en el sector energético y que difiere, afortunadamente, a la de la Ley de Planeación que data del 5 de enero de 1983. Recordemos que esta ley, la cual sobresale por su obsolescencia, rige a la planeación de la administración pública federal.

La Ley de Planeación se hizo para un México que ya no existe. Pensada como un instrumento para llevar a cabo la planificación centralizada, que en ese entonces pudo haber tenido sentido, pues el Estado era propietario de los medios de producción que contribuían con cerca del 38 por ciento del PIB, en la actualidad no le sirve a los gobiernos del siglo XXI.

Desde luego que el gobierno federal debe hacer planeación, pero no con un marco jurídico caduco. Desde hace ya varios lustros la Secretaría de Energía ha venido preparando las prospectivas de energía eléctrica y de gas natural, entre otras, con horizontes de 10 años de planeación ajustadas cada año, para ir determinando necesidades de demanda que debían ser correspondidas por la oferta determinada a su vez por los monopolios de Estado.

El gobierno del presidente Peña Nieto tiene la gran oportunidad de dejar como legado una administración pública moderna, sensible a las demandas de la población en servicios fundamentales como educación a todos los niveles, salud, procuración de justicia, por citar sólo algunos donde hay una gran insatisfacción. Si tan sólo para estas funciones a las que se destina la mayor parte del presupuesto de egresos, hubiera planeación moderna como la que hay ahora en el sector energético, el gobierno federal podría mejorar su desempeño. Y algo aún más importante, mostraría que sí tiene el interés de reducir las carencias en educación y salud.

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