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La persona idonea

 

Opinión-colorErick Zúñiga

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde su creación en 1992, ha sido fundamental para atender las violaciones –sean de autoridades o funcionarios públicos– a las garantías fundamentales de los mexicanos.

Sus recomendaciones de carácter autónomo no solamente han servido para lograr que los gobiernos rectifiquen, sino también para investigar y esclarecer algunos actos, hechos u omisiones que han puesto en peligro los derechos humanos de los ciudadanos, grupos de minorías e inclusive de comunidades enteras.

La CNDH es una institución que ha sido fundamental para lograr que los gobiernos rindan cuentas y asuman con responsabilidad la protección de los derechos humanos. Su trabajo es indispensable para asegurar la consolidación de la democracia en nuestro país y la aplicación del Estado de derecho. A nivel internacional es reconocida como un organismo de vanguardia y ejemplo de autonomía frente al poder público.

Bajo los anteriores antecedentes, el Senado de la República en los próximos días tendrá encargo de nombrar al presidente de la CNDH para el periodo 2014-2019.

Durante la semana pasada —en el marco de las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, y previo a una gran difusión de la convocatoria—, los grupos parlamentarios se dieron a la tarea de auscultar y debatir públicamente los proyectos de los 21 candidatos a dirigir al organismo autónomo y, no solamente eso, escucharon las recomendaciones y opiniones de las organizaciones de la sociedad civil sobre el perfil que debe tener el nuevo titular.

Todos los aspirantes han demostrado que poseen una reconocida trayectoria profesional, que están capacitados, que tienen las habilidades para desempeñar el cargo y cumplen con los requisitos constitucionales.

Han demostrado que tienen un proyecto encaminado a fortalecer los mecanismos para salvaguardar los derechos humanos y, sobre todas las cosas, de coadyuvar a resaltar todo el buen trabajo que han realizado los organismos autónomos, las organizaciones de la sociedad civil y los propios gobiernos, el cual se ha visto ensombrecido por los lamentables casos de Ayotzinapa y Tlataya.

Los senadores tienen por delante el compromiso de nombrar a un ombudsman nacional con capacidad de actuar con independencia, autonomía funcional, exento de recibir instrucciones de alguna autoridad, más cercano a las víctimas y con la fortaleza institucional para emitir recomendaciones sin importar el destinatario.

Será una tarea difícil porque todos los candidatos son valiosos y están comprometidos con México. No obstante, confiamos en que optarán porla persona que haya presentado y defendido el mejor proyecto, aquel que sea más proclive a consolidar desde la presidencia de la CNDH una visión de Estado, quien haya acreditado la suficiente experiencia profesional y académica, tenga conocimiento de la naturaleza transversal de los derechos humanos y la capacidad de reforzar la confianza de la ciudadanía en la institución.

Bajo un ejercicio plenamente democrático y mediante lo que se antoja como un amplio debate público los senadores podrán alcanzar la mayoría calificada que se requiere para nombrar a quien deberá de presidir la CNDH. Antes del 13 de noviembre tendremos un ombudsman que no tendrá un día de campo, todo lo contrario, el difícil reto de consolidar el papel del Estado en la protección de los derechos humanos en nuestro país.

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