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Leyes reglamentarias

OpiniónErick Zúñiga 

Recientemente se ha generado una discusión pública sobre la posible aprobación por la Cámara de Diputados de la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional. Por esto es pertinente dar información que clarifique y no se desinforme a la población, sobre la regulación para decretar un estado de emergencia o de suspensión de garantías, como se le quiera llamar.

Desde la Constitución de 1857 (Siglo XIX) el artículo 29 faculta al Presidente de la República “en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera otros que pongan a la sociedad en grande peligro o conflicto, solamente el Presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con la aprobación del Congreso de la Unión… puede suspender las garantías otorgadas en esta Constitución con excepción de las que aseguran la vida del hombre; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado…”.

Posteriormente, en la Constitución de 1917 (México post revolucionario) se modificó este artículo aunque la esencia se mantuvo, y fue hasta 1981 y sobre todo en junio de 2011, junto con la reforma al artículo 1º constitucional que se dio a este un marco más garantista en concordancia con los tratados internacionales sobre derechos humanos y alineados al artículo primero, que señala que éstos deberán ser protegidos y garantizados por todas las autoridades desde el ámbito de sus facultades.

Lo anterior generó que la actual redacción del artículo 29 constitucional se apegue a los criterios que establece el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el tema de suspensión de garantías. En particular, la inclusión del catálogo de derechos humanos no susceptibles de ser restringidos o suspendidos, y la obligación de que el decreto deberá estar fundado y motivado, además de ser proporcional a la situación a la que se hace frente.

Como podrá verse, la discusión no es de qué, sino de cómo, el qué ya está resuelto desde hace más de un siglo en cuanto a que el Presidente de la República cuenta con facultades para, que con la aprobación del Congreso de la Unión, pueda restringir o suspender derechos y garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a una situación de emergencia, peligro o conflicto por un tiempo limitado.

Es por ello que un grupo de senadores como Armando Ríos Piter, Zoe Robledo, Manuel Camacho Solís (qepd) y Alejandro Encinas, entre otros, decidieron desde agosto de 2013 presentar una iniciativa que estableciera los cómos, es decir, reglamentar este artículo 29 y así acotar la discrecionalidad que tiene el Ejecutivo por la facultad constitucional. Fue el 9 de diciembre de 2015 cuando el Senado de la República aprobó la Ley Reglamentaria que comento y remitió esta minuta a la Cámara de Diputados, como Cámara Revisora.

La iniciativa hoy está siendo discutida en las correspondientes comisiones unidas (cabe aclarar que la de Gobernación violentó el procedimiento dictaminando por su cuenta) por lo que pronto deberemos sesionar conjuntamente las Comisiones de Gobernación y Derechos Humanos para que una vez dictaminada se someta al Pleno para su aprobación o rechazo.

Lo bueno es que la Ley considera que esta facultad no puede ser una acción unilateral del Presidente de la República, sino que requiere de la aprobación del Congreso de la Unión. España, Francia e Italia son países donde no participa el Congreso para autorizar el Estado de excepción, sólo para su prorroga.

El artículo 7º de la Ley Reglamentaria establece el coto vedado de derechos humanos no susceptibles de restringirse ni suspenderse. El artículo 2º señala cómo se debe integrar el contenido del decreto. El artículo 20 obliga que una vez aprobado se deberá informar a la OEA y a la ONU. El capítulo III de la Ley considera la revisión de constitucionalidad y los medios de impugnación.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Características de gran socio

A nivel mundial, la integración comercial ha mejorado el nivel de vida de la población gracias a que ha detonado una mayor productividad y permite el acceso a bienes de calidad con precios competitivos.

Además, el impacto neto en la generación de empleos por la apertura comercial ha sido positivo, aun cuando ha sido inevitable la desaparición de algunos puestos de trabajo ante la automatización de procesos y el traslado de producción de menor valor agregado fuera de las economías industrializadas.

En algunos sectores de la población estadounidense existe la percepción de que su economía está sufriendo un proceso de desindustrialización debido a que la producción manufacturera y los empleos se han ido a otras economías, a raíz del proceso de liberalización del comercio que inició en los 90 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Décadas antes de la entrada en vigor del TLCAN el empleo manufacturero en Estados Unidos mostraba un declive atribuido principalmente al avance tecnológico. Entre 1979 y 2015 el empleo en las manufacturas disminuyó de 19.3 millones a 12.3 millones de puestos de trabajo, no obstante que el volumen de producción, es decir la cantidad física de producto final, aumentó en 110% en el mismo período.

A partir de la entrada en vigor del TLCAN no se percibe un deterioro generalizado del mercado laboral de EU. Por el contrario, la tasa de desempleo bajó de 6.5% al cierre de 1993 a 3.9% al cierre del año 2000, sólo 6 años después de que se firmó el tratado. Hoy se ubica en 5.0%, aun cuando a principios de esta década la crisis económica la llevó hasta niveles cercanos a 10%.

La pérdida directa de empleos manufactureros en Estados Unidos asociada con el traslado de producción hacia México se calcula como máximo en un millón de puestos de trabajo, lo que se compara muy favorablemente con la creación de 14 millones de empleos que la Cámara de Comercio de Estados Unidos estima que están vinculados con el comercio con México.

Hay que tener en cuenta que el comercio entre EU y México es único en el mundo, ya que existe un programa de “producción compartida” entre ambos países en el cual un 40% del contenido de las importaciones de Estados Unidos que provienen de México en realidad se produce en EU. Esto significa que cuarenta centavos de cada dólar gastado en importaciones de México regresan a Estados Unidos, una cantidad diez veces mayor que los cuatro centavos por cada dólar que regresan de los productos que se importan de China.

Por otro lado, la apertura comercial ha significado un incremento en el poder adquisitivo de las familias de Estados Unidos. Según un estudio realizado por las Universidades de California y de Columbia, el trabajador medio estadounidense perdería 29% de su poder adquisitivo si su país se cierra al comercio, mientras que los trabajadores con menores ingresos lo verían desplomarse en 62%. Esto porque su consumo depende en mayor medida de productos importados.

No obstante, resulta extremadamente difícil explicarle las bondades del comercio a quienes han perdido su trabajo y no han logrado reingresar al mercado laboral, o lo han hecho en condiciones precarias. La falta de capacitación ha impedido a estas personas adaptarse al cambio tecnológico, situación que se ha reflejado en un incremento en la desigualdad en los países desarrollados.

El diagnóstico es claro, la población menos calificada en los países desarrollados atraviesa por una crisis debido a la incapacidad de adaptarse al entorno moderno, por lo que el esfuerzo de los gobiernos debe concentrarse en resolver esta problemática. La respuesta se tiene que buscar en la capacitación y en desarrollar habilidades que le den mayor flexibilidad a la fuerza laboral, mas no en el proteccionismo.

Como los cangrejos

Fue en 2012 cuando la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chang, felicitó al gobierno mexicano por los logros del Seguro Popular que permitían acercarse a la cobertura universal de salud, uno de los objetivos de ese organismo multilateral. La cobertura universal, dijo Chang hace cuatro años, permite a los países evitar crisis financieras derivadas de los altos costos de salud.

La mala noticia es que, hace apenas unos días, en el órgano informativo oficial de la OMS, una investigación coloca a México en los últimos lugares en materia de cobertura universal de salud. ¿Qué cambió en los últimos años? ¿Quién se equivocó en el manejo de los datos? De acuerdo con la investigación sobre atención sanitaria en México, Rusia, Ghana, India, Sudáfrica, entre 2007 y 2010 los mexicanos mayores de 50 años registraron el peor y más deficiente acceso a infraestructura médica para el tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas.

El análisis se realizó con cifras de la OMS y no de la Secretaría de Salud. Quizás allí está la diferencia. En México, los investigadores de la OMS encontraron que sólo el 20.6 por ciento de la población estudiada tuvo acceso a atención médica y en Sudáfrica fue el 47.6 por ciento. Ayer fue el Día Mundial de la Salud y la OMS lanzó un nuevo reto: mayor atención para enfermedades crónico degenerativas. Claro, para ello la Cobertura Universal es indispensable y en México aún es un tema pendiente.

La OTI se fortalece. Fue en Miami, la cuna de la televisión de habla hispana, en donde se dieron cita empresarios y directivos de los principales generadores de contenidos en español. En torno a la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI), los empresarios del sector de la televisión y las telecomunicaciones firmaron acuerdos para impulsar el desarrollo de contenidos audiovisuales y el acceso a la conectividad de la región. México está encabezando muchas de las iniciativas en la OTI que atiende una audiencia de más de 500 millones de personas.

Vaya reto que tiene, una vez más, la CNBV que preside Jaime González Aguadé. Resulta que el próximo año el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) revisará el cumplimiento de México en materia de reglas contra el lavado de dinero. La CNBV aplica los exámenes para los certificadores en cada institución financiera del país. La buena noticia es que el examen es muy complejo y exigente. La mala es que la CNBV no logra dar buena atención a los intermediarios; no hay capacidad para realizar la evaluación ni nuevas fechas para aplicar esos exámenes. Así que se prevén muchas multas.

Brilla por su ausencia

El pasado 31 de marzo, un México sin sorpresa leyó en la revista Bloomberg-Businessweek que Andrés Sepúlveda, pirata informático de origen colombiano, había intervenido la elección de 2012 para asegurar la victoria de Enrique Peña Nieto.

Con un presupuesto de 600 mil dólares, Sepúlveda encabezó “un equipo de seis hackers que robaron estrategias de campaña, manipularon redes sociales para crear falsos sentimientos de entusiasmo y escarnio, e instalaron spyware en sedes de campaña de la oposición”, para facilitar la llegada de Peña Nieto a la Presidencia de la República.

Con este hecho, Sepúlveda demuestra que las técnicas para activar el fraude electoral están ligadas al desarrollo informático y tecnológico más sofisticado.

Estas prácticas, sin embargo, coexisten con las viejas técnicas instauradas desde 1929 por el PRI y, luego refinadas por el resto de los partidos políticos: “La compra de credenciales”, “el acarreo”, “los muertos vivientes”, “el ratón loco”, “el tamal”, “el carrusel”, o la simple, pero siempre efectiva “caída del sistema”.

Con dificultades, el INE ha creado una cultura de capacitación y observancia electoral que dificulta el fraude mediante estas viejas prácticas que prevalecen en las zonas rurales e indígenas, donde habitan 17 millones de mexicanos pobres.

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