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Evidente podredumbre

Opinión-colorErick Zúñiga

Comentábamos la semana pasada que la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa puso en evidencia la punta del iceberg de una entidad federativa en la que el crimen organizado y el poder político en distintos niveles de gobierno se entrecruzaron en imbricada red. Que pocos imaginaban el grado de integración, prácticamente de simbiosis, entre la policía municipal y los sicarios de esa banda criminal.

No hablamos ya de vínculos o puentes entre el crimen organizado y el poder político, sino de la toma del poder político por parte del crimen organizado. Ésta es la principal diferencia que explica por qué la reacción social ante los hechos guerrerenses ha sido más airada y más indignada que ante otros casos de horror, como las fosas de inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas.

Hoy la clase política mexicana entera paga, en su desprestigio, la cercanía de algunos de sus miembros con la delincuencia organizada. Lo más grave del caso es que no lo han querido ver con claridad y esperan que, echándose lodo los unos a los otros, la población siga pasiva y acabe votando por quien, de acuerdo a las toneladas de propaganda electoral que recibirá, acabe percibiendo como “el menos peor”.

El problema sistémico tiene dos alas. Una es la relación de la política con los negocios. La otra, la creciente adicción de los partidos a cantidades estrepitosas de dinero para sus campañas electorales.

La primera parte del problema es, de momento, la más difícil de resolver. Entendemos que el crimen organizado, visto de manera descarnada, es un negocio. Lo que resulta más complicado es entender cómo es que, en distintas partes del país, los políticos han cerrado los ojos ante el hecho evidente de que se trata de un negocio que, al final del día, empeora notablemente la calidad de vida de la población. Un negocio-cáncer, que se multiplica sin control, invade espacios de otros y se disemina por el cuerpo social. A toda ganancia de corto plazo corresponderá un desastre en el mediano. Mientras eso no se vea, será complicado erradicarlo.

La segunda parte ha sido la manera tradicional a través de la cual el crimen ha infiltrado la política. Pensemos en el caso de José Luis Abarca: su carta de presentación en la política fue su capacidad de financiamiento para las campañas electorales. A través de ello, y a pesar de sospechas y antecedentes, se pudo hacer de la candidatura a la presidencia municipal de Iguala y pudo granjearse cercanía con los poderes políticos del PRD y del estado de Guerrero.

Supuestamente, el financiamiento público de los partidos políticos era el mecanismo idóneo para evitar que los financiamientos privados para las campañas condicionaran su accionar. El Estado les dota, como entidades de interés público que son, de los recursos necesarios para sus actividades cotidianas, y también para sus campañas.

Pero resulta que, desde el inicio —tal vez pensando que dando mucho se aseguraba que no habría dinero por fuera— la dieta financiera fue excesiva. De ahí devinieron campañas maratónicas y mastodónticas, y se desarrolló una dependencia de los partidos al mucho dinero. Una dependencia rayana en la drogadicción dura: los partidos se convirtieron en yonquis.

El primer gran dealer de los partidos fueron los medios masivos de comunicación electrónica. Muy pronto se comportaron como tales: de entrada exigían cantidades estratosféricas por sus servicios; después, como era de esperarse, exigieron otros favores. Luego de un rato de plegarse totalmente ante ellos, la clase política decidió modificar la ley para disminuir —no del todo— su dependencia.

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