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La verdad se sabrá

 

Opinión-colorErick Zúñiga

Un gobierno democrático tiene el reto y el compromiso de enfrentar con eficacia al crimen organizado, al tiempo de garantizar —en todo momento— que no se violen los derechos fundamentales de las personas. El caso de Tlatlaya tiene en jaque al gobierno federal, pero también puede ser su oportunidad para demostrar credibilidad en su compromiso con la legalidad democrática. Veamos.

El pasado 30 de junio, en una bodega del poblado de San Pedro Limón, del municipio mexiquense de Tlatlaya, fueron privadas de la vida 22 personas. La versión oficial del caso fue que en ese lugar ocurrió un enfrentamiento, mientras que las versiones periodísticas apuntan a que se trató de una ejecución.

Las autoridades presentaron los hechos como un enfrentamiento entre presuntos secuestradores y una patrulla militar. Tanto el gobierno del Estado de México como el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos salieron prontos a declarar —aun cuando no habían concluido las investigaciones ministeriales ni habían iniciado las actuaciones judiciales del caso— que los 22 muertos de Tlatlaya habían perdido la vida en un enfrentamiento con militares. Hoy sus afirmaciones quedan en entredicho.

Fue así como el caso Tlatlaya se intentó minimizar, en un principio, mientras que los hechos demostraban que la intención era esconderlo. La información oficial intentó deformar los hechos y describir una versión poco creíble. La tardanza en la realización de la investigación formal generó que los vacíos informativos se comenzaran a llenar de versiones. El deficiente manejo de la información, por parte del gobierno federal, generó más dudas que certezas.

Ante la magnitud de los hechos y con la información que circulaba entre la opinión pública, fue la prensa extranjera quien investigó y puso en la mesa testimonios verbales y gráficos que apuntan a una ejecución extrajudicial realizada por soldados. Fueron dos medios de información extranjeros quienes dieron a conocer el testimonio de una joven —que estuvo presente el 30 de junio en esa bodega—, quien señaló que 21 de los 22 muertos fueron ajusticiados por militares después de que se habían rendido. Después comenzaron a circular las imágenes de cómo quedó el lugar después de los hechos.

Dar a conocer esta investigación hizo reaccionar a las autoridades. ¿Por qué hasta entonces y no antes, la Sedena abrió una investigación sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya? Es hasta entonces que la Secretaría de la Defensa Nacional da a conocer que ha detenido a ocho soldados —un oficial y siete elementos de tropa— por presuntas violaciones a la disciplina militar.

El titular de la Procuraduría General de la República da a conocer que se acusará formalmente a tres soldados por el delito de homicidio, porque realizaron “disparos que no tenían que hacerse”, pero no podía asegurar que lo ocurrido en la bodega del poblado de San Pedro Limón se haya tratado de una ejecución. Todo ello independiente de los procesos militares que está siguiendo la Sedena.

El mal manejo del caso Tlatlaya y el mal manejo de la información en torno al mismo han empañado ya las investigaciones, los resultados que puedan surgir y la credibilidad del gobierno. Si los 21 o 22 muertos eran criminales, nada justificaba su ejecución; pero debido a la acción de los militares, los muertos pasarán de criminales o delincuentes a mártires.

El caso Tlatlaya es una de esas variables del combate al crimen organizado que pueden manchar definitivamente la legalidad y la eficacia del combate gubernamental; pero también es una gran prueba para el gobierno federal sobre la voluntad que tiene para sujetar a controles a las fuerzas armadas. El gobierno de Enrique Peña Nieto tiene una prueba de fuego.

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