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Juntos en la lucha anticorrupción

Opinión-colorÁguila o Sol

De: Prof. Monjardín

De una revisión preliminar de la minuta turnada por la Cámara de Diputados al Senado de la República en materia de reforma constitucional anticorrupción, me aventuro a pensar que éstos podrían (¿deberían?) ser los impactos en las entidades federativas y en el DF.

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción como el establecido en el nuevo texto constitucional, con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Dichos sistemas anticorrupción locales deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales expedidas por el Congreso de la Unión, las constituciones y leyes locales.

Se deberá otorgar o fortalecer la autonomía de los tribunales contencioso administrativos y crearles salas especializadas a efecto de que conozcan y resuelvan sobre la materia anticorrupción. Bienvenido el enfoque jurisdiccional en la resolución de esas controversias, hasta hoy en manos, directamente, de los ejecutivos locales por conducto de las procuradurías de justicia, las procuradurías fiscales y las Secretarías de Contraloría o Contralorías Generales del gobierno local.

Dichos tribunales podrán fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

Esos tribunales impondrán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.

Las entidades de fiscalización de los Estados y del DF (o Auditorías Superiores) contarán con atribuciones para promover directamente ante esos Tribunales, y tal vez ante las fiscalías anticorrupción que se instauren, las acciones jurídicas en materia de responsabilidades de servidores públicos y probablemente, hasta de particulares (personas físicas y morales) que cometan actos de corrupción, derivadas de sus hallazgos en sus auditorías.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada por el ejecutivo local a la Legislatura local a más tardar el 30 de abril (generalmente se entrega en junio).

Los entes públicos estatales y municipales, así como del DF y sus delegaciones, contarán con órganos internos de control, con las atribuciones necesarias para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución federal.

La Auditoría Superior de la Federación podrá promover directamente ante el Tribunal Federal de la materia y ante la Fiscalía Anticorrupción de PGR, acciones jurídicas contra servidores públicos de los estados, municipios, del DF y sus delegaciones, y de los particulares.

Opresión

Cuando nos atosigan, interrumpiendo una y otra vez con anuncios políticos idénticos, sin dos segundos de espacio; grabados a decibeles más altos que el volumen que tenemos seleccionado en nuestra TV, y en cada interrupción fastidiosa, nos obligan a ver y escuchar burdas mentiras mal hilvanadas.

Basta escuchar atentamente esa propaganda partidista (del color que sea), una sola vez, para reconocer la golosina envenenada de la incongruencia.

El razonamiento paralelo del televidente abre –en tiempo real-  el archivo mental de las veces que  vimos a los diputados chacoteando en sesión del Congreso. Sin poner el más mínimo interés en escuchar lo que plantea el ponente. Cuando los vimos durmiendo, o más entretenidos en mensajear. ¡Ah!, y el simulacro de comparecencias a funcionarios con preguntas a modo. Niños de sexto de primaria preguntarían mejor.

Cuando muestran no tener el mínimo respeto por México, por el recinto en que se encuentran, por  los ciudadanos del distrito que juraron representar. Hace rato que no nos sentimos representados porque; cada legislación entrante, se olvida de su juramento y sólo procura satisfacer su codicia y nada más.

Nos sentimos burlados, defraudados y angustiados de ver cómo tanto dinero se va en mantener, salvo honrosas excepciones, a vividores profesionales. El historial de muchos candidatos está  gravemente manchado de corrupción, sin el menor decoro, los partidos los postulan y ponen en la boleta electoral. Después, cínicamente se deslindan.

El principio moral: “LA PATRIA ES PRIMERO” no está en el ADN político. Sin honor, sin congruencia hacia lo que pregonan, emergen como ratas de alcantarilla o cucarachas de caño. ¿Por qué tenemos que mantener a tantos partidos; a tantos vividores? Oprimir el comando Mudo, es la herramienta para conformar el mosaico del análisis que refresca “La terca memoria” (como dijera Julio Scherer).

Imagen y credibilidad

Tendremos elecciones en junio del presente año. Hemos observado que tan pronto surge un caso de corrupción, conflicto de intereses, asignaciones de obra sin licitación, enriquecimiento ilegítimo, lo primero que hacen los partidos políticos de todos los colores es; deslindarse.

¿Cómo que se deslindan; cuando el partido o la coalición es quien convoca a rueda de prensa para ungir al candidato? Eso es de lo más irresponsable y ruin. ¿Qué no investigan? O, sí investigan; se aseguran que el candidato sea otro corrupto que les deje manos libres e impunidad.

El senador de la República, perredista Carlos Navarrete, dice en entrevista televisiva, que es muy importante dejar en claro que la declaración patrimonial y declaración fiscal, sólo se hará pública si el candidato gana la elección. ¿La interna, o la de la urna de votación?

En el afán de recuperar la imagen y credibilidad perdidas, el presidente presentó su rasurada declaración patrimonial. La declaración fiscal quedó oculta por la neblina de la opacidad… algunas donaciones… algunas herencias. La vaguedad es la peor forma de mentir.

Resulta sintomático que ningún miembro de su gabinete, ningún funcionario público lo secundó presentando las declaraciones fiscal y patrimonial. Cosa que sería de esperarse para demostrar el mínimo grado de compromiso ante la Nación.

Aún no es momento de saber quién estará en la boleta electoral. Pero hoy, es más preocupante que nunca, conocer el filtro que usarán los partidos para seleccionar a sus candidatos. Si en la universidad, la industria y empresa, hay requisitos obligatorios a cumplir, en la política en cambio, no hay monitoreo exhaustivo a la trayectoria personal y profesional con indicadores de ética y honestidad básica. Tenemos, en todos los colores partidistas: negación y cinismo en grado superlativo. Los mexicanos no merecemos eso.

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