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Confirman espionaje a políticos de oposición

Un grupo de panistas aseguró que “no descansará” hasta que los responsables del espionaje renuncien a sus cargos y sean encarcelados.

El espionaje ilegal contra críticos del gobierno federal se ha extendido a políticos de oposición. Entre ellos, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, el expresidente del Senado, Roberto Gil y el vocero del partido Fernando Rodríguez Doval, confirmó Citizen Lab, la organización canadiense que documentó el intento de infección del malware Pegasus, del que también fueron víctimas activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Anaya, Gil y Rodríguez recibieron mensajes de texto similares en junio de 2016, ambos recibieron supuestas notas de la revista Proceso donde ellos eran protagonistas. Por ejemplo, uno decía: “oye Roberto, ya viste lo que los del PRD dicen de todos nosotros solo por ganar credibilidad, mira te adjunto”.

Después de la confirmación, Ricardo Anaya Cortés, dijo que dichas prácticas son un delito grave, que se castiga con cárcel.

“Es inaceptable que el teléfono de integrantes del PAN, haya pretendido ser infectado por un programa cuya licencia sólo puede adquirir el gobierno para combatir la delincuencia organizada”, señaló en un comunicado de prensa.

El Citizen Lab es un laboratorio interdisciplinario, asociado a la Universidad de Toronto, Canadá, centrado en la investigación y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los derechos humanos y la seguridad global.

Tras la publicación de una investigación del periódico The New York Times sobre el espionaje a diversos activistas y periodistas mexicanos a través del software Pegasus, desarrollado por la empresa NSO, Ricardo Anaya denunció ante los medios de comunicación, el pasado 21 de junio, que diferentes miembros del partido, incluido él, recibieron mensajes con los mismos patrones.

El servidor en poder de NSO Group, una firma israelí, permite una vez realizada la infección en los móviles, que el operador del programa tendrá acceso a mensajes, llamadas, redes sociales, fotografías uso de cámaras y captura de pantallas.

“Que el gobierno espíe, invadiendo la intimidad de las personas en esta magnitud, es absolutamente inaceptable. Insistimos: llevaremos este caso hasta las últimas consecuencias. No vamos a descansar hasta que los responsables renuncien a sus cargos, sean procesados y encarcelados”, concluyó.

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