Inicio / OPINIÓN / Ningún cambio claro

Ningún cambio claro

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

La principal apuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido la de llevar a buen puerto una serie de reformas estructurales que necesitaba el país para retomar el camino del crecimiento sostenido. Precisamente cuando acababan de atracar, se vino una tormenta que puede impedir, por un buen rato, que se descarguen sus productos.La tormenta, por supuesto, es la apertura de la cloaca de la relación entre las fuerzas políticas, de todos los colores, y el crimen organizado, cuya expresión más extrema fue el asesinato y el secuestro de decenas de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Por una parte, se trata de un evento que ha dañado notablemente la imagen del país: todo el esfuerzo de comunicación destinado a hacer olvidar los años de plomo del gobierno de Felipe Calderón se vino abajo de un plumazo. Este daño es externo, pero también interno: no sólo en el extranjero crece la percepción de que el discurso reformista de Peña Nieto daba luz a solamente una parte de la realidad nacional, mientras que la otra –ya de por sí oscura- era escondida para la tranquilidad de la opinión pública.

En la campaña y ya en el gobierno, Peña Nieto ha insistido en que es necesario abordar el otro pie estructural del que cojea el sistema mexicano, que es la corrupción. Pero a la hora de definir las prioridades, el tema pasó a segundo término, obligado por los tiempos políticos, que dictaban que el paquete de reformas de largo aliento fuera aprobado antes de que iniciara el proceso electoral rumbo al 2015.

En otras palabras, los tiempos de la política se comieron la urgencia de otro paquete de reformas, que pusieran en primer lugar la vigencia del estado de derecho, una transformación a fondo del sistema judicial y el límite a los intolerables grados de impunidad que existen en el país. Ahora todos pagamos los costos de ese retraso.

Queda la impresión de que todavía no se ha visto, por la clase política, el problema en toda su magnitud, y se considera que esta es una crisis que puede ser salvada mediante el castigo a los principales responsables, que el asunto es meramente de procuración de justicia. Es eso, pero es mucho más: los nexos entre el crimen organizado y la política son un asunto que pone en entredicho el futuro de la democracia mexicana (y no solamente el de las regiones más asoladas por la delincuencia).

La expresión de la voluntad política para arreglar las cosas no se agota, ni mucho menos, en la decisión de que la Federación tome el control de la seguridad de los municipios en los que hay evidencias de infiltración del crimen organizado. Eso, que es correcto, sirve para tapar heridas, pero no para una curación de fondo.

Se requiere voluntad para hacer política de la misma manera como se hizo para sacar adelante las reformas, pero ahora con otros objetivos, más urgentes.

Tiene que haber un claro deslinde de los partidos respecto a las personas que tienen nexos con la delincuencia. Las hay en todas las organizaciones políticas y, en la mayoría de los casos, ellas mismas lo saben: no se vale seguir actuando de tapaderas (y se ve más ridículo cuando señalan a otros partidos con un dedo flamígero que también está manchado de sangre).

Tiene que haber un cambio en los límites de financiamiento de los partidos y en los costos groseros de las campañas. Por ahí se metió el narco en Guerrero. Campañas más austeras y más vigiladas por el INE.Tiene que terminarse la práctica populista y demagógica –a la que recientemente se ha sumado el PRI– de la “determinación popular” de las candidaturas, particularmente en las zonas más afectadas por el crimen organizado. ¿De verdad creen que a través de la votación masiva se garantiza un candidato de manos limpias? ¿No les parece lógico que aumente el riesgo de que suceda todo lo contrario?

Crisis histórica

El país está bajo una atmósfera convulsa. La desaparición de 43 estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, Guerrero, ha generado una crisis política sin igual en el transcurso del presente sexenio. Este lamentable suceso, aún sin desahogo, ha ennegrecido la imagen del gobierno mexicano no sólo de manera local, sino internacional, generando una alarma mediática que afecta a gobernantes, autoridades, servidores públicos y ciudadanía.

Por supuesto, el corazón de Guerrero se agita con vehemencia y la indignación en la opinión pública es evidente; sin embargo, ahora es cuando con mayor inteligencia y responsabilidad, debe actuarse para dar solución efectiva a un conflicto que debe encontrar desembocadura a través de un proceso donde la justicia y transparencia prevalezcan sin importar la presión cernida desde todos los ángulos.

Como remedio primario, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, firmó una propuesta cuyo objetivo es discutir y votar la desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Esta petición respaldada en la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución Mexicana, le permite al Senado de la República declarar la desaparición de poderes en cualquier entidad federativa en caso de ingobernabilidad por causas de fuerza mayor tales como impedimentos físicos o muerte, y por conflictos que afecten la vida del estado y el orden jurídico, ya sean ajenos, propiciados o causados por los propios titulares de los poderes constitucionales.

¿Y el senado?

El llamado panista a la utilización de esta facultad constitucional de los senadores, ha convocado hoy a la votación de un dictamen respectivo en la Cámara alta para declarar la desaparición de poderes con este dictamen sobre la tribuna, se estará discutiendo un asunto crucial para la evolución del conflicto de los estudiantes de Ayotzinapa y del cual, el último referente es la desaparición de poderes en Hidalgo decretada el 29 de abril de 1975.

El resultado aprobatorio, si sucediera, sería la instauración de un gobernador provisional en Guerrero para los meses venideros; con este antecedente, se debe generar una reflexión astuta y cuidadosa, pues no sólo se trata de ejercer nuestro poder al calor de la crisis sin algún análisis profundo que nos permita discernir que la estrategia a ejecutar debe planificarse con absoluto cuidado en beneficio de una población que, una vez más, ha visto vulneradas sus garantías.

Hoy, Guerrero no puede ser desmoronado de manera súbita y estridente, sino protegido y apoyado con responsabilidad y firmeza para dar solución adecuada a este oscuro pasaje de nuestra historia. La gente exige justicia y es meritorio otorgarle resultados a la brevedad. Pero esta justicia, debe ser aplicada de la forma más razonable para evitar el brote de nuevas crisis que continúen lastimando el presente y porvenir de los guerrerenses.

Guerrero necesita autoridades y legisladores comprometidos de verdad por las familias que hoy sufren la violación de sus derechos, por los mexicanos que algún día forjarán un nuevo destino para todos.

Se acabó el tiempo para la improvisación. El país demanda soluciones con inteligencia, sin tintes políticos. Demanda responsabilidad política en un hecho que mancha la credibilidad de muchos.

Revisar tambien

Zedillo, ‘chapulín fifí’ que brincó a empresa vinculada a gobierno: López Obrador

Agencias/El Presidente pidió que se apruebe la ley de austeridad que impedirá a funcionarios trabajar ...