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Herramienta ciudadana

 

Opinión-colorErick Zúñiga

Durante años la imposición del viejo régimen hizo pensar a los mexicanos que la búsqueda de la ruta democrática sería la solución a todos los males de nuestro país. Considero que en el planteamiento hubo dos fallas sustanciales: la primera, cargarle tal responsabilidad al sistema democrático; la segunda, que el proceso de la transición democrática no fue igualmente acompañado para su implementación.

Lo que ha dejado esta etapa de transición democrática es un desencanto generalizado al sistema, incluso amenazando en el 2012 y 2015 con una posibilidad de regresión hacia el viejo régimen de partido hegemónico. La sociedad se ha desencantado de los partidos políticos en su totalidad, lo cual es amplia responsabilidad de los propios partidos y actores políticos.

Se ha marcado una desvinculación del sistema de partidos en su conjunto de la sociedad, propiciada por la búsqueda de intereses de poder de los grupos políticos. Han pasado por encima de los valores democráticos reduciendo todo el significado de la palabra “democracia” a una jornada electoral llena de dádivas y prebendas en beneficio de un resultado efímero.

Los planes de desarrollo con visión de Estado han sido suplantados por programas con una temporalidad determinada por los ciclos electorales, los cuales están lejos de cumplir una finalidad de desarrollo sino simplemente un posicionamiento de imagen de corto plazo. Todo lo anterior con un catalizador que ha sido la corrupción.

En la actualidad si hay algo que genera la repulsión social hacia el sistema de partidos, es la corrupción. Hemos visto a militantes de todos los partidos cometer actos de corrupción, y lo peor, la gran mayoría con una total impunidad. Lo cual hace preguntarse —con total justificación— ¿son necesarios los partidos? Yo considero que la cuestión radica en volver a valorar a la democracia en su justa dimensión.

Primero, hay que volver a posicionar a la democracia como la poseedora de dar la voz a la ciudadanía en su totalidad, que la democracia es un derecho que se debe ejercer todos los días para la mayor exigencia del cumplimiento de los compromisos que asuman los servidores públicos. Pero eso sólo puede ser punto de partida con base en el conocimiento de la ciudadanía, si una persona no está informada de quiénes son sus representantes será más difícil exigirles cuentas. La cultura democrática, como cualquier otra variable cultural, está determinada por el conocimiento.

Segundo, la decepción de los partidos y actores políticos ha llevado a varios individuos a ir conformando organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar las deficiencias que sistemáticamente se han ido generando. Hoy en día, en México contamos —afortunadamente— con un grupo de organizaciones especializadas en los más diversos temas, es necesario no sólo difundir su existencia, también apoyar los trabajos diversos que realizan. Los ciudadanos también pueden encontrar un cobijo de participación democrática mediante las organizaciones no gubernamentales.

Por último, la presión social hacia los partidos y actores políticos es fundamental, es necesario poner bajo una lupa ciudadana el actuar de los políticos. El apremio de la ciudadanía ayudará a empujar las acciones políticas necesarias, hay muchos actores que por iniciativa no cambiarán su forma de actuar, ya que reciben un beneficio grande con las condiciones establecidas. Si se busca cambiar el sistema instaurado, la fuerza ciudadana es la mejor vía.

Para tener un ejemplo claro, la iniciativa ciudadana anticorrupción, llamada ley 3de3, es la ejemplificación de la especialización de las organizaciones de la sociedad civil en un producto concreto: La Iniciativa de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Lo que se está rompiendo son los paradigmas de funcionamiento de la partidocracia diferenciados del interés común. La democracia es una herramienta ciudadana, siempre y cuando la sepamos usar como sociedad. Cuando la asumamos responsablemente, romperemos con esta partidocracia instaurada.

Águila o Sol

De: Prof. Monjardín

Nuevas herramientas

Hoy tenemos fácil acceso a dispositivos electrónicos que permiten la captura inmediata de material fotográfico y de video. Recientemente se ha incrementado su uso para capturar la comisión de conductas aparentemente ilegales y en los tribunales se discute el valor de esta evidencia y su efectividad para la sanción de los responsables.

En países como Estados Unidos y Gran Bretaña, las fotografías y videos aportados por ciudadanos son pieza clave en investigaciones criminales. Por ejemplo, policías de la ciudad de Chicago fueron sancionados por disparar injustificadamente en contra de un ciudadano afroamericano, lo cual pudo ser demostrado gracias a los videos grabados por testigos de dicha agresión. En México no podemos prescindir de estas herramientas si queremos reducir la impunidad que actualmente nos afecta; por el contrario, debemos incentivar la participación ciudadana para hacer frente a la actividad criminal.

Recientemente, se ha abierto un debate respecto de la pertinencia de grabar la comisión de conductas ilegales y si ello constituye un ataque a la privacidad de las personas grabadas. Si bien es cierto, estamos frente a una situación novedosa en la que se debe construir un balance entre la discrecionalidad de la autoridad y el derecho a la protección de datos personales, es necesario hacer algunas precisiones para que este debate no sea un freno a la denuncia ciudadana y a la aportación de evidencia para la prosecución criminal.

En primer lugar, se ha cuestionado la facultad de la autoridad administrativa para grabar y difundir fotos y videos de personas sorprendidas en la comisión de una conducta presuntamente ilegal (no necesariamente delictiva). La autoridad no puede actuar con total discrecionalidad, pues a diferencia de los ciudadanos, solamente puede hacer lo que la ley expresamente le permite. Por ejemplo, está justificada la grabación que resulta de la operación de cámaras de vigilancia que monitorean las actividades de los gobernados en espacios públicos de diversas ciudades del país. En cambio, la controversia radica en su difusión, la cual requiere de un marco legal construido sobre la base de los derechos de las personas grabadas y de la importancia de esta herramienta para la impartición de justicia.

Como podemos advertir, este debate se refiere exclusivamente a las grabaciones hechas por la autoridad, por lo que no tiene impacto en la legitimidad de grabaciones realizadas por ciudadanos y menos aun cuando éstas capturan la comisión de delitos. De hecho, es importante recordar que el artículo 16 constitucional permite a cualquier ciudadano detener a una persona si la sorprende durante la comisión de un delito, por lo que bajo el principio de quien puede lo más, puede lo menos, podemos concluir que se puede al menos, fotografiar o videograbar el hecho que se está presenciando, si no se cuenta con la capacidad material de detener al posible delincuente. El material así obtenido y presentado en la instancia adecuada puede ser crucial para la investigación de la probable comisión de un delito. Por ello, la grabación que realizan ciudadanos de conductas que pudieran constituir faltas administrativas o delitos, es una actividad de cooperación con la autoridad que no se debe limitar, sino alentar.

Actualmente, parte de la sociedad prefiere publicar y difundir las imágenes y videos que captura en medios electrónicos en lugar de denunciar, como si esto fuera una especie de justicia alternativa y un castigo al infractor. Sin embargo, ello sí puede constituir una afectación a los derechos de la persona grabada e incluso podría llegar a ser causa de reparación de daño moral, si esa persona es declarada inocente a través del juicio correspondiente. Ante esto, debemos tener en cuenta que nuestro deber ciudadano no se cumple con la difusión de imágenes y videos en medios masivos de comunicación, sino mediante la denuncia ante el Ministerio Público.

Absurdo

La agresión a periodistas importantes como Joaquín López Dóriga, Javier Alatorre, Jorge Alfonso Zarza Pineda y Carolina Rocha Menocal, de parte del Instituto Nacional Electoral, es la mejor prueba de la total incapacidad del sistema político nacional. ¿Cómo es posible que una institución tan costosa, donde participan todos los partidos registrados, que supone un esfuerzo notable de una sociedad ávida de principios democráticos, de pronto diga que comentarios diversos, realmente inocuos, agreden a la libertad de expresión, cuando es el INE quien violenta la frágil democracia que hemos conseguido? Por fortuna, el TEPJF, en un acto ocioso pero necesario, exonera a los periodistas señalados, quienes tuvieron que recurrir a sus propias armas para defenderse de la flagrante agresión.

Los comunicadores estuvieron en lo suyo, realizaron puntualmente su trabajo y en algunos casos fue admirable. Cualquier estudiante de Comunicación sabe que los comentarios jamás son inocentes, siempre atrás de ellos está la formación ideológica, cultural, criterio o juicio, del periodista. Así que las opiniones dentro de sus crónicas son personales y suelen diferir de los boletines oficiales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo que intervenir, así como miles o millones de personas cuyas opiniones se dejaron sentir en la vida nacional durante y luego de la visita del Papa. ¿Castigar a periodistas por criticar comentarios sobre la rapiña de los partidos en el santo botín no suena a estupidez del INE?

Mal parados quedaron tales funcionarios que cobran de forma espléndida a cargo de nuestros impuestos. Fueron el hazmerreír de un país cada vez más desencantado de la política. De hoy en adelante, espero, tendrán que ser más cautelosos y probar que trabajan para la sociedad y no para el gobierno y los partidos. Al parecer, no todo está perdido, tres consejeros del INE no avalaron la censura. A unos habría que despedirlos (desconozco cómo opera ese elefante blanco) y a otros premiarlos cuando menos con un aplauso. Fueron ajenos a la imbecilidad que prevalece en la política nacional. Por lo pronto, es de temer que una institución de la magnitud del INE tenga posibilidades de ser un gran inquisidor. Que haya sido frenado, es un buen indicador: los tiempos están sufriendo algunas modificaciones positivas.

80 días y contando

Estamos a 80 días de la jornada electoral de este año. En esa fecha habrá elecciones en 14 entidades federativas; 12 de ellas serán para renovar el Ejecutivo del estado. De ellas, 9 están hoy en manos del PRI y en 5 de ésas (Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz) no se conoce la alternancia en el Ejecutivo local. En las 3 restantes (Oaxaca, Puebla y Sinaloa) gobiernan políticos emanados de alianzas de varias fuerzas políticas.

En otras dos entidades, en las que no está en juego la gubernatura, podemos informar que en Baja California se elegirá sólo a diputados y presidentes municipales y en la Ciudad de México se elegirán sólo diputados a la Asamblea Constituyente. Tratándose de puestos de elección popular en disputa, veremos que en total son 12 gubernaturas, 965 ayuntamientos (aunque en Oaxaca 417 se decidirán por usos y costumbres), 239 diputaciones de mayoría relativa y 209 de representación proporcional o plurinominal.

Eso significa que, en total, se contenderá por 1,425 posiciones, aunque bien podrían ser 1,465 si se cuentan como puestos de elección popular a los 40 diputados a la Asamblea Constituyente que serán designados de manera directa por las cámaras del Congreso de la Unión (14 cada una), por el Presidente de la República y el jefe de gobierno de la CDMX (6 cada uno).

Si por cada uno de esos puestos en disputa se registrara un candidato por partido, que son nueve, estaremos viendo 12,825 aspirantes haciendo campaña, sin contar los candidatos independientes que pudieran rebasar el umbral del registro. Es una elección muy grande, pues 37.2 millones de electores podrán votar (el 45.47% de la lista nominal nacional, con corte al 4 de marzo).

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