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Sistema de Justicia causa mayor incidencia: Alto al Secuestro

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la implementación completa en todo el país del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) han aumentado siete delitos a nivel nacional, denunció la asociación civil Alto al Secuestro, liderada por Isabel Miranda de Wallace.

La organización señala que de junio de 2016 a mayo de 2017 se incrementaron las cifras de incidencia delictiva en homicidio doloso, secuestro, lesiones dolosas, extorsión, robo con violencia, delitos sexuales y violación.

“Ahí está la prueba de que el Sistema [de Justicia Penal] está causando mayor incidencia”, señaló Miranda de Wallace.

La presidenta de Alto al Secuestro destacó que en Aguascalientes, Baja California Sur, Tabasco y Veracruz se incrementaron estos siete delitos; en 27 entidades se incrementó el homicidio doloso; 19 estados mostraron aumento en lesiones dolosas; en 18 aumentó la extorsión; en 21 estados creció el robo con violencia; 18 entidades registraron aumento en delitos sexuales y en 18 hubo más denuncias por violación.

Isabel Miranda atribuyó este incremento a la deficiente implementación del SJPA, que permite la libertad de los imputados, con el argumento de que la teoría de la prevención especial señala que a quien comete el delito se le encarcela y se le reinserta socialmente para que deje de cometerlo.

Señaló que al no haber consecuencia por los ilícitos cometidos se seguirán cometiendo y esta situación se verá reflejada en el índice delictivo.

Destacó que uno de cada tres detenidos queda en libertad, situación que genera percepción de impunidad.

Agregó que a un año de la entrada en vigor del nuevo modelo no hay controles o bases de datos que permitan llevar un registro de reincidentes y no existe una garantía para evitar que los delincuentes que quedan libres vuelvan a cometer un delito.

“No hay una política criminal asociada al nuevo sistema”, comentó la presidenta de Alto al Secuestro.

Comentó que los jueces están actuando más a favor de los imputados, los ministerios públicos no se dan tiempo de estudiar los casos porque tienen una gran carga de trabajo, y los impartidores de justicia se muestran temerosos al dictar prisión preventiva.

“A muchos jueces les está temblando la mano para poder dictar prisión preventiva; el juez se convierte en abogado defensor del procesado, los jueces interpretan lo más favorable para el procesado, no para la víctima, es ahí donde la víctima está en desventaja”, señaló.

Entre los errores que la asociación detectó es que no hay una investigación adecuada, que 99% de los casos judicializados son los que registraron la detención en flagrancia y hacen falta mecanismos efectivos para hacer una evaluación del riesgo.

En conferencia de prensa, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se realice una investigación sobre los recursos destinados a la capacitación de operadores del nuevo sistema.

“Lo que solicitamos formalmente es a la Auditoría Superior de la Federación, es que se audite en qué se gastaron estos recursos supuestamente de capacitación, a quiénes se les dieron, y si realmente llevaron a cabo esta capacitación o sólo se simuló en contratos que hubo capacitación, porque nos resistimos a creer que se gastó tanto dinero en capacitación y no están capacitados ni los policías, ni los Ministerios Públicos y muchas veces ni los propios jueces”, advirtió.

Al referirse a lo que ocurre en la Ciudad de México, Miranda de Wallace señaló que en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, por cada 231 casos de robo, 214 llegan a acuerdos reparatorios y los imputados obtienen su libertad, “estos mismos siguen reincidiendo porque no hay controles para evitar que se repita el patrón”.

El estudio realizado por la organización señala que por cada dos ingresos, uno sale libre, y dio a conocer que desde 2015, bajo el nuevo modelo, ingresaron 3 mil 288 personas y quedaron libres mil 718.

“Estos son los mismos delincuentes que están robando en casa habitación, que siguen robando en el Metro”, aseguró.

Alto al Secuestro alerta sobre la disminución de la población penitenciaria en penales de la capital del país, la cual en el inicio de la administración de Miguel Ángel Mancera era de 41 mil 610 internos y al mes de junio de 2017 era de 29 mil 479 y desde 2015 se aprecia una disminución de ingresos debido a la aplicación del SJPA.

Estos resultados, aseguró Isabel Miranda, se deben a que el sistema se desvincula de políticas criminales y existe una debilidad institucional, además de que predomina la corrupción. “Toda la carga de prueba está en la víctima, lo que permite la repetición de delitos y su incremento”, alertó.

Señaló que es necesario que se amplíe el catálogo de delitos que requieren prisión oficiosa para evitar que los imputados sean liberados.

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