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Mal de muchos…

OpiniónErick Zúñiga

Este octubre resultó un buen mes para reavivar la discusión sobre la pobreza a escala global. El más importante impulso lo dio el Comité del Premio Nobel de Economía al otorgar ese galardón a Angus Deaton, el profesor de la Universidad de Princeton que ha dedicado su vida a analizar la pobreza. Deaton hizo un breve comentario sobre los estudios de pobreza en América Latina que debería interpelar a todos los gobiernos de la región.

El comentario no es nuevo, hay quienes, por su experiencia cotidiana en el combate a la pobreza y sus efectos, lo saben, lo viven en carne propia, pero al decirlo Deaton adquiere un significado novedoso. Deaton, a quien sus colegas llaman Yoda, en referencia al personaje de Star Wars, hizo ver que aunque “no es especialista en la región, las estadísticas en las que se basan los estudios sobre pobreza en América Latina, no son creíbles, pues se basan en encuestas con un modelo obsoleto en el que los encuestadores hacen las preguntas equivocadas y los encuestados temen decir la verdad”.

No es posible echar en un costal único a toda América Latina, pues hay diferencias notables entre lo que han hecho Costa Rica o Uruguay para combatir la pobreza, lo que ha hecho México, donde más bien se le contiene, pero no se le combate, y la actitud más bien cínica del gobierno de Argentina que dejó de medir la pobreza porque —según la señora Kirchner— tienen “menos pobres que Alemania”.

Los problemas con la metodología de las encuestas que sirven para medir la pobreza, que en México es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de INEGI, se puede apreciar en la contradicción entre lo que el Consejo Nacional para Evaluar la Política Social, el Coneval, mide cuando distingue entre pobreza extrema y pobreza moderada, y el hecho de que —según esa métrica— no hemos avanzado (ni retrocedido) en México en los últimos 15 años en materia de pobreza, y lo que dice el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, una de las métricas nuevas que Coneval ha creado y que demuestra, más allá de cualquier duda, que entre las personas que perciben un salario para vivir, ha aumentado la pobreza.

Deaton no es el primero que critica las encuestas latinoamericanas para medir pobreza. Hace casi un año, cuando vino a México, Thomas Piketty, criticó también la ENIGH. Más allá de lo que Deaton o Piketty puedan decir, incluso Coneval acepta que no hay avance en México en materia de combate a la pobreza. La pobreza ha terminado por convertirse en un monumental negocio que garantiza la docilidad política de millones sometidos artificialmente a un régimen de escasez.

Que América Latina use estas metodologías obsoletas encuentra su complemento lógico en que seamos la región con mayor desigualdad, con mayor violencia, una de las más corruptas y con mayor impunidad del mundo.

 Nuestra desigualdad, peor que la de África, requiere para preservarse y ampliarse de una generación a otra, del sostenimiento artificial de la pobreza. El resultado de esa relación simbiótica entre desigualdad y pobreza es la violencia que alcanza los niveles que padecemos ahora en México, Venezuela, El Salvador u Honduras gracias a la corrupción y la impunidad que, hasta ahora, sólo Guatemala ha decidido combatir en serio. Lo que resulta es una realidad en la que la pobreza se ha banalizado, pues se le sostiene de manera artificial e innecesaria, para preservar la desigualdad y, lo peor, ya nos acostumbramos a verla como parte del entorno cotidiano.

 

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Complejo balance

La casi total conclusión del proceso electoral 2015 (quedan por definir una diputación de mayoría y una de representación proporcional, que serán resueltas por la elección extraordinaria en el distrito federal 01 de Aguascalientes el próximo diciembre) ha motivado la realización de múltiples foros en los que se señala que la reforma electoral 2014 agregó una complejidad considerable a los procesos electorales.

A mi juicio, esa complejidad tiene su origen en al menos tres factores: la premura en la aprobación de la reforma; la instrumentación de las nuevas atribuciones nacionales y concurrentes entre el INE y los institutos locales; y el propio carácter de la reforma.

La aprobación de la reforma, a unos meses del inicio del proceso electoral, obligó al INE, no sólo a la apurada adecuación de su ya abultado marco procedimental y normativo, a ajustarse a un marco legal general con innovaciones importantes en casi todos los rubros de la actividad institucional, sino a la instrumentación de su propio nacimiento y de nuevos procesos que atendiesen a sus nacientes atribuciones (la unidad de lo contencioso electoral, la oficialía electoral, la vinculación con los institutos locales, la fiscalización nacional, la distritación federal y local, el servicio profesional electoral nacional, y la credencialización en el extranjero, por mencionar sólo algunos).

En adición a lo anterior, la instrumentación de atribuciones concurrentes en los ámbitos nacional y local ha añadido mayor complejidad, si cabe, además de por la novedad, por la heterogeneidad de maduración y desarrollo de los institutos locales, y por un marco legal que aún mantiene vacíos normativos y contradicciones. Conviven en nuestro país institutos locales con amplias y sólidas capacidades en materias como: fiscalización, servicio profesional electoral, educación cívica, resultados electorales preliminares y organización electoral, con otros que no cuentan siquiera con los recursos humanos, materiales y financieros indispensables para su operación permanente.

Pero quizá la mayor complejidad tiene su origen en la reformulación de atribuciones para los ámbitos nacional y locales. Cabe recordar que, con la intención manifiesta de impedir la injerencia indebida de los gobiernos de las entidades federativas en los procesos electorales locales, se concentró en el INE un cúmulo de atribuciones, que eran competencia de los institutos locales.

Es, quizá, en este último aspecto en el que la reforma electoral muestra también su mayor debilidad, pues ésta no se aprobó en el marco de una transformación del régimen político, en el que todos los actores involucrados asumiesen a plenitud el hecho de que la reforma electoral también reformula (por la puerta trasera) el federalismo mexicano.

Esa ausencia de armonía, entre lo político y lo electoral, es lo que hace parecer inviable que las autoridades electorales puedan superar, por sí mismas y con los instrumentos legales a su alcance, los retos que plantea el tenor político de la reforma. Lo anterior se hace evidente a partir del hecho de que los poderes locales ejercen mecanismos de intervención política, que no pertenecen al ámbito de la reforma electoral. Entre ellos: la determinación del presupuesto, la aprobación de leyes que impactan la operación de los institutos locales, y la posibilidad de fincar responsabilidades políticas y administrativas a los consejeros locales; por mencionar solo tres aspectos.

En suma, si se quiere transformar el pacto federal se requiere tomar al toro por los cuernos y emprender una reforma política. Aunque, hay que decirlo, en este momento las condiciones no parecen estar dadas en favor de esa reforma, para ese fin específico, ni a favor de la centralización de atribuciones.

Estancados

Si es cierto, como dicen algunos teóricos, que la política es el instrumento para cambiar a las naciones, no debería extrañarnos que México no logre cambiar, en lo que se refiere a erradicar la corrupción de la vida pública y privada del país.

Lo grave es que no sólo no disminuye, sino que esa corrupción va adquiriendo una dimensión social, ya que la cuantía de los recursos que por ese concepto se desvían, ascienden al 9% del Producto Interno Bruto y esto afecta principalmente a los más necesitados.

El municipio es la célula básica de la sociedad, es en él donde se aprende a ser ciudadano y son las autoridades municipales las que tienen en sus manos el manejo de los recursos para resolver los problemas de la ciudad que no puede resolver cada familia, pero nuestros municipios están destinados al fracaso ya que los recursos les llegan a través del gobierno estatal y como éste los reciben de la Federación sin control y sin exigencia de rendición de cuentas, no les llegan a los municipios los recursos que debieran llegarles; les llegan muy disminuidos y para no paralizarse contraen deudas. Los municipios a su vez, tampoco rinden cuentas de lo que reciben de la Federación ni de los ingresos que recaban del impuesto predial, ni de los préstamos ni de los otros derechos y aprovechamientos. Los Gobernadores y Munícipes manejan los recursos a voluntad y son solapados por los Congresos Locales y por los Partidos Políticos. Hay pactos de impunidad que involucran tanto a lo público como a lo privado.

Urge salir de la trampa

Se han establecido normas que obligan a transparentar licitaciones, contratos y declaraciones patrimoniales, pero se ha visto que la transparencia no resuelve la corrupción. Un ejemplo se da en los problemas escolares; el supervisor de zona es el encargado de resolver un problema escolar, si no se resuelve, no se sabe a quién acudir. El ciudadano nota la obra pública, pero no conoce si el costo es correcto. Se puede ser transparente sin ser honesto.

La actualidad exige crear sistemas, por ejemplo, un sistema de transparencia parlamentaria abierto, donde se conozca todo, absolutamente, todo: A dónde va cada peso del presupuesto, así se sabría su destino claro; no habría posibilidad de coptaciones, compras de votos para aprobar leyes, financiar comisiones, viajes, remodelaciones, etc. y no sólo en lo económico, sino en el cabildeo.

Documentar la información, no en documentos aislados en PDF, esos ya no sirven. Se requiere crear sistemas con bases de datos abiertos, con archivos permanentes, que no los destruya el funcionario que deja de serlo; que se puedan conectar y sacar cruces. Que sirvan para la toma de decisiones. No se puede repetir lo que pasó con la nómina de los maestros, no se sabía cuántos eran ni en qué escuelas trabajan.

México necesita salir de la trampa de la corrupción; que no sea por periodicazos como nos enteramos de la corrupción. Hay nuevos problemas, los medios están presionados por sus dueños, por el narco. Ya no se habla del “chayote”, pero hay que saber cuánto gana un periodista por hablar bien del gobernador o a qué se expone por denunciar al crimen organizado.

Se requiere poner la lupa en el Poder Judicial, es muy opaco. La reforma de la PGR que la convertirá Fiscalía con autonomía, es una esperanza El Secretario de la Función Pública tendría que ser el zar anticorrupción, no un funcionario que dependa del Ejecutivo. Si no cambia la política no se eliminará la corrupción. Somos un país con leyes, necesitamos ser un país de leyes.

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