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La violencia or la violencia

 

Opinión-colorErick Zíñiga

Desde finales de septiembre, una palabra domina el vocabulario de la política en México: Ayotzinapa. No había necesidad de que fuera así, pero en la manufactura de la más reciente tragedia en México se han combinado factores como corrupción, delincuencia organizada, ineptitud y el más, más notable de todos: la incapacidad para que el sistema de justicia cumpla con sus objetivos, así como muchos fallos del modelo de desarrollo económico que espera mucho del turismo en Acapulco y Zihuatanejo, pero mantiene en el olvido a cientos de miles de personas en las zonas rurales del estado.

Antes de que desaparecieran más de 40 jóvenes estudiantes de la normal popularmente conocida como Ayotzinapa, la región ya había vivido conflictos que tuvieron a los estudiantes de esa institución como protagonistas. Dichos jóvenes también participan con alguna frecuencia en actos violentos.

A finales de 2011, el país conoció detalles de la manera macabra en que los estudiantes de Ayotzinapa quemaron vivo a Miguel Rivas Cámara, empleado de una gasolinería de Chilpancingo, durante los episodios de violencia del 11 y el 12 de diciembre de ese año. En esa ocasión también murieron dos estudiantes de la normal: Jesús Herrera y Gabriel Echeverría.

La institución misma representa un modelo educativo que ha probado repetidamente que no satisface las necesidades de formación no sólo por la radicalización ideológica a la que se somete a los estudiantes que asisten ahí.

También por el hecho que es un modelo obsoleto que debió desaparecer hace mucho, pero que se ha conservado de manera artificial para ofrecer, como un premio de consolación, la posibilidad de que los jóvenes estudien y obtengan, más por presión política que por méritos académicos o profesionales, una plaza en alguna de las escuelas primarias multigrado que todavía existen en Guerrero.

Cuando todavía no sabemos qué pasó con los jóvenes ni quiénes están implicados y crece el clamor por la justicia, escuchamos declaraciones grandilocuentes: “llegaremos hasta las últimas consecuencias”; “nadie está por encima de la ley”, que es algo que sólo se diría en un país donde unos cuantos están efectivamente por encima de la ley.

Quizás lo primero que tendría que reconocerse en Guerrero es, por ejemplo, que el modelo de desarrollo centrado en la explotación turística convencional no ha funcionado; lo que ha ocurrido, en cambio, es la devastación ecológica, la erosión institucional, la escalada de la corrupción y la lamentable legitimación de la violencia como vía para resolver los problemas del estado, como lo demuestra la insistencia del gobernador Aguirre en el modelo de “auto-defensas”.

Es tiempo ya de reconocer que ese modelo no ha contribuido a promover la equidad y que, por ello, Guerrero es uno de los estados más pobres y con mayor desigualdad en todo México.

Reconocer que incluso en Acapulco el modelo de desarrollo centrado en el turismo genera más problemas de los que resuelve y que si ya, de todos modos, la violencia acabó con el recuerdo de Guerrero como un estado turístico, sería tiempo de pensar en un modelo de desarrollo que no reprodujera la violencia, que no engañara a los más pobres, como ocurrió recientemente con las casas que Sedesol construyó y entregó a damnificados del huracán Manuel, o antes, en 2012, con las tarjetas “La Cumplidora”, que Ángel Aguirre entregó a miles de familias y que no servían.

No hay de otra. Hay que reconocer que ni el clientelismo, ni los engaños ni proyectos faraónicos de infraestructura como la Autopista del Sol resuelven los problemas. El desarrollo sustentable, sólo eso, podrá llevar la paz a Guerrero.

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