Inicio / OPINIÓN / Justicia restaurativa

Justicia restaurativa

 

Opinión-colorGeneralmente, quienes cometen un delito niegan haberlo hecho, nadie quiere en principio, aceptar su responsabilidad por lo que hizo, especialmente cuando se debe enfrentar un castigo o sanción; la propia Constitución establece que toda persona acusada tiene derecho a guardar silencio, y en caso de que mienta en su declaración o versión de los hechos, no puede ser acusado de falsedad de declaración.

Por ello, la nueva ley del procedimiento penal acusatorio prevé un incentivo para que el acusado confiese haber cometido el delito: quien acepte su responsabilidad podrá beneficiarse con la reducción de la pena correspondiente; ésta puede ser de hasta la mitad de la pena mínima en caso de delitos intencionales y hasta dos terceras partes de la pena mínima en caso de delitos cometidos por imprudencia o negligencia, si la media aritmética de las penas previstas es menor a cinco años; pero si la media aritmética excede esa cantidad, entonces las reducciones serán de hasta una tercera parte para delitos cometidos con dolo y la mitad para delitos cometidos involuntariamente.

Por ejemplo, el artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos prevé una sanción de dos a siete años de prisión para quien porte un arma de fuego sin la licencia correspondiente; entonces si una persona es detenida cometiendo esta conducta, estamos en presencia de un delito intencional o doloso, en el que la media aritmética no excede de cinco años: 2 + 7 = 9, esto entre 2 = 4.5; entonces, si el imputado no ha sido condenado previamente por otro delito doloso, al confesar su responsabilidad y someterse a un procedimiento abreviado, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control la reducción de hasta una mitad de la pena mínima, esto es, que se le imponga solamente la pena de un año de prisión.

El beneficio es mayor en el caso de delitos cometidos involuntariamente; por ejemplo, los artículos 60 y 292 del Código Penal federal, prevén una sanción de un año tres meses a dos años de prisión a quien cometa el delito de lesiones de manera culposa: entonces, si una persona es detenida por haber atropellado a otra involuntariamente, pero causando la inutilización completa de un miembro de su cuerpo; la media aritmética de dicho delito también es menor a cinco años: 1.25 + 2 = 3.25, entre 2 = 1.625. Entonces, si el imputado no ha sido condenado previamente por un delito doloso, al confesar su responsabilidad y aceptar someterse a un procedimiento abreviado, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de Control la reducción de hasta dos terceras partes de la pena mínima, esto es, que se le imponga solamente la pena de prisión por cinco meses.

Es evidente, en ambos ejemplos, que la pena se reduce considerablemente. Entonces, el procedimiento sí constituye un beneficio para el inculpado; por eso resulta atractivo confesar. Pero no sólo eso, el procedimiento abreviado tiene la ventaja adicional de concluir el proceso penal de forma anticipada, en una sola audiencia el juez dicta sentencia y concluye el problema, evitando que el sentenciado sea sometido a un juicio que podría prolongarse meses o años.

Con ello, no sólo se benefician las partes involucradas, sino también se despresuriza el sistema de impartición de justicia, lo cual redunda en una justicia más pronta para los gobernados en general. Hoy, 9 de cada 10 asuntos que se concluyen en los Centros de Justicia Penal federal, lo hacen por la vía del procedimiento abreviado.

La rapidez del proceso no es obstáculo para proteger los derechos de la víctima del delito; ya que es requisito obligatorio para que proceda la reducción de la pena a quien confiesa, que pague la reparación de los daños causados a la víctima. Así, este procedimiento privilegia la justicia restaurativa sobre la justicia retributiva; esto es, la restauración del desequilibrio social causado por el delito en lugar del castigo al delincuente.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Los modos y los medios

Estamos ya en la recta final del plazo señalado por la propia reforma constitucional en materia de justicia de 2008; en el horizonte ya se otea su límite en unos cuantos meses. Mucho se ha escrito y reflexionado al respecto; es ocupación y preocupación de todos, operadores del Derecho y legos, ciudadanos de a pie que tal vez, sin tener nada que ver con conflictos con la ley y la justicia, están atentos a este nuevo hito del discurso histórico mexicano. No es para menos, se trata de la justicia de nuestro país; uno de los valores más caros para cualquier sociedad y de una instancia del Estado que se espera siempre sea confiable y eficaz.

El esfuerzo ha sido mayúsculo en todos los frentes interesados en implementar de buena manera los rasgos que distinguen a esta gran reforma pacífica de la justicia. Nadie ha quedado fuera del empeño, ni del desempeño en una facturación que se miraba enorme, de calado mayor. Hoy seguimos viendo las dimensiones de todo lo implicado, pero estamos debidamente pertrechados a estas alturas para llegar a la meta. Se cumplirá en toda su extensión la exigencia constitucional, en todos los fueros y en todas las regiones del país.

Sin embargo existen algunos temas fundamentales en todo esto que debemos abordar a conciencia. Ya nos hemos referido a la arquitectura de los juzgados, al entrenamiento profesional para un correcto desempeño, al presupuesto requerido. Ya hemos explorado con abundancia los instrumentos legales y procedimentales. Las cosas ya han sido calculadas y se alcanzarán los objetivos. Sin embargo, ahora que el destino nos alcanza, y tenemos también la tarea de redactar nuestra Constitución capitalina, quisiera mencionar algunas cuestiones que deben aparejarse en la redacción de la misma con la instrumentación de la reforma de justicia:

Concebir un Derecho penal mexicano único e integral, sujeto a conceptos adecuados y principios uniformes para todo el país, articulando un nuevo federalismo más cooperativo, más actualizado, más moderno;

Alcanzar finalmente en la legislación, por supuesto, pero sobretodo en las mentes de cada cual, un amplio consenso y apertura a la equidad de género; varones y mujeres en un plano de igualdad, que sabe reconocer desigualdades de grado, para aspirar a una justicia cabal y equitativa, que brinde trato y resultados iguales;

Lograr conjuntar discurso y realidad en materia de justicia para adolescentes, más allá de una legislación novedosa y firme; es preciso comprender que ese universo juvenil requiere de marcos de actuación específicos y muy cuidados;

Promover y diseñar modelos de auténtica autonomía orgánica, técnica y presupuestal, tanto en el Ministerio Público, cuanto en las diversas judicaturas; este renglón es básico bajo los requerimientos del nuevo modelo de justicia, pues sólo así, se incorporará credibilidad y confianza ciudadanas en sus aparatos públicos de procuración e impartición de justicia; y

Impulsar una actitud en los operadores del Derecho y un cambio profundo de nuestra perspectiva, las cuales deben ser adecuadas a los nuevos principios rectores que informan el cambio. Al no regir el pensamiento arcaico consistente en que todo juicio penal debiera desembocar en la imposición de una pena mortificante, a fin de aplicar los medios de la antigua readaptación social como pócima mágica, es preciso ahora, adoptar una mentalidad moderna y no meramente represiva.

Sin duda, hay mucho por hacer en estas materias; pero una de ellas es fundamental: cambiar la concepción y percepción de nuestra ley penal y nuestros modos y medios de justicia.

El chicote justiciero

No están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarles que hace mucho tiempo, en la remota era de la televisión en blanco y negro, existió un personaje llamado Juan Derecho. Era un justiciero que deambulaba por la ciudad, digamos los límites de la delegación Miguel Hidalgo, enderezando entuertos y poniendo en su lugar a los abusadores. A pesar de su aparente fragilidad, pues lo interpretaba el pequeño pero estupendo Chucho Salinas, resultaba invencible gracias a que portaba un artilugio eficaz: un chicote. Cuando lo blandía retemblaba en sus centros la tierra. Los malandros, derrotados, imploraban: “chicotito no, Juan, chicotito no”.

Lo recuerdo hoy, en la era de la televisión digital y las redes sociales, por la polémica que ha surgido sobre el uso de la aplicación llamada Periscope por parte de Arne aus den Ruthen que trabaja de city manager para Xóchitl Gálvez y que va por los calles de la delegación Miguel Hidalgo buscando abusadores para ponerlos en video y exhibirlos en vivo. Su objetivo es llegar a los niveles de Juan Derecho para que los rufianes le digan: “Periscope no, Arne, Periscope no”.

La polémica tiene sentido. Se justifica que se estén gastando toneladas de tinta para desahogarlo. Esto de las nuevas tecnologías da lugar a debates inusitados en todo el mundo, como ese del FBI vs. Apple, entre la seguridad nacional y la privacidad de los usuarios.

Pero volvamos a la Miguel Hidalgo, Arne es un político que anhela visibilidad para tener posiciones de más poder. Debe estar disfrutando al máximo su protagonismo. Se vale y no se discute. Lo que sí se discute es que una autoridad tenga derecho a exhibir de manera pública a ciudadanos que cometen faltas administrativas. Hablo de un mal manejo de la basura o estacionarse en lugares prohibidos. Arne podría detectar la falta, llamar a la policía para, por ejemplo, remover un auto mal estacionado y ya. Transmitirlo en vivo, exponer al escarnio a las personas, puede ser un exceso. La Comisión de Derechos Humanos local ya se pronunció en contra.

El uso de las tecnologías digitales goza de buena fama cuando son los ciudadanos los que denuncian abusos de las autoridades. La gente común y corriente no tiene al alcance otras herramientas. Arne tal vez quiera pasar por un ciudadano preocupado por sus semejantes. Una especie de activista con gadgets. No lo es. Es un funcionario. Arne ya se metió en varios pleitos, que es la especialidad de la casa.

El más reciente con académicos a los que acusó de chayoteros. Una cosa es clara, si los pleitos de Arne le pegan a Xóchitl y la desgastan políticamente, se tendrá que ir con su camarita a otra delegación. Las posibilidades de que haga huesos viejos en esa posición de city manager son mínimas. En un mensaje reciente de Twitter la delegada apuntó: instruyo a Arne a que se dedique a las actividades y funciones que le fueron encomendadas. Fue un coscorrón digital que dolió más que los verdaderos.

La gente anhela que se ponga fin al gandallismo en las calles de la ciudad. Arne hizo lo que muchos sueñan pero no se atreven: se enfrentó a unos guaruras. Los golpes fueron la respuesta. Es obvio que en casos así la gente aplaude desde la gayola. La discusión va para largo. Hay posiciones encontradas. Yo me quedo con el recuerdo nostálgico de Juan Derecho y su chicote justiciero.

Por días así…

Gusto y fobia por la evaluación. El ganador dos veces consecutivas del Oscar a la mejor dirección, Alejandro González Iñárritu, y el vencedor tres veces seguidas por el Oscar a la mejor fotografía, Emmanuel Lubezki, son mexicanos de excepción, pero no sólo por sus logros en la industria cinematográfica mundial.

Lo que los hace excepcionales en el entorno doméstico es su disposición a competir, a medirse, a ser evaluados en sus méritos por jueces impredecibles de la globalidad. También los hace sobresalir su habilidad para leer las inclinaciones estéticas y políticas de sus jurados, a fin de presentarse al examen con las mayores posibilidades de una buena calificación.

Revisar tambien

Zedillo, ‘chapulín fifí’ que brincó a empresa vinculada a gobierno: López Obrador

Agencias/El Presidente pidió que se apruebe la ley de austeridad que impedirá a funcionarios trabajar ...