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Aprueban hasta 30 años de prisión por tortura

 

CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que prevé hasta 30 años de prisión a los funcionarios, policías o ministerios públicos que cometan en ese delito.

En sesión ordinaria se aprobó por unanimidad, con 90 votos, la ley que establece que comete el delito de tortura el servidor público que para obtener información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona.

Detalla que se prevé pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo al servidor público que incurra en este delito. La pena se aumentará, hasta 30 años de prisión cuando la víctima de tortura sea niño, niña o adolescentes.

Los servidores públicos o particulares que sean sentenciados por este delito no podrán gozar de la figura del indulto ni de la amnistía.

Asimismo, se prevé aplicar las mismas sanciones a los superiores jerárquicos, cómplices y colaboradores en actos de tortura y como medida temporal se prevé la remoción de servidores públicos señalados o investigados por este delito, con el objetivo de que no entorpezcan la indagatoria en su contra.

También se prevé que el delito de tortura se persiga de oficio, por denuncia, por noticia o vista de la autoridad judicial.

Además se reforman el Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.

Con las modificaciones se precisan los tipos penales y las sanciones respectivas a la comisión de estos delitos; la distribución de competencia y de coordinación en los tres niveles de Gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar, y las medidas que garanticen los derechos de las víctimas.

De acuerdo con las comisiones dictaminadoras, la promulgación de la ley es una oportunidad para el establecimiento de un marco legal que puede sentar las bases de la erradicación de la tortura en el país.

La ley fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cárcel a quien cobre deudas con amenazas

Por unanimidad, el Senado aprobó castigar con seis y hasta 12 años de prisión a quien cobre deudas con agresiones, amenazas o intimidaciones o que se hagan pasar por autoridad judicial.

Con 78 votos, el pleno aprobó las reformas al artículo 284 bis del Código Penal Federal, y envió el decreto al Ejecutivo para su promulgación.

El senador Jesús Casillas Romero, del PRI, celebró la aprobación de esta reforma que durante cinco años transitó en el Congreso, que fija seis años para quien incurra en las prácticas violentas al reclamar pagos, y que se duplica a 12 en los casos en que se suplante a la autoridad judicial.

“Unas cinco millones de personas se encuentran en mora en los pagos de créditos y pueden ser objeto de este tipo de acciones ilegales, abusivas, incorrectas y que hoy se van a castigar de manera muy ejemplar a través de esta modificación al Código Penal”, dijo el senador por Jalisco.

AGRAVANTES

Adultos mayores y mujeres gestantes

  • La pena por tortura será de hasta 30 años de cárcel si la víctima es una mujer gestante, una persona con discapacidad, sea un adulto mayor, sea sometido a cualquier forma de violencia sexual, tenga la condición de migrante, afrodescendientes o pertenezca a una comunidad indígena.
  • En el caso de particulares se prevé una pena de hasta 12 años y 300 días de salario mínimo de multa cuando participen en el delito de tortura.

INSTRUMENTO

 La ONU reconoce la aprobación

La Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció la aprobación en el país de la ley contra la tortura y pidió que se promulgue a la brevedad. El organismo agregó que la nueva medida representa un instrumento para combatir uno de los retos más críticos que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos humanos.

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