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Imperdonable

Opinión-colorErick Zúñiga

Primero, sorpresa, estupor, incredulidad. Luego, vergüenza y pesimismo. Más tarde indignación, reproche y exigencia. Esas son las tres fases que hemos transitado en las horas recientes, desde que se supo que el delincuente más relevante del país se fugó de la cárcel por segunda vez.

Ante la nueva evasión de Joaquín Guzmán Loera, hay numerosas preguntas, pero sobre todo una incómoda e inevitable certeza. La fuga solamente puede explicarse debido a la incompetencia y la corrupción. Hoy no sabemos en qué niveles de la administración pública ni de qué manera se encuentran extendidas tales conductas, pero la imprevisión, el descuido y la improvisación se combinaron con la capacidad de ese narcotraficante para corromper o intimidar a quienes fueron cómplices de su huida.

La propensión de Guzmán para corromper o amedrentar a custodios y funcionarios carcelarios era conocida desde la vez anterior que estuvo preso. Después de permanecer casi dos años en Almoloya fue trasladado a Puente Grande, de donde se fugó el 19 de enero de 2001. Luego se confirmaría que las complicidades que lo beneficiaban en ese penal jalisciense llegaban a todos los niveles. Así, 71 empleados de Puente Grande fueron consignados por complicidad con aquella fuga. Entre ellos estaba el director del penal, Leonardo Beltrán Santana, que permaneció preso nueve. Si hubo alguna previsión del actual gobierno federal para que esa costumbre corruptora no se repitiera en Almoloya, es claro que no funcionó.

También hubo negligencia para vigilar las inmediaciones del penal sabiendo que Guzmán y su grupo tienen especial propensión por la construcción de túneles. Al Chapo, como escribió Héctor de Mauleón en Nexos de agosto de 2010: “La DEA lo consideraba pionero en la construcción de narcotúneles: uno de ellos, de 450 metros de longitud, habilitado con rieles, luz eléctrica y sistema de ventilación, era empleado para introducir drogas en San Diego y sacar dinero en efectivo del país”.

En febrero del año pasado, cuando fue aprehendido en Mazatlán, se informó que había sido muy difícil atrapar a ese delincuente porque se escondía en casas interconectadas con túneles que desembocaban en el drenaje.

Pero esa habilidad para hacer túneles no parece haber suscitado providencias, al menos suficientes, por parte de los responsables del resguardo de criminales como Guzmán. Se conformaron con recluirlo en un penal considerado como de alta seguridad y cuyas especificaciones, como ahora sabemos, no cumplen del todo con ese atributo. No se necesita ser especialista en ingeniería carcelaria para suponer que el piso de un penal en esas condiciones tendría que estar reforzado con una gruesa plancha de concreto. Y que para romperla, se tendría que utilizar equipo pesado y especializado que, además de ser aparatoso, produce un estruendo inocultable.

Por eso es patéticamente anticipatoria la frase del presidente Enrique Peña Nieto cuando, en febrero de 2014, le dijo al periodista León Krauze, de Univisión, que “sería imperdonable” que Guzmán volviera a escapar. Tenía toda la razón el Presidente de la República. Es imperdonable y esa responsabilidad lo involucra a él mismo.

El desprestigio que debido a ese acontecimiento padece hoy el gobierno mexicano es proporcional al rebumbio con el que hace menos de 17 meses proclamaba la captura de El Chapo Guzmán. Con razón, aunque también con exagerados autoelogios, Peña Nieto y otros funcionarios se ufanaron de esa aprehensión. Tener a ese bandido tras las rejas era tan importante para el gobierno, y para el país, que por ello resulta más sorprendente la incuria que ha permitido la nueva evasión.Como se trata de un hecho imperdonable, el presidente Peña está obligado a tomar decisiones drásticas porque la indolencia que propició esa evasión ha sido una amenaza a la seguridad nacional.

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