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Impunidad

Opinión-colorErick Zúñiga

Si no fuera por el fondo ideológico que existe en el conflicto derivado de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se podría entender, no justificar, la violencia irracional en que han derivado las demandas de justicia y presentación con vida de los alumnos.

Lo sucedido el pasado fin de semana en Guerrero, donde se atentó contra periodistas locales y elementos de la Policía Federal, confirma, dicen expertos en seguridad, el delirio de destrucción y manipulación que ejercen los grupos cercanos a normalistas y padres de familia, para incendiar el estado y al país.

Una vez más la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) encabeza las prácticas de inestabilidad, como el año pasado con el tema de la reforma educativa. Acciones que en mayo de 2013 obligaron a la  Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a ejecutar cuatro órdenes de aprehensión contra maestros cetegistas, que fueron enviados a penales federales de Nayarit y Veracruz, por los delitos de motín, daños, sedición y terrorismo.

Hoy, las circunstancias son totalmente diferentes. Los vacíos de poder y autoridad han sido tomados por grupos fácticos que, a decir de nuestras fuentes, no desean dar el salto cualitativo en contra de la descomposición social y radicalizan sus posturas para lucrar con ellas, como ha sido en los últimos años entre los gobernantes guerrenses y la disidencia magisterial.

Un pacto de impunidad que favorece al grupo en el poder y a los mercenarios de los movimientos sociales, en detrimento de los habitantes de Guerrero. Se trata, dicen, de provocadores, adoctrinados para generar violencia sin medir los impactos negativos y de autoridades omisas, como el actual gobernador, Rogelio Ortega, que pide aplicar la ley cuando es su responsabilidad garantizar el estado derecho.

Una muestra de la ingobernabilidad es la crisis que afecta a los empresarios y comerciantes del puerto de Acapulco, cuyos ingresos representan el 80 por ciento del Producto Interno Bruto de la entidad y se destina para financiar a 79 de los 81 municipios. Nada o poco se ha hecho para apoyarlos, pese a que generan el 75 por ciento de los empleos estatales, vía el sector turístico y de servicios.

La inacción política y policiaca no puede con los bloqueos que están a la orden del día y se han convertido en el modus vivendi de los grupos inconformes. Por la mañana, los normalistas administran los ingresos de las cuotas voluntarias (50 pesos) de quienes cruzan la caseta de Palo blanco, en ambos sentidos. Por la tarde, toca turno a los integrantes de la CETEG y por la noche a los policías comunitarios.

Pero esto no les satisface, ahora buscan suspender las elecciones de 2015. Partidos y políticos se oponen a esta exigencia. Aseguran que no es la solución al problema de ingobernabilidad que vive Guerrero; advierten que de prosperar la exigencia, será un mal mensaje para la democracia y la paz.

Al respecto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que se trabaja para que en 2015 se celebren las elecciones previstas en el país, incluido Guerrero: “No podemos permitirnos que nuestros problemas descarrilen lo que es la base fundamental de la convivencia democrática, es decir, que los gobernantes sean electos”, dijo.

En efecto, los gobiernos local y federal deben responder a este caos con la ley en la mano, poner orden donde hay desorden. Actuar con mano firme para combatir la corrupción e impunidad política que alientan la violencia. Ahí está el consejo que le dio el mandatario de Uruguay, José Mujica al presidente Peña Nieto: “Sé que está en dificultades, pero las dificultades si no las supera la democracia, no las supera nadie”.

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