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No es una película

 

OpiniónEn el 2010 mientras me desempeñaba como senador de la República, se me acercó un grupo de víctimas de la pederastia, con el fin de poder tipificar el delito en el Código Penal. Después de escuchar las historias de abusos por parte de sacerdotes y de instituciones escolares hacia este grupo de personas, integradas por individuos de diferentes clases sociales y edades, asumí el compromiso de trabajar en equipo a favor de una petición que a todas luces era justa.

Es así que nos dimos a la tarea de empezar a compartir el proyecto para hacer la iniciativa de ley y platicarlo con distintos senadores que ayudaran a impulsar la causa. En dicha lógica, encontramos una minuta al respecto del tema, con cámara de origen la de Diputados, pero que no había sido sometida a votación en la de Senadores, por lo que impulsar su discusión fue fundamental. Aquí es donde es justo reconocer también el trabajo de otros compañeros senadores como Claudia Corichi, Guillermo Tamborrel, Luis Alberto Villarreal y Pedro Joaquín Coldwell, entre otros, quienes en una rueda de prensa en la que las víctimas contaron sus experiencias, asumieron el compromiso de trabajar en el tema.

Como resultados más relevantes se generaron: en el Código Penal Federal se clasificó como delito grave la pederastia (Artículo 209-Bis); se obliga al Ministerio Público a ordenar un peritaje que determine la afectación de la víctima (Artículo 209-Tercero); se obliga al autor del delito a garantizar a favor de la víctima la atención médica psicológica o de la especialidad que requiera durante el tiempo que sea necesario, incluyendo en la obligación de la reparación del daño a las organizaciones que el autor pertenezca (Artículo 30 fracción II; 32 fracción VI; y 209-Tercero). En el Código Federal de Procedimientos Penales se calificó al delito de pederastia como delito grave por afectar valores fundamentales de la sociedad, como es el libre desarrollo de la persona (Artículo 194, inciso 13); en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se estableció el respeto integral de los derechos humanos por parte de las asociaciones religiosas (Artículo 8); y se estableció como infracción la comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, cometidos por los ministros de culto y/o que sean cometidas en sus instalaciones (Artículo 12-Bis y artículo 29).

También fueron causantes de modificaciones al respecto la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Educación, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional. Ahora es importante la cuestión de la denuncia y la procuración de la justicia a favor de las víctimas, más allá de las redes de poder que estas personas puedan representar.

El tema sale a colación a partir de la visita del Papa, que como un Jefe de Estado, debe responder a las acciones cometidas por sus representantes. Ya se vivió con Marcial Maciel, uno de los máximos exponentes a nivel mundial de la pederastia, que no recibió ningún castigo en toda su vida, aún con el conocimiento que tenía de sus acciones el entonces Papa, Juan Pablo II. Debemos exigir que el papa Francisco no siga la misma tendencia de alejarse de la discusión y del castigo de todos esos ministros de culto que han vivido arruinando vidas inocentes sin cualquier posibilidad de castigo.

Hay que volver a poner el tema sobre la mesa durante su visita y no sólo que sirva para que muchos políticos –como se ha hecho históricamente– busquen la foto con el representante del culto más importante en México, dejando de lado ideologías de derecha o izquierda, y aún peor, dejando de lado el Estado Laico que es uno de los cimientos de México. Como sugerencia, se encuentra aún en cartelera la película “En Primera Plana” (Spotlight), que enmarca muy bien el tema al respecto, al abordar el caso real que llevó a la obtención del Pulitzer a los reporteros que dirigieron la investigación en contra de la Iglesia católica de Boston, Massachussets en su escándalo de pederastia.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Conflicto de clérigos

Aun no llega Francisco a México y ya se abrió la pugna dentro de la jerarquía eclesiástica. En un extremo se encuentra el cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, y en el otro está el cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia. La visceralidad del conflicto, que se arrastra desde noviembre, trascendió a la opinión pública por un editorial contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sobre el país que verá el Papa, publicado por el semanario Desde la Fe, vocero de la Arquidiócesis de la ciudad de México, la voz beligerante del cardenal Rivera.

 “México enfrenta fenómenos delictivos y de violencia que parecen no tener precedentes en su historia contemporánea. Los índices llegan a cuestionar la capacidad de las autoridades de todos los niveles de gobierno… A esto se suman violencias invisibles de enemigos movidos por el espíritu del mal y el dios de la avaricia, protegidos por la impunidad y nutridos de la corrupción”, apuntó el editorial. “Su Santidad estará en lugares violentos, pobres y miserables del país, y los gobernantes no pueden tapar el sol con un dedo… Los mexicanos queremos paz, necesitamos la Verdad, no la burocracia numérica. La misión no está cumplida”.

El cardenal Suárez Inda respondió: “Ese texto se me hace exagerado y no comparto el enfoque… Los problemas no se solucionan en un día, y Desde la Fe no es un órgano de la Iglesia nacional; es un periódico local del Distrito Federal. No comparto el tono con que se tratan ciertas cosas en forma sensacionalista”. Es la palabra del cardenal Rivera contra la del cardenal Suárez Inda. Personas cercanas a la Conferencia Episcopal Mexicana expresaron el sentir de la jerarquía eclesiástica: “fue una provocación”. ¿A qué se refieren? A que el cardenal Rivera fue desplazado de los preparativos de la organización del viaje papal.

Su primera reacción desestabilizadora fue el 1 de noviembre, cuando en su homilía dominical en la Catedral Metropolitana anunció que Francisco viajaría a México este mes, con lo que frustró el anuncio oficial que tenía programado la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) al día siguiente. Si la CEM lo quería excluir, él haría todo lo posible por colocarles obstáculos. Lo último que hizo, de acuerdo con fuentes de la Iglesia, fue el sabotaje de voluntarios en el Distrito Federal para las vallas de seguridad en las calles por donde pasará Francisco. La CEM dijo que tienen un déficit de 175 mil voluntarios, del cual prácticamente la mitad se ubica en la ciudad de México. Nunca había sucedido esto en el pasado, porque cuando viajaba un Papa el cardenal Rivera presionaba a las escuelas católicas de la capital para que enviaran a sus alumnos. En esta ocasión, el cardenal se cruzó de brazos.

La pugna no es nueva. Se remonta a noviembre, cuando tenían que haberse llevado a cabo los revelos en los cargos de dirección en la CEM, que preside el arzobispo de Guadalajara, el cardenal José Francisco Robles, y el secretario general, el obispo auxiliar de Puebla, Andrés Lira. Sin embargo, según fuentes de la Iglesia, la CEM propuso a El Vaticano aplazar los nuevos nombramientos para evitar que la planeación del viaje papal tuviera contratiempos. Desde Roma les aprobaron el aplazamiento para abril de este año, con lo cual la marginación del cardinal Rivera, quien no tiene empatía con el papa Francisco –incluso votó en su contra cuando se dio la elección papal-, se alargó.

La CEM, junto con el cardenal Suárez Inda y monseñor Aguiar Retes, son quienes llevan la conducción del viaje de Francisco y el manejo de los tiempos para la sucesión en el órgano político de la Iglesia católica mexicana. El cardenal Rivera se ha sentido lastimado y humillado por el trato marginal que se le ha dado, que lo han llevado a enfrentamientos directos con miembros de la CEM. La visita del Papa no será un espacio de tregua. El cardenal apuesta a la desorganización en el viaje, que le cambie su suerte y permita que la correlación de fuerzas se modifique a su favor para recuperar influencia y poder, por lo que un poco de combustible a la hoguera, no le va mal.

Democracia en letra y en hechos

Vigente, es decir, viva, incluso vigorosa, que significa firme, nuestra Constitución Política está por cumplir casi un siglo de ser norma y aspiración del Estado mexicano. Texto que concentra las convicciones compartidas, los valores en común, los principios de la convivencia colectiva y los ideales que vinculan a nuestra nación, en 99 años que está por cumplir, se ha mantenido como norma esencial y eficaz, merced a las sucesivas actualizaciones que ha vivido, sin alterar los acuerdos políticos fundamentales que le dieron origen.

Y no sólo eso, con las más recientes adiciones, particularmente las reformas transformadoras impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, la Constitución es proyecto de futuro del Estado constitucional y democrático de derecho al que aspiramos todos los mexicanos, en el que el poder no sólo se adquiera, sino que se ejerza democráticamente, para vivir con prosperidad, seguridad, justicia y paz.

La Constitución de 1917 no sólo heredó el liberalismo político de 1857, especialmente en lo concerniente a derechos humanos, que fueron calificados y designados como “garantías individuales”; sino que reforzó el republicanismo, aunque robusteció al Poder Ejecutivo al suprimir la vicepresidencia, dando mayor autonomía al Poder Judicial y soberanía a los Estados, y creando al Municipio Libre. Además incorporó una visión social por medio de nuevos e importantes derechos de las personas y obligaciones de las autoridades, plasmados en las icónicas adiciones de los artículos 3º, 27, 123 y 130, entre otros.

Como resultado del trabajo de las instituciones nacionales, México entró en el periodo de estabilidad más largo de la historia, a lo largo del cual, generaciones que nos antecedieron pusieron a tiempo el texto constitucional, en el ánimo de adecuarlo a los tiempos que corrían; fue así que se incorporó el derecho de la mujer a votar y ser votada, permitir el acceso de los jóvenes a los cargos de elección popular, abrir la puerta para que otras fuerzas políticas tuvieran legisladores en ambas cámaras del Congreso de la Unión; en suma, se incrementaron los derechos de los ciudadanos, al tiempo que se establecieron límites al poder de los gobernantes, para generar mayor equilibrio.

La cadena de cambios institucionales y políticos desembocó en dos alternancias en la Presidencia de la República.

En la segunda, en 2012, acreditando responsabilidad histórica, madurez política y vocación democrática, políticos de todos los partidos, diputados federales y senadores, diputados locales y, sobre todo el presidente Enrique Peña Nieto, respondieron al mandato de la sociedad; antepusieron el interés superior de la nación a cualquier otro, comprendieron que a nuevas condiciones sociales corresponde una nueva constitucionalidad y aprobaron el paquete reformista más relevante desde 1917.

Es razonable afirmar que México está más cerca que nunca de completar la transición a un régimen plenamente democrático; en el que más que un sistema político, la democracia sea, en la letra y sobre todo en los hechos, un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento material y cultural del pueblo.

En contraste

En México la partidocracia nos abruma o confunde con pleitos arreglados y pactados, o con luchas estériles que sólo desgastan y no conducen a nada. Mientras la partidocracia grita en tribuna, la pobreza sigue creciendo. Mientras compiten por la medalla de la corrupción, el desempleo sigue al alza. Mientras con una mano gastan miles de millones de dinero público comprando votos, con la otra despiden a miles de trabajadores.

Nuestra Constitución cumple 99 años. Ferdinand Lasalle dice que una Constitución representa el pacto, la suma de los factores reales de poder. Y así es, por tanto, no podemos esperar de ella más que de lo que la engendró. No todo es malo en ella, lo que está mal es su origen, el pacto caudillista, nacido del autoritarismo que no funciona para una democracia débil.

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