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Inadmisible

Erick Zúñiga Opinión-color

El 2 de octubre de 1968 ha sido considerado casi de manera unánime por la comunidad intelectual mexicana como el punto de inflexión que marca el inicio del tortuoso, lento y todavía inacabado proceso de transición a la democracia. El artero asesinato de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco representa una de las peores expresiones del Estado autoritario, sin dejar de lado el llamado “Jueves de Corpus” de 1971.

Todavía no está claro qué es lo que ocurrió en Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, día en que fueron literalmente secuestrados 43 estudiantes de la Escuela Normal de esa localidad, y quienes a la fecha continúan en calidad de “desaparecidos”.

Establecer un parangón entre lo ocurrido en Tlatelolco hace 46 años y lo que ha pasado ahora en Guerrero es necesario, porque hacerlo conduce necesariamente a centrar la atención en la debilidad institucional de nuestra democracia.

Lo anterior porque de confirmarse la hipótesis respecto de que la persona que ordenó a la policía local entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios para perpetrar su ejecución, se estaría confirmando también que, en sentido estricto, quien los “desapareció” fue el Estado mexicano, a través del eslabón más débil de la cadena institucional que tenemos en el país y que se encuentra sin duda alguna en los municipios en todo el territorio nacional.

Lo más preocupante de esta situación se encuentra en que no se trata de un hecho aislado. Este terrible crimen se junta con lo ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, y con lo que está ocurriendo todos los días en todo el país: hace apenas unas semanas fue “levantado” y ejecutado un Diputado Federal; y en los últimos años han sido asesinados decenas de presidentes municipales.

Respecto de lo ocurrido en Guerrero se conjugan otros factores: la presencia activa de la guerrilla, la cual le ha declarado ahora también la guerra al grupo delincuencial Guerreros Unidos; y por si fuera poco, la indignación está llevando a que en numerosas universidades públicas del país se estén gestando movimientos de protesta que podrían resultar explosivos y derivar, preocupantemente, en nuevos actos de represión de parte de desquiciados con poder en los ámbitos locales.

Ante una compleja realidad, en la que la agenda-país se ha enrojecido una vez más, lo necesario es que el Gobierno de la República asuma que estamos ante una emergencia nacional: desempleo masivo, pobreza por todas partes, una desigualdad oprobiosa, muertes en exceso evitables en todo el territorio, violencia desbordada, la justicia está al servicio de los poderosos, hay una reconocida fragilidad institucional, y suma y sigue…

Estamos ante la urgencia de que la clase política actúe a la altura de las circunstancias; y un paso decisivo consistiría en ir más allá de la coyuntura reconociendo que lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa debería asumirse como un punto de inflexión para la democracia mexicana.

La desaparición forzada de cualquier persona es un acto vil, infame. Y cuando esto se conjuga con el hecho de que se trata de estudiantes, en un país marcado por el rezago educativo y la pobreza, lo que se revela son las infinitas fisuras de un Estado que, de no actuar rápido y con nobleza, puede resquebrajarse.

Debemos asumir frente a estos hechos que no bastará con que se lleve a los responsables ante los tribunales y se haga justicia; lo que debería ocurrir, en un “mundo ideal”, sería la apertura de un diálogo nacional, pero uno en serio, respecto de los nuevos pactos que deben construirse para romper con los ciclos de desigualdad, pobreza y violencia en que estamos atrapados.

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