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ONGs resaltan incongruencia de aplicar gasolinazo sin tocar a clase política

 

 

Las organizaciones criticaron que se pida asumir las consecuencias

de las alzas del combustible, cuando la clase política mantiene privilegios.

Organizaciones no gubernamentales y activistas llamaron la atención por medio de un posicionamiento dirigido al gobierno de México ante la incertidumbre y el creciente descontento social que han marcado el inicio del año, una situación que atribuyeron a años de mala planeación, corrupción, impunidad e inacción de las altas esferas del poder.

Los agrupaciones civiles, entre las que se encuentran Freedom House México, México Evalúa, Causa en Común y el Instituto Mexicano para la Competitividad, indicaron que las políticas económicas instrumentadas por el gobierno federal han sido cuestionadas por la población ante la incongruencia que resulta en su aplicación.

“Resulta incongruente que se pida asumir las consecuencias de las alzas del combustible, cuando la clase política lucra con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos estratosféricos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos, y un enriquecimiento ilícito de los gobernadores, siguiendo la lógica de sólo hacer un uso y abuso del poder para fines privados”, denunciaron.

En sentido llamaron la atención de que el anuncio hecho sobre la liberación de los precios de gasolina no haya sido acompañado de un programa de austeridad en la burocracia, ni de uno de contención ante las acciones anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, previo a su llegada al poder “y cuyos efectos ya se comienzan a sentir con la cancelación de inversiones”.

Para las organizaciones civiles la inacción del gobierno federal resulta abrumadora y a estos acciones incluyeron los abusos y la corrupción que aquejan a México y que, dijeron, se gestan en las altas esferas del poder que no son castigadas.

“Las autoridades encargadas de impartir justicia se convierten en cómplices al no darle seguimiento oportuno y olvidar o alargar convenientemente los casos de los exgobernadores en investigación”,denunciaron.

Ante tal escenario, las oorganizaciones y activistas como Javier Sicilia, pidieron al gobierno se comprometa a implementar una política severa de contención a los privilegios económicos de la administración pública federal, y una convocatoria pública del Ejecutivo Federal para que se adhieran a esta política los otros dos Poderes de la Unión, los Órganos de Autonomía Constitucional, las entidades federativas y municipios.

También pidieron reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública.

Además exhortaron a las autoridades a elaborar un plan de contención ante la posibilidad que se vayan más inversiones del país, o se deje invertir en México.

De igual forma exigieron el cumplimiento de la normatividad en materia de regalos o cortesías independientemente del nivel o rango, y revisar a profundidad las políticas para evitar todo tipo de conflicto de interés.

Las organizaciones pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar y sancionar a los dueños de las gasolineras y franquicias que despachan gasolina robada de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Llamaron a las autoridades a asumir la responsabilidad de la investigación en torno al robo de combustibles e informar periódicamente sobre sus avances para contener inmediatamente este delito.

“México ya no puede seguir secuestrado por la corrupción, pública y privada. Las autoridades tienen que dar respuestas inmediatas a los ciudadanos para hacerle frente a la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho e informar de forma transparente y puntual a la sociedad”, reclamaron.

 

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