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Maraña de errores

OpiniónErick Zúñiga

Las últimas semanas han sido una sucesión tan caótica de malas noticias que es difícil saber por dónde empezar a destrabar la maraña de errores, políticas perversas, corrupción e irresponsabilidad que ahoga a los gobiernos federal y de los estados. De entre los muchos problemas que nos aquejan uno de los más graves, por la desidia con que se tomaron decisiones en los últimos nueve años, es el de las autodefensas o policías comunitarias de Michoacán y Guerrero.

Esos grupos surgieron por una necesidad concreta que los tres niveles de gobierno eran incapaces de satisfacer: ofrecer mínimos de seguridad a comunidades rurales y ciudades medias de Michoacán y Guerrero que se convirtieron en víctimas de la Guerra contra las Drogas.

Se pensó que bastaba declarar la guerra para que el problema se resolviera. Se desestimó el grado de penetración que esos grupos habían logrado en las estructuras de gobierno de los dos estados. Tampoco se sabía, porque nadie sabe quién cobra como maestro en este país, que Servando Gómez, La Tuta, todavía cobraba como profesor en 2010, cuando su carrera criminal acumulaba ya muchos años. Se fue a la guerra, pues, con los ojos cerrados y los resultados de violencia y muerte no se hicieron esperar.

Y lo peor. Cuando en 2012 cambió el gobierno como resultado de la elección federal, muchos creían que vendría algún cambio, aunque fuera menor, que ayudara a resolver el problema de fondo. La transición ocurrió. Lo malo es que recuerda el cuento aquel de La pata de mono de W. W. Jacobs, que habla del ingenuo que compra, en un bazar, un talismán hecho con la pata de un simio que cumple deseos, pero los cumple a su capricho.

En Guerrero y Michoacán, quienes deseaban un cambio no se imaginaban que la pata de algún simio decidiría el cambio más absurdo posible: a regiones ensangrentadas por ciclos de violencia que acumulaban, en algunos casos, más de 20 años se les hizo creer que la solución a sus problemas era legitimar mayores niveles de violencia.

El resultado no se hizo esperar: lejos de resolver el problema de violencia se agravó. En Michoacán, por ejemplo, se perdió de vista que Los Caballeros Templarios son resultado de mutaciones de clanes que surgieron como grupos de autodefensa contra narcotraficantes que querían aprovechar las tierras aisladas de Michoacán y Guerrero.

Optimistas como suelen ser en el gobierno creyeron que bastaba la “presencia de las fuerzas federales” para que los problemas se resolvieran. No fue así. Legitimados por la decisión miope, las autodefensas o policías comunitarias se convirtieron en un dolor de cabeza tan grave como el de los grupos criminales.

El resultado es tan absurdo como los que ocurren en el cuento de Jacobs: ciudadanos que, quizás, de buena fe se lanzaron a disparar ametralladoras de dudosa procedencia, como Néstora Salgado, José Manuel Mireles o Cemeí Verdía, entre otros muchos, libran ahora batallas legales que parecen injustas, dadas las condiciones que padecían las comunidades en que se crearon las autodefensas que ellos encabezaban y que legitimaron la Secretaría de Gobernación y la de la Defensa Nacional al desempolvar la vieja (e igualmente perversa) figura de los cuerpos de rurales.

Ahora estamos en el peor de los mundos posibles, pues la arrogancia del gobierno en turno no le permitió advertir el riesgo de que el principal narcotraficante se fugara y muchos advierten la incongruencia de lanzar el aparato del Estado contra Salgado, Mireles o Verdía, mientras Joaquín Guzmán disfruta de algún grado de libertad e impunidad.

 

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