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No es suficiente

Opinión-colorErick Zúñiga

La reciente discusión pública en torno al combate a la corrupción ha acogido con bastante entusiasmo la designación del primer fiscal anti-corrupción dentro de la estructura de procuración de justicia federal. Este puesto forma parte de las reformas e innovaciones que se han venido aplicando a lo que hasta ahora ha sido la Procuraduría General de la República y que se espera se convierta en la Fiscalía General del Estado mexicano.

La creación de la estructura constituye un avance incuestionable y la designación del primer titular es, sin duda, un evento que debe contar con la opinión y participación de un gran número de instancias sociales y políticas. La solidez del perfil de este fiscal y la aplicación efectiva de las funciones que se le han asignado marcarán la pauta a partir de la cual se podrán esperar que sean superados los defectos y limitaciones que todavía afectan el combate a los actos de corrupción en nuestro país.

Ahora bien, la incorporación de este instrumento institucional añade fuerza a las capacidades del gobierno mexicano en lo que toca y concierne a la persecución y eventual castigo de los actos de corrupción. Pero no debe olvidarse que ello no substancia en todo su alcance la nueva política anti-corrupción propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, y que el Congreso de la Unión ha avalado con una primera minuta aprobada de reforma constitucional en diciembre de 2013.

La propuesta presidencial se enmarca en una definición de amplio espectro que cubre cuando menos otras tres áreas de intervención y desarrollo de políticas públicas. A la persecución y castigo de los actos de corrupción se deben añadir y contemplar también las funciones de diagnóstico de estructuras y procesos, de prevención de riesgos, y de corrección de factores que facilitan la realización de actos contrarios al interés público y la legalidad.

Como un todo, la política anti-corrupción que se está perfilando para México establece un ciclo de trabajo institucional que aborda integralmente el fenómeno de la corrupción, a partir de considerar los factores humanos, organizativos y económicos que promueven la ocurrencia de este tipo de actos.Cada una de las fases o etapas del ciclo plantea la integración de una base de conocimientos y de capacidades técnicas y legales propias y específicas que son distintas de las del resto.

De esta forma, la función de diagnóstico involucra el conocimiento general de los procesos de trabajo y de los trámites y servicios que ofrecen por igual dependencias gubernamentales que sociales, para establecer los factores y elementos que dan lugar al surgimiento de riesgos de corrupción.

Las capacidades de prevención se centran en llevar a cabo acciones que sensibilizan a los grupos humanos afectados por los riesgos de corrupción existentes, de manera tal que los hagan responsables y partícipes en la conformación de una cultura de mayor legalidad y de rechazo a actos y situaciones de perversión de los actos públicos.La organizativo para modificar todos aquellos procesos y estructuras que han demostrado estar afectados por actos y prácticas de corrupción.

Como queda evidenciado por los argumentos precedentes, la incorporación de la figura del fiscal anti-corrupción es un acto necesario, pero a todas luces insuficiente para garantizar una política en la materia que asegure la debida atención de todos sus fines y propósitos.Es fundamental que lo que ahora se hace en el campo de la procuración de justicia sea complementado con medidas y procesos de diagnóstico, prevención y corrección de los riesgos de corrupción.

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