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¿Hasta cuándo?

Opinión-colorDe: Prof. Monjardín

Tres líneas bastaron para colapsar la reforma educativa. La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública escribió el epitafio: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.

La más importante de las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en rigor mortis, producto del torpedeo constante del magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que busca seguir con el eficaz negocio de la renta, venta de plazas, bloqueos y plantones.

A estos pseudoprofesores no les interesa la educación. Su permanente presencia en las principales plazas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la ciudad de México, dejando sin clases a millones de alumnos, en estados con elevados grados de analfabetismo, confirma que su verdadera vocación es la negociable y redituable grilla, y no la de formar estudiantes.

No les importa que en México, de acuerdo con datos de la SEP, el rezago educativo afecte a casi 32 millones de personas que no saben leer ni escribir y que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012, concluya que el 55% de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, lo mismo ocurre con el 41% en lectura y el 47% en ciencias, y que a México le tomará más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas y más de 65 años en lectura.

No, educar no está en la agenda política de la CNTE. Lo suyo es el chantaje y la perversa práctica de mezclar la política con lo educativo, desde esa plataforma buscan sepultar a la reforma. Por eso el amago del boicot electoral para el próximo 7 de junio, que a decir de Claudio X. González, “ha obligado al gobierno federal a dar marcha atrás a la evaluación docente y vulnera el estado de derecho”.

El presidente de Mexicanos Primero advirtió que se trata de una fuerte lucha entre el corporativismo, el clientelismo, la corrupción y la transparencia, la meritocracia y la rendición de cuentas a la que aspira la reforma del tercero constitucional.  En efecto, esta decisión también impacta a más de 250 mil maestros, directores y supervisores que se habían inscrito para ser evaluados a mediados de junio en busca de una plaza o un ascenso.

Así las cosas, el inexplicable anuncio de la SEP será materia de litigio y análisis después del 7 de junio. La suspensión indefinida de la evaluación sólo sirvió para estimular la voracidad de la disidencia magisterial, que ya aprendió el camino del chantaje para obtener lo que le dé la gana.

El boicot electoral no se desactivó y ahora existe otro problema, donde los derechos de la mayoría se ven cancelados por la presión de una minoría ejercida a un gobierno que no acaba de entender que negociar no es conceder, y conceder no es entregar la plaza del control estatal y nacional  del proceso educativo.

 Sometidos

La suspensión de la evaluación docente, decretada inconstitucionalmente por la SEP el pasado viernes, beneficia por igual a las dos corrientes del SNTE: a la dirigencia nacional y a la disidencia, agrupada como CNTE.

La medida tiene claros tintes electorales. Por un lado, el gobierno federal intenta desactivar la amenaza de la CNTE de boicotear las elecciones del próximo domingo y, por otro, intenta obtener el apoyo del Panal –partido ligado a la dirigencia oficialista del SNTE— para la segunda mitad del sexenio.

Con esa suspensión unilateral, anunciada en un escueto comunicado de dos líneas el pasado viernes, el gobierno se puso de rodillas ante la CNTE, que con métodos violentos controla el magisterio en cuatro estados de la República, y ante el SNTE, que aún conserva un gran poder político.

La decisión de la SEP viola el artículo 3, fracción IX, de la Constitución, que le concede al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) la facultad de coordinar el Sistema Nacional para la Evaluación Educativa y de “evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior”.

La ilegal suspensión de la evaluación vulnera la autonomía que el Congreso le dio al INEE, lo cual es una falta grave que debe ser sancionada mediante los mecanismos contemplados en el marco jurídico.

De no haber una rectificación, la suspensión afectará –según el INEE— a cerca de 400 mil ciudadanos entre quienes buscaban una promoción como director, subdirector, supervisor o asesor técnico-pedagógico, y quienes aspiraban a ingresar al servicio docente por primera vez.

Por primera vez en décadas, el personal docente tenía la oportunidad de ascender de nivel a través de exámenes de oposición aplicados por un organismo ajeno a la SEP y al SNTE.

Suspender esta evaluación equivale a dejar vigentes los viejos mecanismos de ascenso y escalafón, que dejaban importantes dividendos económicos y políticos a los dirigentes magisteriales, tanto a los oficialistas como a los disidentes.

Las plazas y los ascensos se obtendrán, como ha ocurrido durante muchos años, a través de méritos por asistencia a marchas y plantones, por amiguismo o en el mercado negro de plazas.

La reforma educativa, que en su momento generó muchas simpatías a pesar de su sesgo político, quedará sepultada si el gobierno no da marcha atrás a su absurda e injustificada decisión de suspender la evaluación.

Perder la calidad

Hacer de la política una actividad sin bondad y sin identidad es derruirla, es querer controlarla desde la opacidad, incentivada por el triunfalismo a corto plazo, pero desmotivada por la escasa visión estadista que un país requiere a largo plazo.

Hacer de las elecciones el medidor de las convicciones puede ser un falso termómetro. Dejarnos llevar por la inercia electoral nos impone frases y acciones guiadas por el encono de la competencia propagandística, olvidándonos de la raíz de la mayoría de los problemas: pobreza y violencia.

La pobreza y la violencia no se combaten mediante actitudes de miseria política, tampoco se vence con conductas de resentimiento ciudadano, con violencia o con protestas que carecen de propuesta.

Nos agobiamos por construir electores, pero olvidamos construir ciudadanos y ciudadanas, nos preocupamos por la cobertura universal de todos los servicios, pero en el camino perdemos la calidad y eficiencia de los mismos.

Tres líneas bastaron para colapsar la reforma educativa. La Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública escribió el epitafio: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.

La más importante de las reformas impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en rigor mortis, producto del torpedeo constante del magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que busca seguir con el eficaz negocio de la renta, venta de plazas, bloqueos y plantones.

A estos pseudoprofesores no les interesa la educación. Su permanente presencia en las principales plazas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la ciudad de México, dejando sin clases a millones de alumnos, en estados con elevados grados de analfabetismo, confirma que su verdadera vocación es la negociable y redituable grilla, y no la de formar estudiantes.

No les importa que en México, de acuerdo con datos de la SEP, el rezago educativo afecte a casi 32 millones de personas que no saben leer ni escribir y que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012, concluya que el 55% de los estudiantes mexicanos no alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas, lo mismo ocurre con el 41% en lectura y el 47% en ciencias, y que a México le tomará más de 25 años alcanzar el nivel promedio de los 34 países de la OCDE en matemáticas y más de 65 años en lectura.

No, educar no está en la agenda política de la CNTE. Lo suyo es el chantaje y la perversa práctica de mezclar la política con lo educativo, desde esa plataforma buscan sepultar a la reforma. Por eso el amago del boicot electoral para el próximo 7 de junio, que a decir de Claudio X. González, “ha obligado al gobierno federal a dar marcha atrás a la evaluación docente y vulnera el estado de derecho”.

El presidente de Mexicanos Primero advirtió que se trata de una fuerte lucha entre el corporativismo, el clientelismo, la corrupción y la transparencia, la meritocracia y la rendición de cuentas a la que aspira la reforma del tercero constitucional.  En efecto, esta decisión también impacta a más de 250 mil maestros, directores y supervisores que se habían inscrito para ser evaluados a mediados de junio en busca de una plaza o un ascenso.

Así las cosas, el inexplicable anuncio de la SEP será materia de litigio y análisis después del 7 de junio. La suspensión indefinida de la evaluación sólo sirvió para estimular la voracidad de la disidencia magisterial, que ya aprendió el camino del chantaje para obtener lo que le dé la gana.

El boicot electoral no se desactivó y ahora existe otro problema, donde los derechos de la mayoría se ven cancelados por la presión de una minoría ejercida a un gobierno que no acaba de entender que negociar no es conceder, y conceder no es entregar la plaza del control estatal y nacional  del proceso educativo.

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