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Investiga Defensoría presuntas violaciones de la AEI en Ejutla

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Denuncian detención de tres personas sin presentar orden judicial. Solicitan medidas cautelares para personas afectadas.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) reitera su petición de colaboración a la Procuraduría General del Estado (PGJE)  ante probables violaciones a derechos humanos de tres personas detenidas arbitrariamente por agentes estatales de Investigación en Ejutla de Crespo.

Dentro de la nueva solicitud, emitida el 17 de septiembre último, la Defensoría solicitó a la PGJE instruir a los servidores públicos señalados para que rindan un informe detallado sobre los hechos.

Tras la queja presentada el 14 de septiembre último por R. C. R. contra agentes estatales de Investigación (AEI), pertenecientes a la PGJE, por probables violaciones a  derechos humanos de tres  personas, el organismo defensor integró el expediente número DDHPO/1402/(05)/OAX/2015, dentro del cual dictó medidas cautelares a favor de J. L. C. R., esposo de la quejosa, así como de los ciudadanos A. G. O. y F. V. L.

En la misma medida cautelar el organismo autónomo solicitó a la PGJE instruir a quien corresponda a efecto de que los servidores públicos implicados se abstengan  de causar actos de privación o molestia en contra de familiares, domicilio, documentación o derechos de  los agraviados.

La peticionaria expuso vía telefónica al personal del organismo defensor que el 14 de septiembre último los agraviados estaban en un restaurante ubicado en el vado de La Compañía, ubicado en  Ejutla de Crespo, cuando fueron detenidos por 15 personas vestidas de civil y encapuchadas, quienes dijeron ser agentes estatales de investigación.

Detalló que los agentes  se llevaron a su esposo en una camioneta Chevrolet negra propiedad del detenido, y que a las otras dos personas en la batea de una camioneta particular, sin presentar orden judicial, además de llevarse varias unidades de motor que estaban estacionadas en el lugar de los hechos.

Por ello la quejosa solicitó la intervención de la Defensoría para que las personas detenidas sean liberadas, pues aseguró que su detención fue por un delito que no cometieron.

La quejosa expuso que al momento de la detención los servidores públicos le argumentaron que apresaban a su esposo y a las otras dos personas porque supuestamente tenían una moto robada y desarmada, misma que a decir de la quejosa fue puesta ahí por los agentes.

Ante estos hechos la Defensoría pidió en su nueva solicitud a la PGJE que dé instrucciones a los servidores públicos involucrados para que, en un plazo de 15 días, rindan informe detallado de los hechos, a efecto de que el organismo defensor pueda dar seguimiento al caso.

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