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Indígenas y religiosos

 

OpiniónPensar en la cuestión indígena en México remonta, casi de manera automática, a la discusión generada en torno a uno de los más grandes genocidios de la historia, perpetrado a través de la colonización y sometimiento de América. En ese sentido, aparecen de inmediato los nombres de Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, quienes sobresalieron como las principales figuras históricas en uno y otro lado del debate.

La tesis de Ginés de Sepúlveda, vil desde entonces y hasta ahora, sostenía que “los naturales de estas tierras” carecían de un alma racional. Partiendo de la teoría aristotélica de la naturaleza de las almas, este siniestro personaje sostenía que en todo caso los “aborígenes” tenían un alma esclava que justificaba su sometimiento.

Por otra parte, el argumento central de Bartolomé de las Casas partía del carácter universal con que debe ser asumida la Iglesia de Cristo; esto es, que la cristiandad es Una y, por lo tanto, “los naturales de estas tierras” debían ser también considerados como originariamente cristianos, pero sin conocer aún la gracia del bautismo y la “buena nueva” del Evangelio.

Hay un tercer nombre que aparece alrededor de 100 años después de la famosa “Disputa de Valladolid”, el cual fue, por razones políticas, deliberadamente ocultado por distintas facciones durante la Colonia, y posteriormente poco estudiado en torno a los problemas de entonces, pero también de ahora, en lo relativo a la desigualdad, la pobreza y el sometimiento de los “diferentes”. Me refiero a Juan Zapata y Sandoval.

Este clérigo, formado primero como agustino y después consolidado como franciscano, fue obispo de Chiapas y posteriormente de Guatemala y, debido a su prestigio académico y político, fue nombrado asesor de la Corona para asuntos relativos a la cuestión indígena en el país. Su texto de referencia se titula “De la justicia distributiva y de la acepción de personas”.

En este texto hay un sinfín de argumentos jurídicos, teológicos y filosóficos por los que se evidencia el conjunto de injusticias en que estaba incurriendo la Corona Española respecto de la exclusión, el sometimiento y la explotación de las poblaciones indígenas de la Nueva España.

Juan Zapata y Sandoval sostiene que la acepción de personas consiste en favorecer arbitrariamente a unas personas sobre otras. En ese sentido, favorecer a los españoles sobre los criollos, y a españoles, criollos y mestizos por sobre las personas indígenas constituía —y constituye— un claro ejercicio de injusticia, de iniquidad y de actitud pecaminosa, pues, al existir igualdad natural entre todos los hijos de la cristiandad, nada justifica la marginación y la exclusión de los desposeídos.

A ello habría que agregar el hecho de que los pueblos indígenas eran -y siguen siendo- sometidos al despojo de sus tierras, de sus lenguas, de sus costumbres y tradiciones; y que todo ello se colocaba en el sentido opuesto de los mandatos fundamentales del Evangelio.

Después de 500 años, Chiapas es el estado con mayor porcentaje de personas pobres en México, y la inmensa mayoría de ellas son hablantes de lenguas indígenas. En efecto, los datos oficiales muestran que en esas tierras 74 de cada 100 son pobres y viven en angustiosas condiciones de carencia por privación de acceso a la garantía de sus derechos fundamentales.

El 16 de febrero se cumplen 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés y, justo un día antes, el papa Francisco estará en la misma Catedral en donde fueron signados; un hecho de una relevancia simbólica y política mayor, aun cuando se insista que la visita del Pontífice es estrictamente pastoral.

El Papa, otro franciscano, estará en la tierra de dos de los más prominentes defensores de los derechos de las personas indígenas; su discurso removerá viejas heridas que todavía no cierran, pues, como lo diría Galeano, estará frente a uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que siguen siendo las venas abiertas de América Latina.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Tareas de estado

Fijar límites a la actividad humana es tan complejo como las relaciones sociales mismas, máxime cuando se trate de un régimen democrático en el que las libertades individuales forman parte esencial del entramado político, económico y social. Es claro que las perversiones, la corrupción y las desviaciones del poder solamente pueden ser contrarrestados por sociedades democráticamente maduras, en las que la ciudadanía y la opinión pública son constantemente informadas por quienes ejercen la autoridad en nombre del Estado y del Gobierno.  Caso aparte merecen los llamados poderes fácticos no sujetos formalmente a ningún control ciudadano, si bien constituye su control también representa algo indispensable para la buena marcha de una democracia.  De lo contrario se cae presa de la opacidad. El abuso y uso del poder sin cortapisas tiende siempre a favorecer a quienes lo ejercen y a sus incondicionales.

La ecuación si bien resulta simple, adquiere una enorme dosis de complejidad cuando las autoridades y quienes la ejercen recurren a la famosa pero oscura razón de Estado, o como en tiempos más recientes a la justificación de la seguridad nacional y la de los propios individuos. La aparición y el resurgimiento de ciertos fenómenos como el terrorismo, la delincuencia, el narcotráfico, etc., ha dado pie a mayores lagunas y complejidades en la relación de las libertades individuales con la necesidad de sus autoridades de espiar y hasta de controlar a los integrantes de sus sociedades. Sean reales o potenciales las amenazas que postran estos flagelos ciernen sobre las sociedades abiertas y los individuos que las integrane senderos frágiles e inciertos en los cuales transitar y que sin duda a exagerar, han permitido el surgimiento de abusos de nuevo cuño y tipos de hacer política a partir del miedo.

Esta reflexión viene a colación de la reciente decisión de un grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria sobre el caso de Julian Assange, el famoso y controvertido fundador de Wiki Leaks. Este panel de expertos, creado por la resolución 1991/42 de la antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU, se integra por 5 individuos de varias nacionalidades y es presidido por Seong-Phil Hong. Pues bien, con fuerte exposición mediática dada la naturaleza de lo que apunta, este grupo emitió un comunicado el 5 de febrero, en el que señaló que los gobiernos de Reino Unido y Suecia han mantenido detenido arbitrariamente a Assange desde su arresto en diciembre de 2010, como resultado de la acción legal emprendida por las autoridades de ambos países.

Cabe recordar que el perseguido en 2010, fue puesto bajo arresto domiciliario y más tarde en prisión por las autoridades británicas a petición de la justica sueca, a fin de que fuera extraditado para juzgarlo por supuestos delitos sexuales. En 2012, tras perder su apelación de no extradición ante la corte suprema británica, obtuvo refugio en la embajada ecuatoriana en Londres, en donde vive hasta el presente.

Este llamado del panel de expertos ha resultado tanto o más polémico que la propia personalidad del interesado, a quien algunos consideran pionero en la lucha por la transparencia, y que han recibido la noticia como una reivindicación. No obstante, la reacción de altas esferas de los gobiernos en cuestión deja ver que no se tomarán en serio las recomendaciones del grupo de trabajo.  También ha circulado la idea de que dichas recomendaciones no son jurídicamente vinculantes si bien el propio Grupo establece en sus parámetros que sus opiniones si son vinculantes en la medida en que están basadas en el derecho internacional de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en los procedimientos de colaboración entre los Estados y la autoridad conferida al Grupo por el Consejo de Derechos Humanos, entre otros elementos.

Un gran pendiente

Uno de los temas de la agenda bilateral México – Estados Unidos lo constituye la educación como fuente de desarrollo compartido entre ambas naciones. En este sentido, existen grandes retos respecto a la educación binacional; uno de ellos consiste en fortalecer los vínculos entre ambos países promoviendo el intercambio estudiantil, así como la resolución a los tiempos de cruce que enfrenta el migrante que es estudiante. Pero sin duda alguna, el punto central de esta problemática radica en que los alumnos que se trasladan a cualquiera de los dos países para recibir una educación binacional, se enfrentan a un sistema escolar desconocido para él y sus padres, tanto en la parte administrativa como en los contenidos educativos.

Esto nos lleva a reflexionar sobre la educación binacional y su impacto en otras actividades de la agenda bilateral; con educación binacional nos referimos a programas escolares  y contenidos compartidos entre instituciones mexicanas y estadounidenses, que sean capaces de proyectar la zona fronteriza como un todo y no de manera aislada.

Lo anterior impacta directamente en las múltiples conexiones existentes entre las ciudades mexicanas y estadounidenses, que van desde las actividades económicas, políticas, sociales hasta los aspectos culturales. Sin embargo, aún con la cercanía y vinculación que hay, el desconocimiento de una y otra aún es palpable.

Considerando la cantidad de intercambios que se dan en la frontera diariamente, tanto de mexicanos que cruzan para ir a escuelas, trabajo y/o compras a territorio norteamericano, y de los mismos estadounidenses que se trasladan a México por turismo, servicios médicos y/o consumo, esta intensidad de flujos no refleja el mismo grado de conocimiento entre uno y otro, comenzando por el idioma de cada uno.

Una encuesta de IMERK en el estado de Baja California señalo que sólo el 22.8% de sus habitantes mayores de edad hablan inglés. Este indicador es más alto únicamente en algunas ciudades como Tijuana o Mexicali, pero el resto de ciudades fronterizas reflejan poco dominio del inglés.

El problema es que esta falta de conocimiento puede afectar en la relación bilateral y transfronteriza. Al trabajar en proyectos para impulsar la región la falta de entendimiento genera atrasos y problemas de organización.

Si en cambio se impulsara la creación de instituciones binacionales de educación, que trabajaran con los estudiantes de cada lado de la frontera con base a contenidos compartidos, que fueran desarrollados a partir de las necesidades específicas de la región, partiendo de la enseñanza del idioma inglés y español respectivamente, así como de materias y conocimientos que les dieran un panorama de las necesidades y objetivos de una región compartida, entonces los proyectos transfronterizos serían una realidad gracias a una educación integral e incluyente.

No vivimos en el viejo oeste

México está muy distante del “viejo oeste” y, por ello, sus ciudadanos no pueden ir armados por las calles.

La anterior conclusión resulta de conocer la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia  de confirmar la constitucionalidad del artículo 26, fracción I, inciso F, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, donde se establece que para obtener un permiso de portación de armas se debe justificar esa necesidad conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con la ponencia del ministro José Ramón Cossío Díaz, se rechazó una solicitud de amparo de un particular inconforme porque no se le concedió la licencia para portación de armas. De esta manera, los ministros de la Primera Sala confirmaron que para obtener esa autorización se debe acreditar ante la Sedena la necesidad de portar armas, ya sea por naturaleza de la ocupación o empleo, las circunstancias especiales del lugar en que se viva o cualquier otro motivo justificado.

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